Un mecanismo de distorsión democrática que ya opera en Estados Unidos enciende alarmas sobre su posible réplica en el territorio nacional
Mientras la atención global se concentra en las turbulencias políticas del norte, un fenómeno silencioso pero potencialmente devastador para la integridad de los comienza a ser motivo de preocupación entre especialistas locales. Lo que ocurre hoy en los Estados Unidos no es un fraude clásico de urnas o de conteo de sufragios, sino una metodología inédita que, aunque aún no ha sido documentada en las llanuras australes, podría encontrar terreno fértil si no se adoptan resguardos oportunos.
Se trata de una variedad de adulteración del proceso electoral tan singular como peligrosa, que sin modificar un solo voto logra torcer la voluntad popular mediante una herramienta geométrica: el rediseño repentino de los contornos territoriales que definen cada distrito representativo. Esta práctica, conocida en la jerga politológica como gerrymandering, consiste en trazar nuevamente los límites de las circunscripciones electorales con el propósito explícito de favorecer a un partido, una facción o un grupo de poder, diluyendo la fuerza de las minorías o concentrando adversarios en zonas donde su influencia resulte inocua.
De acuerdo con la documentación recabada para esta redacción —cuyos detalles pueden cotejarse en la cobertura habitual de la actualidad internacional—, el mecanismo se despliega “con la complacencia de un Poder Judicial dócil y moroso, que legitima reconfiguraciones del poder que nunca se confiesan abiertamente”. Esta descripción, aportada por analistas que siguen el caso estadounidense, enciende una luz de alerta en la Argentina, donde el debate sobre la representación política y el diseño de los distritos ha permanecido tradicionalmente relegado.
El ejemplo más reciente y perturbador acaba de dictarse en la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyo bloque de mayoría conservadora anuló a fines de abril pasado el mapa electoral del estado de Luisiana. Una resolución que, a simple vista, perjudica de manera flagrante la representación de las comunidades minoritarias en el Congreso, en especial de la población afroamericana y de origen hispano. La modificación geográfica impuesta por el tribunal podría acarrear alteraciones sustanciales en los futuros escrutinios, modificando el equilibrio de fuerzas sin que medie una sola papeleta adulterada.
Frente a este escenario, los especialistas argentinos consultados advierten que, si bien el gerrymandering no forma parte de la tradición institucional del país, nada impide que eventuales intentos de distorsión comiencen a ensayarse. La ausencia de una ley clara que fije criterios objetivos para la delimitación de los distritos, sumada a la histórica concentración del poder en los ejecutivos provinciales, configura un caldo de cultivo potencial. La pregunta que sobrevuela los despachos políticos y las academias es inevitable: ¿está Argentina realmente a salvo de esta modalidad de manipulación silenciosa, o acaso el riesgo acecha sin que la ciudadanía alcance a percibirlo?
