El presidente Javier Milei confirmó una disminución de las alícuotas de retención para ambos cereales a partir de junio, una decisión que irá acompañada de un cronograma trienal de reducciones progresivas. La medida busca otorgar previsibilidad al productor en un contexto de fertilizantes y combustibles disparados, aunque tendrá un costo fiscal acotado que expertos consideran manejable.
En una jornada que quedará registrada como un punto de inflexión para la actividad agropecuaria, el mandatario argentino aprovechó la conmemoración del aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para deslizar un anuncio que nadie esperaba con tanta inmediatez. En medio de un año que los especialistas ya califican como potencialmente trascendental para el campo, la administración nacional decidió aplicar una reducción en los derechos de exportación que gravan al trigo y la cebada, llevando las alícuotas desde el 7,5 por ciento hasta un 5,5 por ciento a partir del próximo mes de junio. La noticia cayó como un balde de agua fresca sobre un sector que venía quejándose con creciente intensidad por el deterioro de sus márgenes de rentabilidad.
El momento elegido para esta modificación impositiva no es casual ni mucho menos menor. Los productores se encuentran actualmente inmersos en la delicada fase de definición de siembra, un período en el que cada variable económica incide directamente sobre las decisiones de inversión y asignación de superficie. La previsibilidad, un bien escaso en los últimos tiempos para el hombre de campo, aparece ahora como el principal activo que el Gobierno pretende entregar mediante esta señal. La rebaja impositiva, que desde el oficialismo presentan como un primer paso de un camino más extenso, busca descomprimir la asfixiante presión que ejercen los costos de producción sobre los cultivos de invierno.
El costo que deberá afrontar el Tesoro nacional por esta medida no resulta desdeñable, aunque las primeras estimaciones lo ubican en dimensiones manejables. Según los cálculos realizados por la Bolsa de Comercio de Rosario, el impacto fiscal inmediato ascendería a aproximadamente 29 millones de dólares. Una proyección más abarcativa elaborada por la Fundación Mediterránea eleva esa cifra para el conjunto del año 2027 hasta un rango que oscila entre los 390 y los 690 millones de dólares, lo que en términos del producto bruto interno representa apenas entre el 0,06 y el 0,10 por ciento. Los analistas consultados coinciden en señalar que ese desembolso resulta perfectamente asimilable siempre que se mantenga el rumbo del equilibrio fiscal y parte de la pérdida recaudatoria sea compensada por una mayor actividad económica derivada del estímulo a la producción.
Sin embargo, no todas las miradas sobre el anuncio resultaron elogiosas sin matices. Una de las objeciones más repetidas entre los operadores del mercado de granos tiene que ver con el calendario elegido para la implementación de la rebaja. Fuentes técnicas de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa rosarina precisaron que, de las 19 millones de toneladas de trigo estimadas para el ciclo actual, todavía resta vender en el mercado externo unas 5,3 millones. En el caso de la cebada, el panorama muestra salidas pendientes de 500.000 toneladas correspondientes a la variedad cervecera y otras 200.000 de la variante forrajera. Este universo acotado de exportaciones remanentes limita el alcance inmediato del alivio fiscal, aunque la entidad aclaró que el verdadero valor de la medida se apreciará de cara a la próxima campaña, ya que mejora los márgenes esperados y alienta decisiones de siembra e inversión.
El presidente de la Cámara de Aceiteros, Gustavo Idígoras, no ocultó su satisfacción por lo que calificó como una señal inequívoca del rumbo que pretende seguir la administración Milei. En declaraciones al medio Infobae, el ejecutivo valoró especialmente la publicación de un cronograma explícito que establece las condiciones de los derechos de exportación para todo el trienio 2026-2028, un mecanismo que, a su juicio, disipa cualquier tipo de incertidumbre en el mercado de granos, tanto en lo concerniente a las decisiones de siembra como a las estrategias de comercialización y venta externa. La posibilidad de planificar con tres años de horizonte conocido representa, para Idígoras, un reclamo histórico del sector que finalmente encuentra respuesta oficial.
El análisis financiero de la operación arroja números aún más precisos cuando se toman los precios FOB promedio del semestre junio-noviembre del corriente año. Aplicando esos valores a los saldos exportables remanentes, el costo fiscal desagregado alcanza los 26,2 millones de dólares para el trigo y los 3,3 millones para la cebada. Un ejercicio adicional realizado por los técnicos de la Bolsa rosarina plantea un escenario aún más favorable: si la rebaja impositiva logra incentivar mayores ventas externas y las exportaciones trigueras del ciclo 2025/26 trepan hasta las 20 millones de toneladas, el costo fiscal para ese cereal se reduciría drásticamente hasta quedar en apenas 12,7 millones de dólares.
El contexto en el que irrumpe esta noticia no podría ser más adverso para los planes de siembra. Los insumos esenciales para la producción de granos han experimentado un encarecimiento formidable en los últimos meses, impulsado principalmente por la escalada de los precios de los combustibles y los fertilizantes tras el estallido del conflicto armado en Oriente Medio. La Dirección de Información y Estudios Económicos advirtió que la relación entre el valor de la urea y el precio del trigo alcanzó el nivel más alto jamás registrado en la serie histórica, una señal de alarmante deterioro en las condiciones de rentabilidad del cultivo.
