Acechado por causas judiciales y fracturas internas, el Gobierno libertario intenta recuperar la iniciativa política en el Congreso. Mientras impulsa la eliminación de la advertencia en alimentos y un proyecto sobre ludopatía que genera sospechas de favorecer a las plataformas de juegos de azar, la oposición alerta sobre un posible «tratamiento relámpago» de las iniciativas.
En medio de un clima político signado por la erosión de la credibilidad oficial producto de repetidos tropiezos judiciales y un creciente ruido interno en las filas del poder, la administración nacional ha decidido pisar el acelerador en el terreno parlamentario. Lejos de poder exhibir realizaciones concretas o planes de infraestructura destinados a la ciudadanía, el Ejecutivo ha volcado sus esfuerzos en inundar las comisiones de Diputados y Senadores con una batería de propuestas que buscan generar la ilusión de gestión, allí donde las obras y las medidas tangibles brillan por su ausencia.
En las últimas horas, el oficialismo remitió a la Cámara de origen popular dos nuevos expedientes de alto voltaje político: el denominado “Súper RIGI” y un texto destinado a reglamentar las actividades de cabildeo o lobby. Pese a los desmentidos de los portavoces gubernamentales, quienes aseguran que dichos instrumentos “no recibirán un tratamiento exprés”, fuentes legislativas consultadas no descartan que se intente forzar su debate en tiempo récord, aprovechando la debilidad numérica de la oposición fragmentada. Paralelamente, en la Cámara alta ya fueron ingresadas otras dos propuestas de alto impacto social: una sobre prevención de la ludopatía y juegos en línea, y otra que persigue la derogación completa de la ley de Alimentación Saludable, conocida popularmente por su sistema de sellos frontales de advertencia en los envases de comestibles.
Con esta ofensiva legislativa de amplio espectro, el espacio libertario intenta demostrar vitalidad en el único ámbito donde todavía puede presumir de ciertos éxitos tácticos, al tiempo que procura enterrar en el arcón de los recuerdos el resonado caso Adorni –un escándalo que salpicó a altos funcionarios– y las rencillas intestinas que, lejos de resolverse, han tomado un protagonismo virulento en las plataformas digitales y los medios afines al poder. El propósito, entonces, es claro: desviar la atención ciudadana de las internas difundidas en redes sociales y recolocar la discusión pública en el terreno legislativo.
El llamado “Súper RIGI”, cuyo nombre completo es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, se presenta como una versión radicalmente ampliada del ya polémico RIGI contenido en la Ley 27.742. Según la letra del proyecto enviado por el Ejecutivo, esta nueva herramienta está concebida para “atraer capitales de envergadura hacia sectores productivos que aún no tienen existencia en el territorio nacional o que se hallan en una etapa meramente experimental”. A diferencia del régimen anterior, más genérico, este se focaliza de manera excluyente en actividades de frontera tecnológica: inteligencia artificial, biotecnología de punta y fabricación de semiconductores. Los críticos advierten que la iniciativa otorgaría exenciones fiscales y aduaneras de larga duración sin contraprestaciones claras en términos de transferencia tecnológica o generación de empleo calificado.
Por otro lado, la iniciativa que busca eliminar la ley de Alimentación Saludable ha encendido todas las alarmas entre organizaciones de consumidores, sociedades científicas y defensores de la salud pública. La norma vigente, que implementa un etiquetado frontal con octógonos negros para alertar sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas y totales, así como calorías, había sido celebrada por organismos internacionales como una herramienta eficaz para combatir la malnutrición y la epidemia de obesidad. Su derogación, impulsada silenciosamente en el Senado, representa un claro guiño a las grandes corporaciones alimenticias que históricamente resistieron la regulación.
En paralelo, el proyecto sobre ludopatía y juegos en línea despertó suspicacias incluso dentro de las propias filas oficialistas. La propuesta, que en apariencia busca proteger a menores y personas vulnerables de la adicción al juego virtual, incluye artículos que, según especialistas, terminarían beneficiando a las licenciatarias privadas de casas de apuestas y plataformas de azar en línea, al reducirles cargas impositivas y exigencias de control. Dirigentes opositores no dudaron en calificar la maniobra como una “regulación a medida” para los grandes operadores del sector, en un contexto donde las apuestas electrónicas se han expandido sin freno entre los jóvenes.
Así, mientras el Poder Ejecutivo multiplica los frentes en el Congreso, la sociedad observa con desconcierto cómo se debate la eliminación de advertencias sanitarias en los alimentos al mismo tiempo que se discute una normativa sobre adicciones conductuales. La estrategia oficial, que combina urgencia legislativa y saturación temática, busca clausurar simbólicamente el capítulo de los escándalos recientes y recolocar al Gobierno en el centro de la escena política, aunque más no sea a costa de promover reformas de alto impacto que, según sus detractores, responden más a intereses corporativos que al bien común. El cronograma parlamentario de las próximas semanas definirá si estas iniciativas logran convertirse en ley antes de que el foco voluble de la opinión pública se pose nuevamente sobre las fracturas internas del poder.
