Lo que emerge en la potencia norteamericana no es un simple parche proteccionista, sino un modelo económico híbrido que fusiona el poderío financiero del Estado con la dinámica del capital privado. Lejos del neoliberalismo que imperó cuatro décadas, la Casa Blanca utiliza aranceles, inversión pública y geopolítica como herramientas para esculpir un nuevo núcleo industrial, marcando un quiebre histórico que ya está redefiniendo las reglas del comercio global y la rivalidad con China.
En las entrañas del sistema económico mundial se está gestando una mutación de tal magnitud que los cánones del liberalismo clásico, aquellos que durante los últimos cuarenta años dictaron la pauta de la globalización, parecen hoy reliquias de un pasado ingenuo. Lo que se vislumbra en el horizonte norteamericano trasciende la mera aplicación de aranceles o la exaltación patriótica del consumo interno; se trata, en esencia, de la edificación de un novedoso prototipo de acumulación que rompe diametralmente con la ortodoxia neoliberal que predominó desde finales del siglo XX. Este fenómeno, sin embargo, no encaja en la definición vetusta del capitalismo de Estado que caracterizó a las potencias industriales de mediados del siglo pasado, pues el gobierno federal no ha procedido a nacionalizar sectores enteros ni a erigir monstruos burocráticos de producción propia. Tampoco se asemeja al rol de mero espectador o árbitro pasivo que el Estado desempeñaba durante la era dorada del libre comercio, donde la competencia entre corporaciones era el único motor reconocido. La realidad que hoy se impone es la de un Estado intervencionista y beligerante que esgrime todo su arsenal económico (desde barreras arancelarias hasta inyecciones colosales de deuda pública, pasando por la coerción diplomática y el chantaje político) para orquestar y subordinar a los sectores empresariales que considera pilares fundamentales para la prosperidad y la seguridad nacional.
Este giro copernicano no surgió de la nada. Sus primeras señales telúricas se percibieron con crudeza durante el colapso financiero de 2008, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria sumió al orbe en la Gran Recesión. En aquella ocasión, el sistema solo pudo ser reanimado gracias a la transfusión masiva de liquidez por parte de la Reserva Federal, cuyo monto equivalió al 6,5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, lo que entonces fue una excepción se convirtió en regla durante la pandemia de 2020, cuando el nuevo rescate gubernamental a las empresas privadas alcanzó la cifra astronómica del 25% del PIB, según consta en registros del Fondo Monetario Internacional. Quedó entonces demostrado, sin margen para la duda, que los mercados contemporáneos son entes que requieren de la prótesis estatal no solo para prosperar, sino para sobrevivir a sus propias contradicciones.
Posteriormente, la administración norteamericana desplegó su artillería arancelaria con una virulencia inusitada, dirigiendo sus cañonazos no únicamente contra la economía industrial más formidable del planeta, China, sino extendiendo el fuego a prácticamente todas las naciones del globo. Las cifras son elocuentes: para el año en curso, el arancel medio impuesto por Washington ronda el 13%, una cifra que se dispara hasta el 33% en el caso del gigante asiático y alcanza el 15% para la Unión Europea. Este escenario contrasta de manera brutal con la situación de hace dos décadas, cuando los gravámenes no superaban el exiguo 1,4%, según datos del Banco Mundial. Pero lo más perturbador de este neoproteccionismo desmedido no es su cuantía, sino su utilización como instrumento de coacción geopolítica de primer orden. La Casa Blanca ha convertido los aranceles en una suerte de garrote para forzar a países y corporaciones transnacionales a desembolsar inversiones multimillonarias en suelo estadounidense, en aquellas áreas que el gobierno considera vitales para sus intereses estratégicos, a cambio de no ser asfixiados por nuevas cargas impositivas a sus exportaciones.
Esta estrategia de persuasión forzosa ya ha cosechado frutos cuantiosos, aunque de dudosa moralidad económica. Durante el año 2025, la administración de Donald Trump logró asegurar compromisos de inversión que rozan la cifra de nueve billones de dólares, provenientes de potencias como los Emiratos Árabes, Qatar, Japón, Arabia Saudí, Corea del Sur y la propia Unión Europea. A nivel corporativo, el gigante tecnológico Apple se ha plegado a la nueva lógica, comprometiendo una inversión de 600.000 millones de dólares en territorio norteamericano, mientras que Nvidia, la estrella de los semiconductores, ha acordado destinar otros 500.000 millones al desarrollo de chips e inteligencia artificial. Este último sector ha sido particularmente fértil, con un fondo conjunto de OpenAI y Softbank que suma otros 500.000 millones para proyectos en el país.
Si los padres fundadores del liberalismo económico, aquellos que soñaron con mercados autorregulados y la mano invisible, ya deben estar girando en sus sepulcros al presenciar el giro proteccionista, lo que realmente los dejaría petrificados sería constatar que, bajo el sacrosanto altar de la «seguridad nacional», Estados Unidos ha abrazado con fervor la cruzada de las «políticas industriales». Esta nueva fe implica un intervencionismo estatal descarado para apuntalar el desarrollo de las industrias locales, utilizando para ello un arsenal de subvenciones millonarias, créditos blandos, exenciones fiscales y transferencias directas que desafían cualquier manual de economía de mercado. En este contexto, la administración de Joe Biden ya había sentado un precedente monumental con la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que dispone de hasta 500.000 millones de dólares para la reubicación de cadenas de suministro energético en el país. Paralelamente, la Ley Chips aporta 280.000 millones para alcanzar la autosuficiencia tecnológica en la manufactura de microprocesadores, mientras que la Ley de Infraestructura y Empleo moviliza la friolera de 2.2 billones de dólares para obras federales que eleven la competitividad de la industria nacional.
