El jefe de Gabinete intentó dilatar la controversia patrimonial hasta la cita ecuménica del fútbol, pero la oposición aceleró una sesión de censura en Diputados mientras Villarruel y el PRO exigen explicaciones urgentes en el Senado. La supervivencia del funcionario quedó en manos del tablero que comanda Mauricio Macri.
En una maniobra concebida para que el estruendo mediático quedara sepultado por la algarabía del torneo internacional más convocante del planeta, Manuel Adorni demoró la presentación de su declaración jurada hasta el umbral del certamen mundial. Sin embargo, pese al minucioso armado de la estrategia comunicacional, el acontecimiento deportivo de mayor envergadura global no consiguió desviar la mirada inquisitiva que hoy pesa sobre el flamante jefe de Gabinete. En el transcurso de pocas horas, las fuerzas opositoras con representación en la Cámara de Diputados sellaron acuerdos para impulsar una convocatoria extraordinaria fijada para el martes 23 de junio, jornada en la que se someterán a debate solicitudes de informes verbales, un pedido de interpelación y una moción de censura, herramienta constitucional que posibilita la remoción del alto funcionario. En un frente paralelo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el PRO intensifican sus presiones para que Adorni brinde explicaciones ante el Senado antes de que concluya el mes en curso. El destino del responsable del Gabinete de Ministros nunca antes había dependido con tanta crudeza de las decisiones que adopte el partido liderado por Mauricio Macri.
“He satisfecho mis obligaciones establecidas en la Ley de Ética Pública y he adjuntado la totalidad de las declaraciones juradas que exige el ordenamiento jurídico. En el segmento accesible al público figuran pormenorizados todos los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales jamás existió ocultamiento alguno”, afirmó Manuel Adorni el pasado 29 de abril, cuando concurrió al Congreso a exponer su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei. Aquella presentación, que quebrantó toda costumbre institucional, colocó al mandatario en una situación incómoda: o el jefe de Gabinete engaña al Presidente, o Milei resulta cómplice de las contradicciones y las fisuras patrimoniales de su antiguo vocero. “Adorni les mintió descaradamente a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales”, sentenciaron desde el bloque peronista en la cámara baja.
Durante la tarde del miércoles, las distintas bancadas que componen el arco opositor de Diputados intercambiaron mensajes y negociaron a contrarreloj para confluir en una petición de sesión especial proyectada para el próximo 23 de junio. La solicitud reúne las rúbricas del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas e incluso la diputada exlibertaria Marcela Pagano. También adhieren los radicales alineados con Martín Lousteau y los legisladores que responden a los gobernadores de Jujuy y Córdoba. “Es imperioso trabajar para alcanzar el quórum. La convocatoria a la sesión cuenta con una base sólida, pero aún resulta insuficiente. La presión mediática y social irá en aumento. Hasta el PRO se atreve a formular críticas. Habrá que observar si esas críticas se limitan a las redes sociales o si, por el contrario, cumplen con el deber constitucional que nos asiste y con el mandato popular que recibimos en las urnas”, declaró a Página/12 la diputada Cecilia Moreau.
Efectivamente, desde el partido que conduce Mauricio Macri manifestaron en un comunicado difundido en la red social X: “Un funcionario no puede afirmar ante los argentinos y ante el Congreso Nacional que jamás ocultó nada, para luego admitir que sí lo hizo. Esa conducta no admite justificación alguna”. Aún resta esclarecer si ese pronunciamiento partidario tendrá su correlato concreto en el recinto legislativo o si se trata de una nueva maniobra del exmandatario Mauricio Macri que luego será desmentida por sus propios legisladores y gobernadores. Desde la bancada amarilla aseguraron a este diario que “todavía no se ha adoptado ninguna resolución definitiva”. Como medida precautoria, el diputado socialista Esteban Paulón respondió al comunicado y exigió que el PRO acompañe los emplazamientos parlamentarios.
