Impulsados por la desregulación importadora y la apertura de fronteras, enormes depósitos del Conurbano ofrecen electrodomésticos a precios de remate. Detrás de las ofertas irresistibles, sin embargo, fabricantes y especialistas denuncian controles evaporados, certificaciones apócrifas y riesgos concretos para la seguridad de los usuarios.
En un rincón del oeste del Gran Buenos Aires, oculto tras una fachada industrial que no promete nada, Pablo finalmente concretó una obsesión que lo perseguía desde hacía meses. A sus veinticinco años, la freidora de aire dejó de ser un sueño inalcanzable para convertirse en una caja bajo su brazo, conseguida por menos de cien mil pesos. “Buscaba, comparaba, me frustraba. Una similar de marca reconocida valía ciento cincuenta mil, algo completamente imposible”, relata este visitante mientras recorre los pasillos de un galpón atestado de productos importados. Su hallazgo no es un caso aislado, sino el síntoma de un fenómeno que crece al ritmo de la apertura de las fronteras comerciales.
Desde mediados de 2025, impulsadas por la flexibilización arancelaria y la merma de las barreras burocráticas, surgieron decenas de lo que ya muchos bautizan como “catedrales del ahorro”. Se trata de enormes superficies comerciales diseminadas por distintos puntos del Conurbano bonaerense y otros grandes centros urbanos del país, donde mercancías traídas del exterior se ofrecen a valores irrisorios. En un contexto de crisis persistente y salarios golpeados, estos depósitos se erigen como una tabla de salvación económica para los bolsillos más castigados. Pero lo que a simple vista parece una bendición esconde una trama compleja: mientras los cazadores de ofertas festejan, especialistas y empresarios del sector eléctrico encienden todas las señales de alerta ante la falta absoluta de controles y el sistemático quebrantamiento de las exigencias mínimas de seguridad.
La estética de estos lugares no engaña a nadie. Crudeza de galpón mayorista, organización funcional sin ornamentos, estibas que se elevan desde el suelo hasta tocar el techo y torres de cajas registradoras que parecen inalcanzables. Los fines de semana, la convocatoria se vuelve multitudinaria: colas que se extienden por más de una cuadra, personas que aguardan con paciencia para acceder a precios que las grandes cadenas ni siquiera se atreven a soñar. Muchas etiquetas lucen valores en dólares, se abona al cambio del blue del día y quien paga en efectivo obtiene un descuento adicional del diez por ciento.
En esos pasillos confluye de todo y más. Sillas tapizadas para comedores junto a mochilas con rueditas para niños a veinticinco mil pesos. Botellas de acero inoxidable por nueve mil y hasta biciclets por doscientos mil, muy por debajo del promedio del mercado. Pero el verdadero imán que atrae a los cazadores de gangas se encuentra en la sección de artículos eléctricos. Ahí brillan los mini ventiladores de mano por menos de tres mil pesos, auriculares con pretendido perfil gamer a ocho mil quinientos, bufandas con resistencia calefactora por dieciocho mil. También pavas eléctricas a doce mil doscientos ochenta y nueve, planchas a veintidós mil, estufas de cuarzo a diez mil. La oferta parece interminable: planchas para cocina, freidoras de aire, picadores de carne, hornos eléctricos, wafleras. Todo al alcance de una mano extendida y un bolsillo agradecido.
Sin embargo, la contracara de ese paraíso del precio bajo es severa. Desde la Cámara de Fabricantes y Vendedores de Pequeños Electrodomésticos (CAFAVEP) sostienen que resulta imposible ofrecer esos valores cumpliendo la totalidad de los estándares de seguridad exigibles. Y agregan una denuncia de mayor calado: el actual contexto de reducción de aranceles se conjuga con “una subfacturación sistemática que oscila entre el cincuenta y el ochenta y cinco por ciento del valor real de los productos”, una maniobra que, según afirman, cuenta con la aquiescencia de las autoridades aduaneras para tributar todavía menos impuestos. Los empresarios del sector son tajantes: nadie puede importar ventiladores retráctiles o freidoras de aire por cinco dólares, ni cafeteras por dos con setenta, como viene ocurriendo. “Los costos reales mínimos están entre tres y cinco veces por encima de esas cifras”, advierten ante este medio.
