El máximo órgano judicial de Naciones Unidas refuerza el alcance del Convenio 87 de la OIT, un dictamen que la CGT interpreta como un espaldarazo crucial en su ofensiva legal contra la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, la central obrera confirmó su participación activa en la movilización universitaria prevista para la jornada de mañana.
El reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido recibido como un auténtico tanto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT). No es un detalle menor: el dictamen reafirma con contundencia el derecho a la huelga como una columna vertebral de la libertad sindical, blindándolo bajo el paraguas del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para la central obrera argentina, esta resolución llega en un momento más que oportuno, en medio de la feroz batalla judicial que sostiene contra la administración de Javier Milei a raíz de los alcances –considerados lesivos– de la reciente reforma laboral sancionada por el Congreso.
Los eufóricos pero medidos festejos en el triunvirato sindical no son improvisados. Jorge Sola, uno de los conductores de la CGT, explicó a este diario que el fallo de la CIJ “ratifica que la suspensión de tareas no constituye una dádiva graciosa otorgada por los Estados ni un permiso revocable por las patronales”. Y fue más allá al advertir que, en el escenario doméstico argentino, la norma impulsada por el Ejecutivo “distorsiona de raíz el derecho a paralizar actividades y el principio de libertad gremial”. En consecuencia, el dictamen internacional “alinea la perspectiva jurídica con lo que la comunidad global piensa sobre la materia”, subrayó Sola.
Los letrados que asesoran a la central sindical sostienen que esta determinación de la CIJ –integrada al sistema de justicia de la ONU– debería poseer un eco significativo en la disputa local. El foco de la controversia se concentra, en particular, en uno de los artículos más polémicos de la nueva legislación: aquel que instaura un régimen de prestaciones mínimas obligatorias durante cualquier conflicto colectivo que afecte actividades consideradas esenciales. El problema de fondo, denuncian desde la CGT, es que la reforma expande de manera desmedida la calificación de “esencial” hasta prácticamente abarcar la totalidad de los empleos registrados. Como corolario, se exige garantizar un nivel de cobertura cercano al setenta y cinco por ciento durante una medida de fuerza. Este mecanismo, en los hechos, aniquila la potencia misma de la huelga, vaciándola de contenido estratégico. Y ese punto es apenas una muestra de los casi cien artículos que la central obrera impugna por considerarlos violatorios de la Constitución Nacional.
En paralelo a esta pulseada judicial de alto vuelo, la CGT confirmó que mañana será parte activa de la marcha universitaria. Bajo el lema de defensa de la educación y la universidad pública, el gremio se sumará al reclamo contra el Gobierno, en una muestra explícita de que el arco sindical no limita su lucha al ámbito laboral estricto, sino que la extiende a las políticas de ajuste que afectan a toda la sociedad. La consigna, esta vez, también atraviesa los claustros académicos.
