El titular de ARCA, Andrés Vázquez, encabeza una extensa lista de miembros del oficialismo que adhirieron a la Ley de Inocencia Fiscal, un esquema que desmantela controles patrimoniales y permite evadir la mira del fisco, mientras el Gobierno celebra una norma que los especialistas califican como un verdadero «tapón fiscal»
Podría haber sido un pensamiento recurrente en la mente del máximo responsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, en aquel instante en que el Congreso de la Nación dio luz verde a la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Aquella norma, empujada con fuerza desde la Casa Rosada, terminó otorgándole un beneficio tangible y concreto: la llave para sumarse al Régimen Simplificado de Ganancias y, de ese modo, eludir una serie de mecanismos de fiscalización patrimonial que, según trasciende, generaban incomodidades en las filas del espacio libertario.
El caso que protagoniza el propio titular del organismo recaudador resulta paradigmático dentro de una constelación mucho más amplia de funcionarios públicos que decidieron acogerse al novedoso esquema tributario. En los peldaños más altos de esa nómina privilegiada se distingue la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por su cónyuge, Bettina Angeletti. Ambos gestionaron su incorporación en pleno desarrollo de denuncias judiciales que los señalan por un presunto enriquecimiento ilícito. La determinación adoptada por el vocero presidencial funcionó como un faro que expuso a otros miembros del arco oficialista: desde el ministro Federico Sturzenegger hasta el exdiputado José Luis Espert, sin olvidar al realizador audiovisual de la propia Casa Rosada, Santiago Oría.
El argumento esgrimido por el Gobierno para impulsar esta transformación en las reglas fiscales sostenía que se fomentaría el ingreso de divisas estadounidenses que permanecían «resguardadas bajo el colchón» de los hogares argentinos. Sin embargo, la medida no logró conmover la aguja del termómetro económico, aunque sí reportó beneficios directos a los integrantes del propio poder Ejecutivo. En términos prácticos, antes de que la ley de Inocencia Fiscal entrara en vigencia en febrero del año pasado, la Agencia de Recaudación no se limitaba a examinar los desembolsos del contribuyente, sino que profundizaba su lupa en la trayectoria patrimonial: la adquisición de inmuebles y automotores constituía apenas una parte del espectro analizado. El fisco comparaba los ingresos declarados por una persona con las operaciones que efectivamente había concretado en el mundo real. Por esa razón, el contribuyente se veía obligado a aportar un caudal considerable de información para respaldar cada uno de sus movimientos financieros.
A partir de la reforma promovida por Javier Milei, se suprimieron aquellos mecanismos de control orientados a detectar inconsistencias en el crecimiento del patrimonio personal y se redirigió la atención hacia los ingresos manifestados formalmente y los gastos que resultan deducibles. Los especialistas en materia impositiva han definido este nuevo escenario como «un auténtico tapón fiscal». Lo que ocurre en los hechos es que el régimen vigente acota sustancialmente la posibilidad de revisar declaraciones correspondientes a períodos anteriores —con el objetivo de eludir potenciales sanciones tributarias— y allana el camino para que dólares que hasta ese momento permanecían al margen del sistema formal se incorporen al circuito legal. El propio Adorni celebró en aquel entonces con entusiasmo la iniciativa, pronosticando que «probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país».
A ese renovado esquema se sumaron docenas de funcionarios vinculados al espacio oficialista, incluido el mencionado Andrés Vázquez. En su situación particular, las controversias vinculadas a su patrimonio no constituyen ninguna novedad. El actual titular de la Agencia de Recaudación arrastra antecedentes significativos por omisiones relevantes en sus declaraciones juradas. Probablemente debido a una supuesta distracción, el funcionario se olvidó de notificar ante la Oficina Anticorrupción la existencia de tres propiedades adquiridas en la ciudad de Miami por un valor cercano a los dos millones de dólares, así como sociedades constituidas en paraísos fiscales como Panamá. A ese extenso prontuario se añaden denuncias sobre presuntas maniobras contables destinadas a disimular movimientos de fondos a través de una firma argentina denominada Consultora San Andrés.
En lo que respecta a Manuel Adorni y Bettina Angeletti, ambos adhirieron al régimen antes de que el vocero presidencial presentara formalmente su declaración jurada. Esta decisión podría resultar beneficiosa desde la óptica tributaria, en la medida que restringe las potenciales sanciones por evasión impositiva, aunque no clausura por completo las investigaciones de naturaleza penal vinculadas al enriquecimiento ilícito o al lavado de activos. Aimé «Meme» Vázquez, quien se desempeña como jefa de asesores del funcionario, también se inscribió en este esquema protector.
En la nómina violeta aparece asimismo la figura de Federico Sturzenegger, quien formalizó su adhesión el pasado 7 de mayo. A pesar del alto cargo que ostenta, el ministro sostiene que se considera «un contribuyente más» dentro del universo de ochenta mil inscriptos, asegura cumplir con la totalidad de los requisitos estipulados por la normativa y afirma que recurrirá al mecanismo únicamente con el propósito de simplificar la presentación del impuesto a las Ganancias. En el punto de mira de analistas y periodistas aparece también Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía. El actual director del BICE es recordado por haber integrado la nómina de beneficiarios de los créditos otorgados por el Banco Nación, y su nombre trascendió públicamente porque recibió un préstamo por la suma de 373 millones de pesos.
El nuevo régimen recibió con los brazos abiertos a José Luis Espert, quien concretó su incorporación el 9 de junio. Cabe recordar que el economista se vio forzado a abandonar su candidatura en el año 2025 y posteriormente a renunciar a su banca como diputado luego de que salieran a la luz sus vínculos con Federico «Fred» Machado, un individuo investigado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. A esta distinguida lista se sumó igualmente el senador oficialista Joaquín Benegas Lynch, quien acompañó con su voto afirmativo la aprobación de la ley en el Congreso.
La nómina de adherentes se extiende mucho más allá de los límites del Gabinete nacional. Durante el mes de abril solicitaron su incorporación tanto el documentalista de la Casa Rosada, Santiago Oría, como el ex CEO de Syngenta, exfuncionario nacional y actual conductor de la TV Pública, Antonio Aracre. La red clientelar alcanza además al círculo más íntimo del asesor presidencial Santiago Caputo: aparece en este contexto Manuel Vidal, identificado como uno de sus colaboradores de mayor confianza.
A la luz de los acontecimientos revelados, resulta difícil sostener otra conclusión que no sea la evidencia de que esta ley fue diseñada a la medida de los propios funcionarios. No resulta casualidad que Juan Pazo, extitular del organismo recaudador y uno de los promotores más activos de esta iniciativa legislativa, figure también entre los beneficiarios del esquema que ayudó a concebir. Hecha la ley, hecha la casta.
