El enviado del republicano, Luke Lindberg, aterrizó en Buenos Aires para reclamar la rápida implementación de un acuerdo bilateral que, bajo amenaza de condicionar el apoyo norteamericano, impone modificaciones en la ley de Patentes y la liberación de ingresos de productos alimenticios, generando internas en el oficialismo y fuertes tensiones con otros bloques comerciales.
La aparente calma que exhibe el frente cambiario argentino, esa estabilidad que el Gobierno de Javier Milei ha logrado esculpir con esmero durante sus primeros meses de gestión, reposa sobre una única columna vertebral: la asistencia financiera proveniente de Estados Unidos. Ese bloque de sostén que la administración de Donald Trump le brindó al libertario no solo resultó determinante para esquivar una derrota electoral en las recientes legislativas, sino que además funcionó como un dique de contención para evitar sobresaltos en la evolución de los tipos de cambio. Sin embargo, ningún respaldo llega sin factura, y en este caso los emisarios del país del norte ya comenzaron a cobrarla en territorio argentino.
Durante esta semana se hizo presente en Buenos Aires Luke Lindberg, quien en el organigrama formal se desempeña como Subsecretario de Agricultura para Comercio y Asuntos Exteriores de Estados Unidos, aunque en la práctica operó como el encargado de garantizar que el pacto bilateral se concrete sin más demoras. Su agenda estuvo enfocada en cuestiones medulares: la modificación de la legislación sobre patentes y la habilitación irrestricta para el ingreso de productos foráneos sin controles adicionales, incluso si ello implica que Argentina quebrante otros compromisos asumidos en el marco del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur.
Lindberg, cuya trayectoria previa se despliega en el universo de las empresas de salud y la administración de carpetas de clientes bancarios antes de incursionar en la función pública, mantuvo encuentros con la cámara estadounidense AMCHAM, con firmas vinculadas a la Bolsa de Cereales y con la Sociedad Rural. También recorrió los predios del exjugador de polo Martín Barrantes, propietario de Kheiron, una compañía dedicada a la clonación equina que despertó el interés de los norteamericanos. Pero su labor central transcurrió codo a codo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, a quienes les transmitió con claridad las exigencias urgentes de Washington. Esta situación, además, derivó en una fractura interna dentro del Gobierno entre aquellos que impulsan acelerar el entendimiento con Estados Unidos y los que prefieren postergarlo por presiones de ciertos lobbies empresariales locales.
La visita del emisario trumpista luce un nombre rutilante y con ribetes cinematográficos, acorde al estilo republicano: “Trump Mission”. Tras su paso por Argentina, la comitiva continuará hacia Ecuador. “Viene por todo, jaja…”, se rieron este jueves dos destacados hombres del agro después de reunirse con Lindberg durante un almuerzo de inauguración de un restaurante, una apuesta contracíclica en medio de la recesión que generó el ajuste de Milei. El lugar elegido se denomina “La República”, un nombre pretencioso con el que la Sociedad Rural abrió sus puertas en Florida al 470, casi esquina Corrientes, un edificio histórico cuya cocina estará a cargo del exintendente PRO de Quilmes y cocinero, Martiniano Molina.
Ese “viene por todo” que los agroempresarios utilizaron para resumir el discurso de Lindberg alude a requerimientos que muchos califican de extremos y que figuran en el acuerdo bilateral, calificado por analistas como unilateral, firmado en momentos de desesperación oficial para garantizar la llegada de dólares que apuntalan la gobernabilidad. Los detalles de los pedidos del enviado republicano resultan preocupantes y ya generan ecos en distintos sectores.
La primera exigencia que Lindberg planteó a Caputo gira en torno a la Ley de Patentes, un asunto que los legisladores libertarios evitan deliberadamente. La administración Trump, a través de sus operadores locales, insinúa que existe un fuerte lobby de la cámara de laboratorios nacionales CILFA que frena cualquier avance. Históricamente, los laboratorios argentinos solían traer productos del exterior, patentarlos en el país y luego comercializar las licencias. Con las modificaciones requeridas por Washington, ese esquema se vería obstaculizado, beneficiando directamente a las empresas extranjeras, que obtendrían aprobaciones rápidas y directas para sus fármacos, con clara ventaja para las estadounidenses.