La explicación de esta distorsión se encuentra en la decisión gubernamental de flexibilizar y hasta eliminar regulaciones para la entrada de productos eléctricos, todo en nombre de la baja de la inflación vía mayor competencia y caída de precios. Entre mediados de 2024 y 2025, la administración de Javier Milei dictó resoluciones que facilitaron el ingreso de electrodomésticos por partida doble: quitando aranceles por un lado y relajando las medidas de seguridad por el otro. Un especialista que participaba activamente en los antiguos controles explica que el esquema previo exigía certificaciones realizadas en el país, con muestras sometidas a ensayos de laboratorio en el INTI o entes privados homologados. Allí se verificaba, por ejemplo, que un aparato no provocara descargas eléctricas ni propagara incendios. Ese andamiaje se desmoronó.
Hoy, basta con adherir un código QR a la caja del producto, acompañado de una declaración jurada del importador validada por un organismo certificador —sea nacional o extranjero— que garantice el cumplimiento de todas las normas. El gobierno apartó del proceso tanto a la Aduana como a los organismos técnicos nacionales. “El proceso se invirtió: el control pasó a ser posterior. Pero nadie controla después”, alerta el profesional. Para abaratar costos aún más, muchas empresas importan productos que en la declaración jurada dicen ser una cosa, pero en la práctica son otra. Un caso emblemático es el de una parrilla grill de dos mil watts de potencia que se vende en un galpón de Ituzaingó: figura declarada como una simple “tostadora” de apenas ochocientos cincuenta watts.
Guillermo Duodero, ingeniero en electrónica de la firma Peabody, detalla ejemplos aún más grotescos. “Registramos varios casos donde le encajan certificados de productos aprobados a productos que no lo están. A una tostadora le ponen el certificado de un horno eléctrico. Denunciamos el caso de un termo eléctrico de setecientos watts declarado como pava de mil doscientos”, señala. Con el esquema de control posterior, todos los productos ingresan al mercado siendo considerados seguros hasta que se demuestre lo contrario. Pero demostrarlo lleva meses, y para entonces la mercadería ya fue vendida. Dante Choi, dueño de Peabody, relata con desesperación el caso de una heladera que violaba las normas mínimas: “Hicimos la denuncia desde la Cámara, pero pasaron nueve meses hasta que sancionaron a los responsables. Ya habían vendido todas las unidades. Encima apelaron la multa, y vaya a saber cuándo la pagarán”. En dos años, su empresa despidió personal y acordó desvinculaciones, pasando de trescientos cincuenta empleados a poco más de sesenta. Las ventas se derrumbaron entre treinta y cuarenta por ciento. Tanto fue así que Choi mudó gran parte de su operación a Paraguay para abaratar costos, aunque admite que aún así le cuesta competir contra lo que califica como “importaciones desleales”.
La subfacturación y la baja calidad conforman un cóctel letal. Según la CAFAVEP, están entrando electrodomésticos a valores inferiores al costo de la materia prima necesaria para fabricarlos. Duodero cuenta que enviaron un termo eléctrico a un laboratorio privado y le hallaron diez puntos de incumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad: desde fallas en las protecciones contra el calentamiento en seco hasta problemas de estabilidad que hacían que el aparato se volcara con extrema facilidad. Los especialistas coinciden en que la industria china ofrece un abanico muy amplio de calidades: una misma fábrica puede producir cumpliendo estándares exigentes, pero si el comprador pide bajar costos, los proveedores personalizan el producto recortando precisamente en los aspectos vinculados a la seguridad.
Choi recuerda que en 2016 su empresa fabricó desde cero un ventilador de techo retráctil cuyo costo material rondaba los treinta y cinco dólares. El año pasado ese mismo producto comenzó a importarse desde China a quince dólares, y meses después a cinco. “No se puede hacer por menos de veinte si querés cumplir lo mínimo que pide la ley”, sentencia. Su propuesta a la Aduana fue sencilla: que solicitaran el certificado de exportación que las empresas chinas presentan en su país, donde figura el precio real porque deben declararlo para acceder a subsidios estatales. “Se me rieron en la cara”, recuerda con fastidio. “Me dijeron: ‘Nosotros estamos liberalizando’”. Un ejemplo concreto: las pavas eléctricas se consiguen por unos doce mil pesos, cuando en la Argentina rige una medida antidumping que fija un piso de importación de doce dólares con cuarenta y seis centavos por unidad, unos diecisiete mil seiscientos pesos. A menos que se importe para perder dinero deliberadamente, los números no cierran. Y eso sin sumar costos aduaneros, impuestos internos, tarifas y salarios.
