A veinte días de bloqueos que asfixian al altiplano, la capital política boliviana amaneció blindada por una marea humana que desafía al gobierno. Mientras el presidente anuncia un recorte salarial simbólico y ofrece diálogo condicionado, los sectores indígenas, obreros y evistas redoblan la presión con consignas que retumban en la plaza sitiada.
En una jornada que quedará grabada en la memoria cívica del país, miles de personas colmaron este lunes las arterias de La Paz, sede del poder ejecutivo y legislativo boliviano, para exigir la inmediata dimisión del presidente Rodrigo Paz. La movilización, que convirtió el centro neurálgico de la política nacional en un escenario de confrontación sorda y consignas encendidas, se desarrolló pese a los frustrados intentos oficiales por destrabar una mesa de negociación. El mandatario, ausente de la capital convulsionada, eligió conmemorar en Sucre —la capital constitucional donde reside el órgano judicial— los 217 años del inicio de la gesta libertadora de esa ciudad sureña. Desde allí, en un acto marcado por la solemnidad del aniversario, anunció una drástica reducción de su remuneración y la de todo su gabinete a la mitad, al tiempo que prometió hacer respetar la Carta Magna como escudo frente a la oleada de descontento.
“El pueblo está emputado”: la frase, escupida con rabia entre el estruendo de petardos, se convirtió en el latido de la jornada. Las organizaciones que canalizan la furia ciudadana —entre ellas la poderosa Confederación Sindical de Campesinos Aymaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y las bases leales al expresidente Evo Morales— protagonizaron una nueva avanzada desde la vecina urbe de El Alto hacia el corazón de La Paz, donde confluyeron con columnas llegadas desde el norte y el sur de la ciudad. Todas ellas rodearon las inmediaciones de la plaza Murillo, ese epicentro del poder patrio que desde la semana pasada se encuentra resguardado por un cerco de agentes antidisturbios y policías militares. Los intentos de algunos grupos por forzar el ingreso a la plaza fueron repelidos con abundantes descargas de gas lacrimógeno, en un pulso que dejó una estela de tos, ardor y furia contenida.
Mientras la sangre hervía en el asfalto, el dirigente minero Nelson Álvarez dirigió su invectiva contra el Parlamento, donde se discute un proyecto de ley que, a su juicio, busca eliminar las restricciones legales vigentes desde 2020 para que el gobierno pueda declarar un estado de excepción. Esa figura jurídica le permitiría al Ejecutivo ampliar el despliegue de las fuerzas de seguridad sin mayores cortapisas. “¡El pueblo está emputado, enfurecido!”, corearon entonces decenas de voces, como un eco que se negaba a apagarse.
En otro frente, los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más populosa y motor económico del país, agrupados en el Comité Cívico departamental, convocaron a sus bases a concentrarse este martes para definir acciones contundentes ante la escalada de bloqueos de rutas. El presidente de esa entidad, Stello Cochamanidis, lanzó una alerta sin ambages: denunció que se encuentra en marcha un “golpe de Estado” y exhortó a la población a aprovisionarse de víveres y a defender el sagrado derecho al “libre tránsito” en una zona ya resentida por la paralización del comercio y la distribución.
El cuadro de tensión se extendió también al ámbito logístico. En La Paz, algunos sindicatos de transportistas realizaron cortes callejeros para visibilizar la aguda escasez de combustibles, consecuencia directa de las rutas tomadas. Un grupo de manifestantes, además, impidió el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas mismas del Aeropuerto Internacional de El Alto, el principal terminal aéreo que sirve a la capital. Estos incidentes profundizaron el aislamiento del departamento de La Paz, que lleva veinte días desconectado por tierra del resto del país. En la última semana, los cortes de carreteras se han propagado a otras regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y la propia Santa Cruz, extendiendo el cerco más allá del altiplano.
Ante el desabastecimiento que golpea con crudeza a La Paz y El Alto —las urbes más castigadas por la protesta—, el gobierno instrumentó unos denominados “puentes aéreos” para transportar alimentos hacia ambas ciudades. A esa logística se sumaron donaciones y asistencia técnica ofrecida por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú. En un gesto de peso regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó este lunes el envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras una conversación telefónica con su par boliviano, Rodrigo Paz, en un intento por aliviar la crisis humanitaria que se asoma.
El anuncio de una rebaja del 50 por ciento en los haberes presidenciales y ministeriales, formulado por Paz en Sucre, fue recibido con escepticismo. El mandatario justificó la medida como parte de un esfuerzo y un compromiso con la nación. Sin embargo, el gesto tiene un carácter eminentemente simbólico: el sueldo mensual del jefe de Estado ronda los 24 mil bolivianos (equivalentes a 3.448 dólares), y su reducción no figura siquiera entre las principales exigencias de los manifestantes, que reclaman medidas económicas estructurales, aumentos salariales y responsabilidades por la distribución de diésel de mala calidad que dañó miles de vehículos. Paz volvió a tender un puente dialoguista este lunes, pero con una condición excluyente: descartó sentarse a conversar con aquellos sectores radicales que recurran a la violencia. “Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió el presidente, que junto a sus ministros señala con el dedo al expresidente Evo Morales como el instigador oculto de las protestas. El líder cocalero, lejos de bajar el tono, instó el domingo al gobierno a convocar a nuevas elecciones en un plazo de noventa días.
“¡Que renuncie!” se convirtió en el latigazo rítmico que acompañó la marcha de este lunes, coreado al unísono entre la detonación de cientos de petardos. Las protestas arrancaron a inicios de mayo con una huelga general convocada por la COB —el mayor sindicato del país— y medio centenar de cortes de ruta dispersos por el territorio. La escasez de medicamentos, combustibles y alimentos se hace sentir con particular crudeza en La Paz y El Alto, mientras que en otras ciudades como Oruro, Potosí y Cochabamba el problema se manifiesta con menor intensidad pero no por ello menos preocupante. “Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, denunció Julia Ramírez, una campesina aymara de 57 años que caminó durante horas para alzar su voz. Mientras tanto, el gobierno sostiene que al menos cuatro personas han muerto por urgencias médicas que no lograron ser atendidas debido a los bloqueos; los manifestantes, por su parte, atribuyen un fallecimiento a la represión policial. La verdad de los muertos se suma así a la larga lista de heridas abiertas en un país que, por vigésimo día consecutivo, se mira en el espejo roto de la fractura social.