El problema se agrava porque Luis Caputo ya había viajado a Washington a garantizar que la reforma del Tratado PTC era un hecho consumado. Sin embargo, el pescado aún no ha sido vendido. En el proceso de redacción de los cambios al PTC, CILFA logró eliminar el artículo 2, aquel que permitía a las firmas internacionales patentar mediante un único examen internacional. Para Estados Unidos aquello representó una derrota política del Gobierno de Milei y motivó acciones paralelas, como el envío de Lindberg para advertirle al Presidente que el margen de demora se ha agotado.
En este terreno, Caputo se enfrenta con Federico Sturzenegger. El ministro desregulador, ansioso por alinearse plenamente con Trump y remover todas las trabas al ingreso de extranjeros, se niega a seguir cediendo. Alejandro Cacace, el dirigente radical que ejecuta las directivas de Sturzenegger en el Parlamento, no pudo impedir que el PRO votara en contra del artículo 2, lo que encendió todas las alarmas en Washington. En el fondo, la disputa entre Caputo y Sturzenegger refleja la lucha por mostrarse como el más fiel a Milei y por quedarse con la futura cartera de Hacienda. Sturzenegger, ultra y poco negociador, no tolera perder y se presenta como más cercano al espíritu del Presidente. Caputo, en cambio, navega en un delicado equilibrio entre saber qué hacer, simular ignorancia o interpretar los vaivenes de la interna oficial.
Otra de las demandas que Lindberg transmitió, según funcionarios del agro consultados, consiste en liberar el ingreso de productos alimenticios con preferencia para Estados Unidos por sobre sus competidores. Durante uno de los encuentros, el emisario de Trump le espetó a Caputo, entre risas pero con inequívoco significado político: “ministro, ¿qué día del mes que viene me entrega el parmesano?”. “Toto” esbozó una sonrisa incómoda, consciente de que no se trataba de una broma. Lindberg presiona para que esa variedad de queso importado, que también se produce a granel en Argentina, tenga prioridad frente a lo que se adquiere en Europa, particularmente desde Italia.
El trasfondo es complejo. En Estados Unidos, el parmesano se ha convertido en un nombre genérico que cualquier productor puede utilizar. El problema surge con el parmesano reggiano, una indicación geográfica protegida que, según el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, solo puede emplearse para los productos originarios de esa región, y el Mercosur debe garantizar el cumplimiento de esa norma. Argentina, bajo el mandato de Milei, actúa en sentido inverso, no solo porque obedece a los designios estadounidenses, sino porque Washington se opone a la legislación europea y somete a sus socios a transgredirla. Lo irregular del acuerdo bilateral que Trump le impuso firmar a Milei —un pacto unilateral que obliga a satisfacer todos los pedidos de Estados Unidos violando otros compromisos— ha llevado a muchos especialistas a señalar que ese entendimiento no solo es ilegal, sino que expone al país a serios riesgos de litigios internacionales.
El funcionario norteamericano también prometió “sanciones a Brasil” por cuestiones comerciales que afecten a Argentina. Las escenas que se desarrollan en las reuniones resultan en ocasiones desordenadas y hasta ficticias, como una que sabe a caramelo de madera para un gobierno que ya recibió los dólares y ahora debe pagar los favores. No obstante, otras exigencias son más concretas y urgentes: Lindberg pidió a Caputo acelerar la liberación del ingreso de carne aviar, menudencias bovinas y genética bovina. Resulta llamativo que la Sociedad Rural, bajo el liderazgo de su presidente y militante mileísta Nicolás Pino, permita que este tema genere malestar en otros frentes sin mayores objeciones.
En el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) la indignación crece, y ya solicitaron al secretario de Agro, Sergio Iraeta, que se respete el principio de reciprocidad comercial, actualmente violado por el acuerdo entre Milei y Trump. Hace más de una década que Estados Unidos evalúa la habilitación del ingreso de carne aviar argentina sin que la historia se resuelva positivamente para el país sudamericano, tal como lo habían advertido los especialistas. El péndulo de la ayuda financiera, una vez más, oscila con su cuota de soberanía en juego.