Las grandes cadenas comerciales tampoco son completamente ajenas a estas prácticas, aunque suelen exhibir mayor rigurosidad. Roberto Cristiá, dueño de CRIVEL y presidente de la CAFAVEP, relata un episodio revelador: “Somos proveedores de una cadena grande. Les advertí que estaban vendiendo una estufa de cuarzo que no cumplía las condiciones. Me respondieron: ‘Nos quedan cuatrocientas, mejor esperamos y pagamos la multa si nos agarran’. No retiraron la mercadería”. Su propia empresa fabricaba en Rosario y achicó su planta de ciento veinte empleados en 2023 a solo cuarenta y cinco en la actualidad. “Esto es como los años noventa. Hasta entonces los termostatos para calefacción y las planchas los hacíamos acá. Había cuatro o cinco fabricantes nacionales; ahora todo viene de China”, lamenta.
La mayoría de estos casos se concentra en electrodomésticos pequeños, más fáciles de transportar y con costos logísticos menores. Pero la falta de controles también alcanza a los grandes productos. Alejandro Schwartz, dueño de Visuar —fabricante de heladeras y lavarropas de Samsung en Argentina— menciona el caso de una empresa que trajo una heladera “que era una porquería, no estaba preparada para enfriar en zonas tropicales y directamente no funcionaba en el norte del país”. Esa compañía, que fabricaba en Catamarca, anunció a principios de este año el cierre de su planta para importar todos sus productos desde Asia. Schwartz también cita un lavarropas que prometía capacidad de seis kilos pero no llegaba ni a cinco. “Tardaron nueve meses en multarlos, para entonces ya habían vendido todas las unidades. Sin contar que apelan la multa y no la pagan. Y cuando la pagan, igual les queda ganancia”, explica con frustración.
En un contexto de salarios en caída y consumo deprimido, las importaciones económicas se convierten en la única vía de acceso a ciertos bienes para millones de personas. Y con un Estado que se retira de sus funciones de fiscalización, los propios consumidores se ven obligados a ejercer de inspectores técnicos. “Es cuestión de mirar bien”, comenta Silvia, una mujer de unos cuarenta años que empuja su chango por los pasillos de un galpón. “Te das cuenta de que hay cosas muy truchas, entonces hay que tratar de no comprar lo más barato”, reconoce. Aunque asegura que concurre a estos lugares “más que nada para comprar chucherías”, también aprovecha para adquirir electrodomésticos que “de otro modo no podría tener”. Pero más allá de estrategias caseras como “fijarse si la caja aparenta ser muy falsa”, el comprador promedio carece de herramientas para verificar la seguridad de un producto eléctrico. “Es medio complicado que alguien sepa si un plástico es antiflama o si una estufa dispone de un termostato que se corte a determinada temperatura”, lamenta Duodero.
¿Y cuánto tiempo concede el vendedor para probar la mercancía adquirida en estos depósitos? “La garantía es de setenta y dos horas”, responde un empleado ante la consulta de este diario. Aunque en las redes sociales de algunos de estos comercios aseguran que ciertos productos gozan de plazos mayores, la Ley de Defensa al Consumidor establece que la garantía mínima para artículos nuevos debe ser de seis meses. “Los consumidores no pueden evaluar esas cuestiones por sí mismos; se necesita un ensayo de laboratorio. Las declaraciones juradas de los códigos QR son inentendibles y no hay controles reales sobre lo que ingresa al país”, se lamenta un especialista de un organismo nacional.
Pero el deseo de consumo, en tiempos de carestía, suele imponerse a la precaución. “Tenés que estar atento para que no te vengan cosas falladas; el control de calidad lo hace uno mismo”, afirma Rubén, de cuarenta años, sin apartar la vista de los altos estantes mientras camina concentrado en busca de algo que capte su atención. “Tienen buenos precios y hasta ahora no pasó nada grave. ¿Algo de marca? Ya no se puede comprar”, sentencia, mientras su mirada se posa en una cafetera. En esa tensión entre la necesidad urgente de ahorrar y la exposición a riesgos silenciosos, estos galpones crecen sin freno. La fiebre del precio bajo avanza; la pregunta es cuántos accidentes eléctricos o incendios domésticos tardarán en encenderse como la contracara invisible de tanta oferta tentadora.
