Manuel Adorni intentó justificar un incremento de patrimonio superior a los 918 millones de pesos en apenas dos años, pero su explicación basada en inversiones con bitcoin de 2014 desató una tormenta de sospechas y contradicciones que ahora deberá desentrañar la justicia
En un ejercicio de gimnasia retórica que pretendía descomprimir la creciente presión judicial sobre su persona, el vocero oficial se presentó ante la Oficina Anticorrupción con su declaración jurada de 2025 y tres rectificaciones de períodos anteriores. Lo que se suponía un acto de transparencia terminó convirtiéndose en un laberinto argumental donde las criptomonedas aparecen como el comodín perfecto para justificar lo que muchos ya consideran un enriquecimiento difícil de explicar por otros medios. El propio funcionario había reconocido días atrás en una entrevista televisiva que omitió declarar ahorros por 500.000 dólares, los cuales atribuyó a una inversión inicial en bitcoins de 200.000 dólares realizada hacia 2014, una operación que, según su relato, se multiplicó de manera tan prodigiosa como los panes y los peces de la parábola bíblica.
La línea temporal de este relato, sin embargo, presenta fisuras que los especialistas no tardaron en señalar. Durante su etapa como colaborador de Baby Etchecopar, Adorni solía describir la situación financiera del espacio que habitaba con una frase que el propio conductor radial popularizó: «no tener un mango». Aquella confesión de estrechez económica contrasta violentamente con el escenario actual, donde el funcionario exhibe propiedades de alto valor, remodelaciones suntuosas, indumentaria de primeras marcas y consumos estratosféricos abonados con tarjetas de crédito. La metamorfosis patrimonial resulta tan abrupta como desconcertante, y el gobierno decidió mantener una prudente distancia, ya que ninguna voz oficial salió en respaldo del vocero luego de sus polémicas declaraciones.
El rompecabezas financiero que desconcierta a propios y extraños
El expediente judicial que instruye el fiscal Gerardo Pollicita contiene elementos que ameritan una explicación pormenorizada. Solo durante 2024, los desembolsos del portavoz superaron los 400.000 dólares, cifra a la que deben sumarse los gastos cotidianos y un entramado de deudas por un monto equivalente. Las operaciones matemáticas más elementales acercan el total a un millón de dólares, suma imposible de justificar para un empleado público que inició su gestión percibiendo cerca de 3 millones de pesos mensuales y que hoy ronda los 7 millones, mientras su cónyuge, Bettina Angeletti, hasta hace poco se desempeñaba como monotributista en la categoría más baja del régimen simplificado.
En la declaración jurada que Adorni presentó al asumir sus funciones como vocero durante 2023, consignó bienes, depósitos y efectivo por un total de 25.692.548,99 pesos. Luego de las rectificaciones, ese monto saltó abruptamente a algo más de 478 millones de pesos. El patrimonio neto declarado en 2025 asciende a 627 millones de pesos, resultado de restar 944 millones en bienes menos 317 millones en deudas. Este crecimiento exponencial resulta aún más llamativo cuando se desglosan las adquisiciones inmobiliarias: la vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024 por 156.926.249,75 pesos de la cual declaró el cincuenta por ciento de la propiedad; el departamento con cochera en el porteño barrio de Caballito, de casi 200 metros cuadrados, comprado en noviembre de 2025 por 255.844.500 pesos donde también posee la mitad; más una liquidez cercana a los 209.961 dólares.
El entramado de endeudamiento incluye 317.312.719,68 pesos distribuidos en múltiples créditos hipotecarios y obligaciones con personas físicas, entre las que se mencionan jubiladas y efectivos policiales retirados. Esta estructura financiera suscita dos interrogantes elementales que cualquier persona de razonable sentido común se formularía. Por un lado, si el funcionario disponía de tanto dinero en efectivo, ¿por qué optó por endeudarse con ancianas y agentes retirados de la fuerza de seguridad para financiar sus operaciones inmobiliarias? Por otro lado, ¿qué razón motivó la concreción de esas compras durante su ejercicio como funcionario público y no en la etapa previa, cuando supuestamente desarrollaba sus actividades en el ámbito privado?
La coartada criptográfica y sus grietas temporales
La explicación ofrecida por el jefe de Gabinete remite a la actividad privada del funcionario y, de manera muy especial, a sus inversiones en activos digitales iniciadas más de una década atrás, las cuales habría decidido mantener en la clandestinidad fiscal. «La manera de escaparte de la vieja política era ahorrando en negro, la sabe el noventa por ciento de los argentinos, no se me hubiera ocurrido ahorrar en blanco», argumentó en un intento de normalizar una conducta que, de ser cierta, constituiría una admisión explícita de evasión impositiva. Queda en evidencia que había faltado a la verdad frente al Congreso y también frente a los periodistas a quienes maltrató en una conferencia de prensa cuando aseguró que todo se encontraba debidamente declarado.
