Mientras Manuel Adorni anunció que concurrirá al Senado en julio a presentar su informe de gestión, un bloque de diputados opositores solicitó una sesión especial para interpelarlo. Las recientes declaraciones televisivas del funcionario, que contradicen sus propios dichos ante el Parlamento y su declaración jurada, encendieron la mecha política. La vicepresidenta Victoria Villarruel también le exigió formalmente que cumpla con la Constitución.
En las últimas horas, un creciente malestar institucional se apoderó de la agenda política nacional luego de que una facción de la oposición en la Cámara de Diputados reclamara la convocatoria a una sesión extraordinaria con el propósito de debatir una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El pedido surgió tras conocerse presuntas contradicciones entre su reciente declaración jurada de bienes, sus afirmaciones ante el Congreso y comentarios vertidos en apariciones televisivas, donde habría reconocido omisiones patrimoniales que antes había negado rotundamente.
Pese al clima adverso, el ministro coordinador salió al cruce de las críticas y confirmó, a través de su cuenta en la plataforma X, que durante el mes de julio se presentará en la Cámara de Senadores para brindar el informe de gestión del Poder Ejecutivo. “Acabo de comunicar a la mesa política que el mes próximo concurriré al Senado de la Nación a fin de exponer los avances y la marcha del gobierno”, escribió Adorni al término de un cónclave oficialista celebrado en la Casa Rosada. Desde su asunción como jefe de Gabinete, ocurrida en noviembre de 2025, el funcionario únicamente había asistido una vez a dar cuentas ante Diputados, lo que encendió las alarmas en ambas cámaras.
El malestar no se limitó al arco opositor. La vicepresidenta del país y titular del Senado, Victoria Villarruel, avanzó por su cuenta y difundió una nota formal dirigida a Adorni en la que le exige cumplir con el mandato constitucional que obliga al jefe de Gabinete a presentarse al menos una vez por mes ante las cámaras legislativas. “El responsable del Gabinete de Ministros debe quedar a disposición del Congreso para informar sobre la evolución de la administración nacional. Esta responsabilidad no ha sido satisfecha por Adorni desde que asumió en noviembre del año pasado. Por ello, acabo de solicitar de manera fehaciente y formal que se presente este mismo mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, señaló Villarruel. La vicepresidenta también anticipó que convocará a Labor Parlamentaria para el próximo miércoles a fin de debatir este y otros puntos conflictivos, mientras que al día siguiente está prevista una sesión donde podría tratarse el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
En la misma sintonía, el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling, hizo pública una nota dirigida a Villarruel en la que le reclama con urgencia que cite al jefe de Gabinete a dar explicaciones. “Hace casi un año que el Senado no recibe al jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, Adorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios tienen la obligación de responder ante el Congreso y ante la sociedad”, enfatizó Goerling.
En la Cámara baja, la ofensiva opositora tomó forma con una solicitud de sesión para interpelar a Adorni. La nota fue elevada al presidente del cuerpo, Martín Menem, y exige abrir el recinto el martes 23 de junio. Fuentes parlamentarias confirmaron que diversos bloques ya estaban reuniendo firmas para garantizar el quórum necesario. El pedido lleva las rúbricas de un amplio arco de legisladores, entre los que se destacan Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Ariel Rauschenberger, Gabriela Pedrali, Jorge Mukdise, Juan Marino, Itai Hagman, María Graciela Parola, Gabriela Estévez, Marcelo Barbur, Ernesto “Pipi” Alí (Unión por la Patria), Pablo Juliano, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Pablo Farías, María Inés Zigarán (Provincias Unidas), Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Romina Del Plá, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade (Coalición Cívica), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), Jorge Fernández (Primero San Luis) y Marcela Pagano (Coherencia).
Entre los proyectos que podrían tratarse sobresale una resolución que impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete, en los términos del artículo 101 de la Constitución. El texto fue redactado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y cuenta con el respaldo de sus compañeros de bloque Esteban Paulón, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, María Inés Zigarán y Martín Lousteau. En los fundamentos, Juliano sostuvo: “Cuando la confianza pública se encuentra seriamente afectada; cuando las explicaciones oficiales se modifican una y otra vez; cuando el propio funcionario reconoció haber afirmado ante el Congreso que no existía ocultación alguna y días después admitió ante las cámaras que esa ocultación existió y superó los quinientos mil dólares; cuando la justificación de esa omisión consiste en equipararla con prácticas generalizadas de evasión; y cuando el funcionario constitucionalmente encargado de rendir cuentas termina convertido en el centro de interrogantes que él mismo no logra disipar, el Congreso no solamente puede actuar, sino que tiene la obligación de hacerlo”.
A la par, el pedido de sesión incorpora cuatro solicitudes de informes verbales a Adorni, provenientes de distintos espacios políticos: Unión por la Patria, Provincias Unidas junto a la Coalición Cívica, el diputado Paulón en forma individual, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores —este último con una explícita intención de censura—, además de una interpelación impulsada por Marcela Pagano. El escenario parlamentario se tensa cada vez más, mientras el Gobierno intentó anticiparse con el anuncio de la presencia de Adorni en el Senado, aunque las críticas no cesan: para la oposición, las excusas y las contradicciones del funcionario ya no encuentran ningún resguardo legal ni ético.
