El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció que el encuentro con el Ministro de Economía solo sirvió para dilatar plazos y que la propuesta oficial no resuelve el atraso estructural. Desde el Municipio insisten en que no reclaman fondos provinciales, sino los recursos propios de la coparticipación.
En las últimas horas, la gestión comunal de Río Grande elevó el tono de su reclamo financiero contra la administración provincial al revelar que la deuda acumulada por falta de envío de recursos coparticipables alcanza ya los 17.000 millones de pesos, una cifra que se agrava con un período de mora que excede los cuarenta días corridos. La denuncia pública, efectuada a través del secretario de Gobierno municipal, Gastón Díaz, expone la creciente tensión entre ambas jurisdicciones y pone en jaque la prestación de servicios locales que dependen de esos fondos.
Díaz fue contundente al señalar que lo que se reclama no es un aporte extraordinario ni una asistencia desde las arcas provinciales, sino la transferencia puntual de los dineros que por ley le pertenecen al municipio. “Estamos reclamando recursos municipales”, subrayó el funcionario, en clara respuesta a las declaraciones del Gobernador acerca de la denominada ‘sábana corta’ de los ingresos provinciales. “Nosotros no estamos pidiendo que el mandatario provincial nos remita parte de sus fondos. Ese es su problema. Nosotros hablamos de lo que es nuestro”, enfatizó Díaz, trazando una línea divisoria que busca desmontar cualquier justificación basada en la escasez global de la provincia.
El origen del malestar se profundizó tras el reciente cónclave mantenido entre el Ministro de Economía provincial y los secretarios de Finanzas de los distintos distritos. Según la mirada del funcionario riograndense, aquel encuentro no hizo más que ganar tiempo para el gobierno central y perderlo para las comunas. Díaz recordó que la convocatoria se produjo apenas veinticuatro horas antes de una sesión legislativa clave donde se iba a tratar la insistencia sobre la llamada “ley de goteo”, un mecanismo que agilizaría la remisión diaria de fondos. “De esa reunión no surgió ninguna propuesta concreta, clara ni cierta sobre cómo se va a reducir el atraso coparticipable”, sentenció.
A pesar de que desde la cartera económica provincial se remitió una nota oficial en la que se detalla el monto a transferir cada viernes, Díaz advirtió que el esquema permanece inalterado respecto del que ya venía aplicándose. “¿Cómo se reduce la deuda si no se agrega ni un solo peso de lo que ya se debe?”, cuestionó el secretario de Gobierno, al tiempo que alertó que la metodología actual sólo permite sostener el mismo nivel de rezago —de treinta y cinco a cuarenta jornadas de atraso— sin avanzar en una solución definitiva. Por eso, según reveló, la secretaria de Finanzas municipal ya comunicó oficialmente que lo planteado por el Ministerio de Economía no se condice con lo conversado en la reunión, lo que evidencia una brecha entre el diálogo político y las acciones concretas.
El malestar municipal se agudizó aún más cuando el Ministro de Economía sostuvo que la implementación de una remisión diaria de fondos (el “goteo”) pondría en riesgo servicios provinciales. Para Díaz, esa afirmación resultó particularmente irritante porque deja al desnudo una decisión deliberada de la administración provincial: cubrir desfases de sus propias prestaciones con los recursos que legítimamente pertenecen a los municipios. “No nos cayó bien”, confesó el secretario de Gobierno, quien insistió en que la comuna no pide un centavo extra de lo que corresponde a la provincia, sino que se respete el flujo normal de los ingresos coparticipables.
En este contexto de creciente confrontación contable y política, el Municipio de Río Grande anticipa que mantendrá firme su postura de exigir el pago actualizado de la deuda, mientras advierte que cada día de dilación profundiza el ahogo financiero local. La falta de una respuesta concreta desde Casa de Gobierno, sumada a la percepción de que los encuentros solo sirven para estirar los plazos, lleva a la administración riograndense a endurecer su estrategia de reclamo, en un pulso que expone las fisuras del esquema de coparticipación provincial y sus consecuencias directas sobre la autonomía económica de los distritos más postergados en la cadena de pagos.