La sesión convocada para el 23 representará el kilómetro cero de un extenso derrotero que podría desembocar en la remoción del jefe de Gabinete. Las iniciativas que se someterán a tratamiento ese día —pedidos de informes, interpelación y moción de censura— carecen de dictamen de comisión y, por lo tanto, para ser aprobadas sobre tablas requieren una mayoría calificada de dos tercios. La oposición recurrirá así a la misma estrategia parlamentaria que desplegó durante todo el año 2025: convocar a sesión especial, reunir quórum y emplazar a las comisiones las propuestas que incomodan al oficialismo.
Hasta el momento, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y los diputados de Innovación Federal no se han sumado a la iniciativa, aunque siguen con detenimiento y con manifiesto asombro las novedades judiciales que van surgiendo. Adorni depende como nunca antes de los aliados del PRO y de la UCR: si bien en el interior de ambas fuerzas se escuchan reproches contra el jefe de Gabinete, no existen indicios concluyentes de que vayan a retirarle su sostén. Habrá que seguir con atención la conducta de los diputados que responden a Patricia Bullrich: la senadora calificó como una “omisión ética” el ocultamiento patrimonial de Adorni en un gobierno que “hace de la moral una política de Estado”. Se trata de un juego de palabras que alude a la ocultación maliciosa, figura delictiva prevista en el artículo 268 del Código Penal. La norma alcanza a los funcionarios públicos que omiten declarar bienes.
La moción de censura constituye una herramienta de control parlamentario incorporada a la Constitución Nacional tras la reforma de 1994. A diferencia de los sistemas parlamentarios europeos, donde puede provocar la caída de un gobierno, en la Argentina únicamente resulta aplicable al jefe de Gabinete de Ministros. Para avanzar en su aplicación, se exige una mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.
A la ofensiva parlamentaria se suman, además, los proyectos que ingresaron a la Cámara baja con el propósito de revertir los efectos de la Ley de Inocencia Fiscal, norma que permite a los funcionarios acogerse a la presunción de inocencia tributaria y blindarse frente al ARCA. La iniciativa impulsada por Esteban Paulón restringe el acceso a ese régimen tanto a funcionarios como a sus familiares. Por su parte, el diputado massista Sebastián Galmarini promueve una nueva Ley de Integridad y Ética Pública que articule normas, procedimientos, organismos y políticas de prevención, detección y sanción de irregularidades en todo el Sector Público Nacional. En el Senado, Juliana Di Tullio busca derogar el blindaje fiscal que la ley de inocencia contiene en su interior.
La inconsistente declaración jurada de Adorni también generó repercusiones en la Cámara alta, un territorio ahora controlado por Patricia Bullrich. Luego de la reunión de la mesa política celebrada en la Casa Rosada, Adorni intentó mostrarse operativo y anunció que visitará el Senado durante el mes de julio para cumplir con la presentación de su informe de gestión. El senador del PRO Martín Goerling salió a acelerar los tiempos: “Estimado jefe de Gabinete: he presentado una nota solicitando la convocatoria a reunión de Labor Parlamentaria para definir su presencia durante este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional”.
La vicepresidenta Victoria Villarruel añadió presión al reclamo y recordó: “El jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos una vez por mes. Sin embargo, no lo hace desde que asumiera en noviembre del ’25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores”. Además, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles. La vicepresidenta, visiblemente aislada del oficialismo, fue tajante al evaluar la justificación patrimonial del jefe de Gabinete: “Es una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
Al cierre de esta edición, los legisladores radicales de la Cámara alta trabajaban en la redacción de su propio comunicado. Por su parte, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, publicó una fotografía de la mesa política que sesionó más temprano en la Casa Rosada. “Debatimos la agenda legislativa”, aseguró la hermana del Presidente, quien compartió una imagen en la que se ve a Bullrich junto a la torta que Manuel Adorni había anticipado que iba a comprarle con motivo de su septuagésimo cumpleaños. La estrategia libertaria se mantiene incólume: llegar al Mundial y confiar en que el efecto global del espectáculo futbolístico logre tapar las turbulencias. Mientras tanto, las internas se ventilan en voz baja. Un senador libertario de buena sintonía con Bullrich confió a este diario: “A Adorni ya no le importa la opinión pública, solo trabaja en su defensa. Tiene miedo de ir preso”.
