Mientras la mayoría de los docentes padecen el ajuste oficial, un legislador de La Libertad Avanza logró acceder a un préstamo hipotecario de 239 mil dólares que, según una denuncia penal, evidencia un enriquecimiento inexplicable y omisiones en su declaración jurada. Su colega Marcela Pagano lo acusa de haber silenciado su participación en un condominio inmobiliario y de haber violado todos los límites bancarios.
En el universo de la administración pública, no todos los trabajadores de la educación sufren por igual las consecuencias del plan motosierra. Existe un puñado de afortunados, entre los que se encuentra el actual diputado libertario Santiago Santurio, cuya existencia experimentó una mutación financiera tan veloz como sospechosa para sus detractores. Antes del 10 de diciembre de 2023, jornada en la que asumió su escaño en la Cámara baja integrando el bloque de La Libertad Avanza, Santurio se ganaba la vida impartiendo clases de Filosofía en la Universidad Austral y lecciones de Catequesis en el colegio Santo Tomás de Aquino, dependiente de la Universidad Católica Argentina. En aquella época pretérita, el ahora legislador era inquilino, conducía un vehículo para la plataforma Uber con el objetivo de llegar a fin de mes y, en sus momentos de ocio, aprovechaba para arengar contra el matrimonio igualitario, el feminismo, la despenalización del aborto y “la casta”, una prédica que, vale aclarar, continúa ejerciendo sin pausa.
El giro copernicano en su destino se materializó con celeridad sorprendente. El Banco Nación le otorgó en julio de 2025 una aprobación para un préstamo hipotecario de proporciones monumentales, equivalente a 239 mil dólares estadounidenses, todo indica que destinado a la adquisición de una vivienda en algún barrio privado enclavado en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Su caso había permanecido relegado a un plano secundario, diluido dentro del escándalo más amplio de los créditos destinados a dirigentes libertarios, pero irrumpió con fuerza en la agenda pública esta semana a raíz de una denuncia penal presentada por su propia colega de bancada —y antiguamente compañera en la misma boleta violeta— Marcela Pagano.
La denuncia de Pagano no es menor. En sus escritos, acusa a Santurio de haber incurrido en los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su declaración jurada. Pero las sospechas se extienden aún más, alcanzando las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, una sombra que también gravita sobre el resto de los funcionarios libertarios que se vieron favorecidos por el “beneficio” exclusivo del Nación, una nómina encabezada por los denominados “Toto” boys Felipe Nuñez y Federico Furiase, donde también bregaron Juan Doe y los propios compañeros de banca de Santurio, como Mariano Campero y Lorena Villaverde.
El meollo del entuerto financiero reside en la absoluta falta de justificación para el desembolso inicial. Según detalla la presentación judicial, el diputado no contaba con activos declarados que pudieran respaldar el pago del veinte por ciento exigido como adelanto para cualquier crédito hipotecario, un monto que en su caso rondaba los 60.000 dólares. Para colmo, su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción revela un patrimonio declarado exiguo: apenas 12 millones de pesos argentinos, desglosados en 4.478.892 pesos depositados en una caja de ahorro, 5 millones en efectivo y otros 4 mil dólares repartidos en dos cuentas, una en una entidad bancaria local y otra en el extranjero.
Pero las irregularidades supuestas no terminan allí. Un análisis más profundo de la operación revela que, aún tomando como referencia su abultado salario actual en el Congreso, la cuota mensual que debe afrontar por el crédito representa el 48,2 por ciento de su ingreso neto, una cifra que supera de manera escandalosa el límite regulatorio del veinticinco por ciento fijado por las normativas del propio banco oficial. La situación se torna aún más delicada si se considera que Santurio es padre de cuatro hijos menores de seis años, una carga familiar que erosiona aún más su margen financiero mensual una vez descontada la cuota. En términos prácticos, esta ecuación lo convertiría en casi un diputado en situación de pobreza. A todo esto se suma un plazo de cancelación de treinta años, cuando su mandato como legislador expira en menos de tres ejercicios, careciendo por tanto de la estabilidad laboral formal que cualquier banco serio exige para comprometer un crédito de semejante envergadura.
La esposa del legislador, María Celina Aguilar Bugeau, ni siquiera figura inscripta en el sistema de recursos fiscales de ARCA, lo que implica que tampoco podría oficiar como respaldo financiero del préstamo. Ella se dedica a dar clases de pintura, comercializar sus cuadros (actividad que la llevó incluso a exportar sus obras a Alemania), dictar talleres de cerámica y organizar eventos vinculados al arte. Cualquier paralelismo con el resonante caso del vocero presidencial Manuel Adorni resulta inevitable y elocuente.
La contundencia de la denuncia se expresa en sus propios términos textuales. “En menos de dos años de mandato, (Santurio) pasó de ser un docente que manejaba un Uber y residía como inquilino en barrios de clase media trabajadora, a convertirse en propietario de un inmueble situado en un barrio cerrado valuado en aproximadamente 300 mil dólares, con una superficie suficiente para albergar un quincho y organizar eventos sociales de considerable envergadura, presumiblemente dotado de las instalaciones complementarias propias del segmento residencial alto”. El texto de la acusación subraya además una correlación temporal imposible de ignorar: “El salto patrimonial de inquilino docente complementando ingresos con Uber, a propietario en barrio cerrado de zona acomodada se concreta en exacta correlación temporal con el ejercicio del cargo de Diputado de la Nación y el otorgamiento del crédito hipotecario UVA del Banco de la Nación Argentina por 239 mil dólares en julio de 2025”.
Ese asombroso salto patrimonial aparece registrado de manera taxativa en el registro de deudores del Banco Central. En el sitio “cuantodeben” —la plataforma que destapó la olla podrida del escándalo de los créditos selectivos— resalta con crudeza el contraste estadístico: hasta junio de 2025, Santurio arrastraba deudas, presumiblemente provenientes de tarjetas de crédito, por casi 7 millones de pesos; a partir de la concesión del préstamo hipotecario, el salto fue abrupto hasta ubicarse por encima de los 303 millones de pesos.
Hasta el momento presente, la causa principal vinculada al escándalo de los créditos no ha experimentado mayores progresos judiciales. El último movimiento de relevancia fue la unificación de todas las denuncias en un único expediente, puesto bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti, una decisión adoptada por la Cámara Federal porteña.
¿Y ese condominio fantasma?
Paralelamente a la cuestión del crédito, Pagano solicitó a la justicia que investigue una omisión flagrante en las declaraciones juradas del diputado, a quien acusa de haber ocultado durante tres presentaciones consecutivas su participación en el «Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros», una estructura societaria con fines inmobiliarios que posee su propio CUIT, se encuentra activa desde el año 2013 y jamás fue declarada ante las autoridades. La denuncia enfatiza que “la omisión es total, persistente y abarca la totalidad del período declarado y los doce años previos al inicio del mandato”.
Este tipo de figuras legales, los condominios, suelen concebirse como sociedades integradas al menos por tres personas. La pregunta que ahora flota en el ambiente judicial es inevitable: ¿habrá que buscar a los socios ocultos de Santurio entre sus camaradas negacionistas y defensores de posturas antiderechos del Frente Joven? Mientras tanto, el diputado que una vez arengó contra la casta desde el asiento de un Uber disfruta hoy de un horizonte inmobiliario que sus propios principios parecían condenar.