No obstante, la actual gestión de Trump ha llevado esta lógica a un extremo aún más radical. Se ha encomendado al Eximbank, al Departamento de Energía y a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) la misión de invertir en proyectos destinados a contrarrestar la influencia de Pekín en regiones estratégicas, al tiempo que se fortalecen las cadenas de suministro de minerales críticos. La DFC, con una cartera que supera los 40.000 millones de dólares desplegados en más de cincuenta países, con especial énfasis en África y Europa del Este, ya ha destinado fondos a iniciativas de energía, infraestructura y extracción de tierras raras. Para el año 2026, se espera que esta agencia disponga de otros 205.000 millones, lo que ya ha permitido un hito simbólico: por primera vez en décadas, Estados Unidos ha desbancado a China como el principal inversor en el continente africano durante el año 2025. El método predilecto para esta expansión es la adquisición de paquetes accionarios de empresas estratégicas, como la estatal congoleña Gécamines, para el control del cobre y el cobalto, o la brasileña Serra Verde, donde se han invertido 565 millones para extraer tierras raras magnéticas. En Mozambique, el gobierno norteamericano se ha asociado en una planta de procesamiento de grafito, mientras que en Kazajistán, con 900 millones del Eximbank, han tomado el control de una mina de tungsteno. Dentro de sus propias fronteras, la administración ha adquirido participación en la mina de litio Thacker Pass y ha destinado 1.600 millones para apuntalar a la empresa USA Rare Earths, con el objetivo de crear una cadena de valor integral que vaya «desde la mina hasta el imán».
El apoyo estatal, sin embargo, no se limita a la inyección de capital fresco, sino que se extiende a la garantía explícita de retorno y apalancamiento en los mercados. Se fijan precios mínimos de compra y se asegura una valorización favorable en la bolsa, como ocurrió cuando la compra gubernamental del 10% de las acciones de Intel disparó su valor de mercado de 176.000 a 543.000 millones de dólares en apenas unas semanas. Fenómenos similares, aunque en menor escala, se han replicado con empresas como Lithium Americas o MP Materials.
Este dirigismo estatal para orientar y apuntalar a la empresa privada en sectores de rivalidad estructural con China se evidencia con máxima crudeza en los recientes episodios protagonizados por SpaceX y Anthropic. La primera, propiedad del magnate Elon Musk, dedicada a la exploración espacial y la internet global, realizó una espectacular salida a la bolsa de valores el pasado 11 de junio, logrando recaudar 75.000 millones de dólares, a pesar de presentar una facturación modesta de 18.700 millones y registrar pérdidas por 4.900 millones en 2025. Horas antes de este evento, el presidente Trump había anunciado de manera intempestiva el cese de ataques a Irán tras alcanzar un acuerdo, lo que provocó un alza generalizada en los mercados bursátiles que, «casualmente», benefició de manera extraordinaria a la firma de Musk. En el caso de Anthropic, desarrolladora del asistente Claude y modelos de ciberseguridad, la administración ha utilizado el castigo y la devaluación como armas de negociación. Tras negarse a colaborar con el gobierno en proyectos de armas autónomas y vigilancia nacional, la empresa fue excluida temporalmente de cualquier contrato federal, hasta que se llegó a un acuerdo de mutuo beneficio que reabrió las puertas de la cooperación.
Este modelo híbrido que emerge en la potencia norteamericana difiere sustancialmente del capitalismo de Estado de las décadas de 1950 y 1960, donde el gobierno era propietario directo de los sectores estratégicos. Tampoco se asemeja al neoliberalismo, que dejaba al mercado la función de definir las áreas de mayor dinamismo. En el escenario actual, el capital privado sigue siendo el actor económico principal en la acumulación y en la relación con los trabajadores; sin embargo, es el Estado quien, en función de prioridades geopolíticas, establece qué sectores constituirán el eje del nuevo modelo de acumulación. Hemos transitado, pues, de un Estado que fungía como soporte de los mercados a un Estado protagonista, creador y cogestor de los mismos, dispuesto a utilizar todo su poder para esculpir el futuro industrial de la nación.
Si se considera que China, la otra gran potencia mundial, también articula su desarrollo en torno a un Estado planificador de la acumulación, el libre comercio y el equilibrio entre la empresa privada y la pública, resulta evidente que el neoestatismo se perfila como la marca distintiva de esta nueva época económica que, a trompicones y contradicciones, comienza a consolidarse. Para América Latina, no obstante, el panorama adquiere tintes catastróficos en medio de la involución política que atraviesa el subcontinente. Los líderes conservadores que hoy ganan terreno, en una exhibición de insensibilidad histórica hacia sus propias poblaciones, se aferran con desesperación al cadáver putrefacto de un neoliberalismo marginal, una doctrina que solo puede conducir a sus naciones a convertirse en irrelevantes proveedores de materias primas, subordinados a las cadenas globales de valor, sin opción real a la soberanía tecnológica o la industrialización, mientras el mundo avanza hacia un orden donde el poder estatal es el principal artífice del desarrollo.
