El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró superada la situación crítica del organismo clave para identificar a los nietos apropiados durante la dictadura, tras un acuerdo presupuestario de 590 millones de pesos. El magistrado subrayó la obligación del Ejecutivo de reparar a las víctimas y destacó el rol pionero de Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por el derecho a la identidad.
La crisis que amenazaba con paralizar las actividades del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), producto del severo estrangulamiento financiero impuesto por la administración de Javier Milei, ha sido finalmente controlada. Así lo oficializó el juez federal Alejo Ramos Padilla en un reciente fallo, apenas doce jornadas después de haber intimado al portavoz Manuel Adorni a asegurar el pleno funcionamiento de la entidad encargada de cotejar muestras biológicas para restituir la identidad de los menores sustraídos durante la última dictadura cívico-militar.
En su resolución emitida este martes, el magistrado no solo celebró la resolución del conflicto, sino que también exaltó la incansable labor de Abuelas de Plaza de Mayo y lanzó una contundente advertencia al Poder Ejecutivo: existe una responsabilidad ineludible de contribuir activamente con la búsqueda de los aproximadamente trescientos nietos que aún permanecen con identidades falsificadas. “La restitución de cada persona apropiada es, en consecuencia, un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos”, enfatizó Ramos Padilla, añadiendo que dicho acto constituye una reparación hacia la sociedad en el camino hacia la verdad y la justicia. “Es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”, subrayó el texto judicial.
Creado en 1987 por un pedido directo de las Abuelas al entonces presidente Raúl Alfonsín, el BNDG nació bajo la convicción de que la ciencia se erigiría como una aliada fundamental para localizar a los pequeños arrebatados por los represores. Durante más de dos décadas funcionó en el Hospital Durand, hasta que en 2009 una modificación legal le otorgó mayor autonomía y una sede propia. En sus archivos se resguardan aproximadamente treinta y dos mil muestras genéticas, pertenecientes en su gran mayoría a familias que aún persiguen el rastro de sus seres queridos o a personas que sospechan haber sido sustraídas al nacer.
Desde la llegada de Milei al poder, el organismo ha sobrevivido a embates constantes: primero, las Abuelas lograron que fuera excluido de la lista de entidades a eliminar por la Ley Bases; luego, el decreto 351/2025 que cercenaba su independencia fue revertido por el Congreso. El último y más brutal ataque llegó por vía presupuestaria. El pasado 8 de mayo, la directora técnica Mariana Herrera Piñero encendió todas las alarmas al comunicar a jueces y fiscales la imposibilidad de continuar extrayendo muestras para los cotejos indispensables. Ante esa situación, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata solicitaron la intervención judicial, mientras que Estela de Carlotto, en representación de Abuelas, presentó una medida ante el juzgado federal de La Plata para resguardar la integridad de los archivos acumulados durante treinta y nueve años.
El 14 de mayo, Ramos Padilla dictó una cautelar interina ordenando al Gobierno garantizar la operatividad del banco genético. Cinco días después, las autoridades del BNDG se reunieron con representantes de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El Ejecutivo ofreció inicialmente una partida de cuatrocientos millones de pesos, calificada como insuficiente por la dirección técnica. Finalmente se acordó un desembolso de quinientos noventa millones de pesos, una suma que, según consignó el juez, “garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año, habiendo cesado la situación de gravedad extrema”.
Ramos Padilla dio por concluida la intervención de su juzgado, aunque dejó abierta la posibilidad de retomarla ante cualquier incumplimiento futuro. En su pronunciamiento, el magistrado trazó un paralelismo histórico con la época de la impunidad, cuando leyes como el Punto Final y la Obediencia Debida blindaban a los perpetradores. “Hoy las condiciones legales están dadas para la persecución penal de todos los delitos, pero los medios para el esclarecimiento de la verdad y la restitución de la identidad corren riesgo de ser desarticulados”, advirtió. Para el juez, el BNDG cumple un doble rol: es una herramienta irreemplazable para conocer la identidad biológica y, a la vez, un instrumento central para el avance de los procesos penales.
El fallo también dedicó un párrafo memorable al aporte de Abuelas de Plaza de Mayo, señalando que la Argentina fue pionera en el reclamo por el derecho a la identidad, un derecho que gracias al trabajo conjunto del Poder Judicial, la ciencia y las propias Abuelas fue reconocido incluso en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. “La sola posibilidad de que el funcionamiento del BNDG se vea afectado significaría un enorme retroceso no solo para la memoria y los derechos humanos a nivel nacional, sino también en el mundo entero”, concluyó Ramos Padilla. Una vez más, el eslogan oficial de “no hay plata” chocó contra la firmeza de un juez que recordó que la búsqueda de los bebés robados es una deuda estatal innegociable.
