Un fallo histórico del Tribunal Oral Federal 8 evidenció una red de corrupción judicial liderada por un exjuez, un exfuncionario y operadores de la ex SIDE, quienes manipularon la investigación del crimen del joven militante del Partido Obrero. Las escuchas y los testimonios revelaron el oscuro entramado de poder que durante años protegió a los responsables.
En una sentencia que remeció los cimientos del poder judicial argentino, el Tribunal Oral Federal 8 dejó al desnudo las prácticas mafiosas que anidan en los pasillos de Comodoro Py. El veredicto del juicio por el pago de dádivas destinadas a desviar la pesquisa del homicidio de Mariano Ferreyra exhibió, como un bisturí implacable, la podredumbre de un sistema donde conviven una familia judicial enquistada, estudios jurídicos de renombre, agentes fantasma de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la adulteración de los mecanismos aleatorios que definen qué magistrados intervienen en cada expediente. Los jueces Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer dieron por fehacientemente probada esa mecánica fraudulenta y, en consecuencia, condenaron al extogado Octavio Aráoz de Lamadrid y al exfuncionario judicial Luis Ameghino Escobar.
El sangriento episodio que desencadenó esta madeja de corrupción se remonta al 20 de octubre de 2010. Aquel día, una banda violenta perteneciente a la Unión Ferroviaria (UF), cuya cúpula era comandada por José Pedraza, acabó con la existencia de Mariano Ferreyra, un joven activista del Partido Obrero (PO) que participaba en una protesta de trabajadores en condiciones de precariedad laboral. La entonces fiscal a cargo de la causa, Cristina Caamaño, no tardó en reaccionar: el 8 de noviembre de 2010 solicitó la indagatoria del sindicalista Pedraza. Para ese entonces, el dirigente gremial ya había puesto en marcha sus engranajes subterráneos. Pedraza mantenía comunicación fluida con Juan José Riquelme, un espía de la SIDE que solía presentarse como referente de Carlos Guillermo Suárez Mason, el represor que durante la dictadura cívico-militar comandó el Primer Cuerpo de Ejército. Riquelme, habituado a operar como bisagra de sectores eclesiásticos vinculados a verdugos del terrorismo de Estado —entre ellos el exobispo castrense Antonio Baseotto—, también se dedicaba a convocar a magistrados a los cursos dictados en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
La comunicación de Pedraza era permanente, tanto con el agente Riquelme como con Octavio Aráoz de Lamadrid. Para aquel momento, Aráoz de Lamadrid ya no revestía como juez federal, pues había presentado su renuncia para abocarse al ejercicio privado de la abogacía. Sin embargo, lejos de perder influencia, conservaba una valiosa red de contactos. Había sido un colaborador cercano de Eduardo Riggi, un influyente miembro de la Cámara Federal de Casación Penal. La jugada maestra que ideó Pedraza consistía en lograr que el expediente recayera en la Sala III de Casación, justo donde Riggi ejercía su poder, con la esperanza de obtener fallos favorables que garantizaran la soltura de los procesados o la anulación de sus embargos y procesamientos. Para que el legajo aterrizara en esa sala específica resultaba imprescindible vulnerar el sistema de sorteo, ese mecanismo supuestamente ciego e inalterable que designa a los jueces. Y allí aparecía la pieza clave: Ameghino Escobar, el funcionario a cargo de aquella oficina de sorteos, quien además había trabajado en estrecha colaboración con Riggi y con el propio Aráoz de Lamadrid.
Nada de estos servicios ilegales era gratuito. El 1 de febrero de 2011, Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria, extrajo nada menos que 50.000 dólares de una caja de seguridad y, junto a la abogada Susana Planas, se dirigió al estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid. Momentos después, Riquelme se sumó a la cita. Lo que ocurrió luego fue una irrupción judicial: un allanamiento. En el expediente obran grabaciones telefónicas que describen con lujo de detalles toda la conspiración. Antes de que el Tribunal Oral Federal 8 dictara su veredicto, Aráoz de Lamadrid utilizó su derecho a la última palabra y esgrimió una defensa rocambolesca: aseguró que todo había sido una maniobra urdida por Riquelme —quien, al igual que Pedraza, falleció antes de llegar a debate oral— y que él mismo había sido víctima de una “manipulación psicológica”. Por su parte, Susana Planas, lacónica, se limitó a proclamar su inocencia. En su caso, el tribunal le creyó: fue absuelta, tal como lo había solicitado el ministerio público fiscal encabezado por Marcelo Colombo.
El fallo condenatorio fue contundente. Aráoz de Lamadrid recibió una pena de cinco años de prisión por tráfico de influencias, mientras que Ameghino Escobar fue sentenciado a tres años de ejecución condicional por el mismo delito. En cuanto a Stafforini, el tribunal dio por acreditada la comisión del ilícito de cohecho agravado, pero la acción penal se extinguió por prescripción. Un dato no menor: la causa demoró quince años en llegar a sentencia. Actualmente, Stafforini mantiene —o mantuvo hasta hace poco— vínculos societarios con el actual jefe de la SIDE, Cristian Auguadra.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que actuó como querellante en el proceso, subrayó la trascendencia histórica de lo ocurrido. “El valor del juicio es, entre otras cosas, haber mostrado la trama de funcionamiento de un sector de Comodoro Py —sin pretender abarcarlo todo— y las relaciones entre distintos factores de poder, como la Unión Ferroviaria, agentes de inteligencia —orgánicos e inorgánicos— y sectores judiciales”, explicó en diálogo. Y concluyó: “El proceso permitió ver cómo se fue armando esa red y el tipo de lobby judicial que termina siendo determinante para el avance o el freno de ciertas causas, sobre todo cuando involucran a personas poderosas”.
