La central obrera advirtió que el Gobierno “pretende avanzar sobre derechos” al arrogarse facultades legislativas, en un documento donde rechaza la “sobre reglamentación” de la ley de asociaciones gremiales y alerta sobre medidas ya cuestionadas en la Justicia.
La máxima conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado su “más enérgico rechazo” hacia la reglamentación impulsada por el Poder Ejecutivo en materia de reforma laboral, al tiempo que lanzó una severa advertencia sobre lo que considera un deliberado “intento de atentar directamente contra la libertad sindical”. En un extenso pronunciamiento, la central obrera sostuvo que la administración libertaria “pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías” que constituyen el andamiaje del sistema de relaciones laborales en la Argentina.
Desde la entidad gremial, calificaron como “inadmisible” la decisión gubernamental de poner en vigencia una normativa cuyos puntos medulares se encuentran, en buena medida, bajo cuestionamiento judicial y aún en pleno debate respecto de su constitucionalidad. Lejos de circunscribirse a instrumentar legislación vigente, enfatizó el comunicado cegetista, el Ejecutivo se atribuye competencias que pertenecen de manera excluyente al Congreso de la Nación, con lo cual se vulnera el principio republicano de división de poderes.
Pero la crítica arreció un grado más allá. Según el diagnóstico de la CGT, bajo la apariencia técnica de una reglamentación administrativa se introduce, de manera solapada, una sobre reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. Esta maniobra incorporaría disposiciones que desnaturalizan el espíritu y el alcance de la norma original, alterando aspectos que, por mandato constitucional, solo pueden ser definidos en el recinto legislativo. “No es potestad del Ejecutivo, a través de ningún decreto, sustituir el debate parlamentario ni reformar por vía indirecta normas que garantizan derechos fundamentales”, subrayó la central obrera.
Para la entidad que nuclea a decenas de gremios, las medidas oficiales constituyen “una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales”, afectando principios esenciales que la Constitución Nacional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen como inviolables. En ese sentido, remarcó que la autonomía sindical, la libre organización y el derecho de los trabajadores a darse sus propias formas de representación no pueden quedar sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno.
El documento finaliza con una declaración de principios en defensa irrestricta de los derechos laborales, la negociación colectiva y la autonomía gremial. “Frente a este nuevo atropello institucional”, sentenció la central obrera, “continuaremos luchando, en todas las instancias posibles, para garantizar condiciones de empleo dignas y la libertad del movimiento obrero para organizarse”.