El efecto más inmediato y concreto de la baja de retenciones se refleja en la capacidad de pago que puede convalidar la demanda. Los especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario calcularon que, para el caso del trigo, la medida elevaría la capacidad teórica de pago en un rango que va del 2,2 al 2,3 por ciento según la posición comercial que se analice. Traducido a valores absolutos, esa mejora representa entre 4,8 y 4,9 dólares adicionales por tonelada en el FAS teórico, un respiro significativo para un productor que veía cómo sus costos se devoraban cada vez más porción de sus ingresos potenciales.
Este alivio financiero llega cuando la campaña de siembra ya se ha puesto en marcha. Los datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca indican que hacia el 21 de mayo el trigo llevaba implantado apenas el 3 por ciento del área proyectada, mientras que la cebada mostraba un avance del 6 por ciento. En este último cultivo, la producción se halla fuertemente concentrada en la provincia de Buenos Aires, que absorbe casi el 92 por ciento del total nacional. La distribución geográfica del trigo resulta más diversificada, con el norte argentino y la provincia de Entre Ríos encabezando las labores de implantación, alcanzando una cobertura promedio del 30 por ciento de la superficie prevista.
Las cuentas de los márgenes agrícolas habían mostrado un deterioro alarmante incluso en zonas relativamente privilegiadas por su cercanía a los puertos de comercialización. Un modelo de campo ubicado a 150 kilómetros del puerto de Rosario, tomado como referencia por los especialistas de GEA-BCR, reveló que los fertilizantes y los fletes concentraban conjuntamente el 54 por ciento de los costos totales de producción del trigo a los precios vigentes. Sobre esa estructura de costos, el margen neto para un productor que trabaja en campo propio quedaba reducido a 94 dólares por hectárea, mientras que la misma ecuación aplicada a un campo alquilado arrojaba una pérdida de 103 dólares por cada hectárea sembrada. El costo del flete, además, crece exponencialmente a medida que la producción se aleja de los núcleos de consumo, castigando con especial crudeza a las regiones más alejadas de los puertos.
El mandatario no se limitó a anunciar la rebaja para los cereales invernales, sino que aprovechó la ocasión para adelantar modificaciones de mayor calado que involucran al principal cultivo del país. Milei confirmó que a partir de enero de 2027 se iniciará una reducción gradual y sistemática de las retenciones que gravan a la soja, actualmente fijadas en el 24 por ciento. El ritmo de disminución será mensual y oscilará entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales, con una continuidad asegurada hasta el año 2028 en caso de que la gestión actual logre la reelección. El anuncio generó una recepción favorable en el sector aceitero, que históricamente ha reclamado la eliminación total de estos tributos que distorsionan el precio internacional de la oleaginosa.
No obstante, los propios actores industriales reconocen que un esquema de retenciones descendentes conlleva un riesgo conductual no menor. La lógica económica sugiere que los productores podrían postergar voluntariamente la venta de su soja a la espera de alícuotas cada vez más bajas en los meses sucesivos, un comportamiento que afectaría el ritmo de liquidación de divisas y el flujo de ingresos por exportaciones. Este efecto potencial resulta diametralmente opuesto al fenómeno observado en septiembre de 2025, cuando el Gobierno dispuso un cupo de 7.000 millones de dólares con retenciones cero que se agotó en apenas tres días ante la fiebre vendedora desatada por una ventana fiscal temporal, en un contexto de elevada demanda de dólares previo a los comicios legislativos.
La explicación de por qué el Gobierno demoró tanto tiempo en responder a los pedidos del campo se encuentra en la fragilidad del frente fiscal. Durante los últimos meses, la recaudación tributaria mostró una caída importante en términos reales, mientras la administración mantenía como prioridades absolutas el objetivo de déficit cero y la necesidad de seguir desacelerando el ritmo inflacionario. Cualquier medida que implicara un costo fiscal significativo corría el riesgo de poner en peligro esos objetivos centrales de la política económica.
El contexto externo, por otra parte, ofrece un respaldo de cierta magnitud a la decisión oficial. Según el informe mensual de exportaciones por complejos elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril del corriente año las ventas externas del sector agroindustrial alcanzaron los 16.804 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 16,2 por ciento en comparación con igual período de 2025. Ese incremento se traduce en un ingreso adicional de 2.337 millones de dólares para las arcas nacionales en apenas los primeros cuatro meses del año. Solo durante abril de 2026, el sector registró despachos por valor de 4.542 millones de dólares, superando en 650 millones la cifra obtenida en abril del año anterior.
El mismo estudio ubica a los complejos exportadores de girasol, trigo y carne más cuero vacuno entre los principales aportantes al crecimiento neto de divisas. En términos de dinamismo relativo, los avances porcentuales más destacados correspondieron a los rubros porcino, girasol y legumbres, mientras que los complejos sojero, manisero y avícola mostraron variaciones negativas o un impulso comparativamente menor.
El Gobierno no dejó pasar la oportunidad de vincular su decisión tributaria con los excelentes resultados productivos obtenidos en la campaña agrícola 2025/2026. Los datos oficiales difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X, revelan que los seis cultivos principales del país sumaron una producción conjunta de 163,2 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 21,25 por ciento respecto del ciclo anterior. La soja aportó 49,9 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea, mientras que el maíz alcanzó un volumen de 70 millones de toneladas, la cifra más alta en dos décadas, con un rinde de 72 quintales por hectárea. El trigo, principal beneficiario del reciente anuncio, entregó una cosecha récord de 27,9 millones de toneladas, la máxima en toda la serie estadística nacional. La cebada sumó 5,6 millones de toneladas, el girasol 7,4 millones y el sorgo 2,4 millones de toneladas, completando un panorama productivo que los funcionarios califican como inmejorable para impulsar cambios de esta naturaleza.