Los especialistas en tecnología blockchain y criptomonedas advirtieron que en 2013 Bitcoin representaba una inversión de riesgo extremadamente alto, a la cual solo se entregaban los iniciados más familiarizados con el ecosistema digital. Además, recordaron que durante 2014 la cotización osciló entre 754 y 911 dólares, para caer por debajo de los 400 en diciembre de ese año. Actualmente, cada bitcoin cotiza por encima de los 63.000 dólares. Con una inversión inicial de 200 mil dólares en la época mencionada por Adorni, el rendimiento habría resultado sencillamente colosal.
Sin embargo, comenzaron a circular videos que contradicen la pericia presumiblemente adquirida por el funcionario. En una videoconferencia publicada por Lemon durante 2020, Adorni declaraba que su primera experiencia con las criptomonedas había ocurrido «cinco o seis años atrás», cuando «el bitcoin estaba a 6000 dólares», una cotización que en realidad corresponde al año 2017. «Yo no estaba muy metido en el tema», reconocía entonces, y agregaba que había consultado la cuestión con estudiantes de finanzas públicas. Esta versión parece más verosímil que la del inversor temprano y visionario de 2014.
En otra entrevista grabada en 2022, cuando le preguntaron su opinión sobre bitcoin, respondió: «me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar, me parece que las criptomonedas, a ver, no sé si tomarlo como una inversión, porque tengo metidas en la cabeza las stable coins y no la cripto volátil». En otras palabras, estaba confesando abiertamente su desconfianza hacia bitcoin, esa misma herramienta financiera que hoy presenta como el origen de su fabulosa fortuna.
La maniobra procesal que nadie descarta
Al presentarse en el régimen simplificado de ganancias, acogiéndose a una suerte de inocencia fiscal, y al admitir públicamente que había eludido declarar ahorros vinculados con activos digitales previos a su desembarco en el gobierno, Adorni reconoció implícitamente la comisión de un posible delito: la omisión maliciosa, figura que castiga a quienes falsean u omiten dolosamente información en su declaración jurada en calidad de funcionario público. No sería sorprendente que esta estrategia busque reemplazar la imputación por enriquecimiento ilícito liso y llano, castigado con hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua, por la de omisión maliciosa, cuya pena no contempla encierro efectivo —prevé de quince días a dos años de prisión— aunque igualmente podría apartarlo definitivamente de la función pública en caso de condena.
Cuando muchos analistas esperaban que intentara justificar sus exorbitantes gastos mediante préstamos de conocidos benevolentes, el vocero apareció con el argumento criptográfico. Esta posibilidad ya se vislumbraba en los pasillos de Comodoro Py, donde circulaban versiones sobre movimientos imprecisos en monedas digitales. Aunque resultaba una explicación burda, fue la elegida. La gran incógnita reside en la decisión que adoptará el fiscal con estos elementos y si aceptará una justificación difusa, dado que, según expresaron los especialistas más agudos en la materia a través de las redes sociales, resulta prácticamente imposible comprobar que la billetera virtual supuestamente perteneciente a Adorni y que habría utilizado para sus transacciones con bitcoin sea realmente la que empleó en aquella época lejana.
Durante la entrevista en LN+ donde introdujo este espinoso asunto, Adorni detalló: «Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos 200.000 dólares y ganamos 300.000». Explicó que en agosto de 2017, en una de sus billeteras, adquirió trece bitcoins a 3.356 dólares cada uno, días después un bitcoin por 3.330 dólares, en noviembre siguiente otro bitcoin por 7.234 dólares y cinco meses más tarde comenzó a liquidar posiciones, aunque en cierto momento sufrió pérdidas por la caída del valor.
El elemento de prueba que genera controversia
El programaador Maximiliano Firtman señaló en la plataforma X que incluso las criptomonedas que Adorni incluyó en sus rectificaciones de declaraciones juradas resultan confusas. Pareciera que mezcla bitcoin con dólar cripto y no se comprende qué tipo de billetera posee; Firtman advierte que los montos que informa carecen de sentido lógico. A la entrevista televisiva, el funcionario concurrió con un papel denominado Paper Wallet de Bitcoin, un elemento típico de otra época —aproximadamente 2013 a 2016— que pretendía acreditar su operatoria con criptomonedas.
El ingeniero Fernando Molina sugirió una posibilidad inquietante: dado que la llamada blockchain es de naturaleza pública, cualquier persona podría adjudicarse una billetera, afirmar que le pertenece porque los movimientos coinciden con los que realizó, y luego alegar extravío de la clave o del soporte papel. El exministro Martín Lousteau agregó otra hipótesis no descartable: que el funcionario hubiera adquirido una clave, o que alguien se la hubiera prestado para construir esta defensa.
Lo que resulta evidente es que esta construcción argumental tendrá ahora su recorrido en los estrados judiciales, donde los plazos serán otros. Habrá que aguardar para saber si las novedades procesales llegan antes de la conclusión del mundial de fútbol, mientras tanto, la ciudadanía observa con expectación cómo un funcionario que debía explicar lo inexplicable optó por una salida tan creativa como frágil, dejando más preguntas que respuestas y un rastro de contradicciones que los investigadores deberán desentrañar en los próximos meses.
