Entre denuncias penales, proyectos de censura en el Senado y un creciente malestar en el PRO, la UCR y el peronismo, el jefe de Gabinete enfrenta horas decisivas. Las explicaciones sobre el origen de medio millón de dólares terminaron por quebrar la lealtad de sus propios aliados, aunque el núcleo duro libertario aún lo respalda.
En las últimas horas, la estructura de sostén político que mantenía a Manuel Adorni en su cargo comenzó a resquebrajarse con una velocidad inusitada. Aquel que alguna vez fuera la voz diaria del Ejecutivo y ahora ocupa la jefatura de Gabinete atraviesa su momento más crítico desde que asumió funciones, y todo indica que el único sostén que le queda proviene del círculo más íntimo del poder: los propios hermanos Milei. Esta vez, ningún otro funcionario de relevancia aceptó salir a respaldarlo públicamente, y las explicaciones brindadas por el propio Adorni acerca de cómo logró acumular 500 mil dólares fueron consideradas tan inverosímiles que colmaron la paciencia incluso de aquellos que hasta hace poco militaban su continuidad.
El descontento no tardó en traducirse en acciones concretas. El PRO, la fuerza política que más esfuerzos había realizado para apuntalar la gestión libertaria, dio un giro abrupto y elevó el tono de sus críticas. En un comunicado de marcado estilo calabrés, los amarillos le reclamaron directamente al Presidente que anteponga la defensa del cambio político a la defensa personal de su jefe de Gabinete. Legisladores cercanos a Mauricio Macri, como Fernando De Andreis y Darío Nieto, salieron a cuestionar sin ambages al ministro coordinador. Mientras tanto, desde la Unión Cívica Radical también llegaron mensajes lapidarios: “quien le miente al Congreso y a la sociedad no puede conducir el Estado”, sentenciaron, en una frase que rápidamente se viralizó. El cordobés Juan Schiaretti, líder de Provincias Unidas, sumó presión al reclamar la salida inmediata de Adorni y lo acusó de haber “mentido al pueblo argentino”. “No puede seguir siendo jefe de Gabinete”, enfatizó.
En paralelo al desgaste político, la ofensiva judicial comenzó a dar sus primeros pasos. Los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal por el delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025. Según los legisladores, Adorni habría incurrido en falsedad ideológica al ocultar de manera deliberada activos e inmuebles, violando lo establecido por la Ley de Ética Pública. El Código Penal prevé para estos casos penas que van desde los quince días hasta dos años de prisión, además de una inhabilitación perpetua. Ferraro fue contundente: “Adorni ha tomado por estúpidos a todos los argentinos; es insostenible”.
Pero el capítulo más delicado para el futuro del funcionario se está escribiendo en el terreno legislativo. El peronismo, que hasta ahora había evitado impulsar pedidos de interpelación para no ser visto como una fuerza desestabilizadora, cambió de estrategia ante la ola de indignación transversal. A través del Senado, ingresó un proyecto de resolución que busca destituir a Adorni en tiempo récord mediante una moción de censura, un mecanismo contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. El texto, impulsado por el bloque justicialista, acelera todos los plazos habituales: prevé interpelar al jefe de Gabinete dentro de los siete días hábiles posteriores a su aprobación y votar en la misma sesión la moción de censura que podría removerlo del cargo.
El senador José Mayans solicitó incluir el proyecto sobre tablas en la próxima reunión de labor parlamentaria convocada por Victoria Villarruel, con el objetivo de votarlo en la sesión del miércoles siguiente o al día siguiente. Dado que el texto no cuenta con dictamen de comisión, su aprobación requerirá una mayoría especial de dos tercios. Sin embargo, Mayans se mostró optimista: “No estamos lejos del número para destituir a Adorni”, declaró en entrevistas radiales. En números concretos, hacen falta 37 voluntades en el Senado y 129 en Diputados. Si el PRO y la UCR traducen sus duras declaraciones en votos favorables a la censura, la cifra se vuelve más que alcanzable. La diputada Cecilia Moreau lanzó una advertencia directa a esos espacios: “Hay que ver si solo critican por redes y chau o si cumplen con el deber constitucional que tenemos y con el mandato popular para el que fuimos electos”.
El texto del proyecto peronista es explícito en sus fundamentos. Menciona “inconsistencias detectadas” que incluyen mutuos privados de dudosa trazabilidad, la adquisición y refacción en efectivo de propiedades suntuosas, y tenencias financieras no declaradas por cientos de miles de dólares. Ante este panorama, el bloque justicialista sostiene que el Congreso debe ejercer “de manera urgente sus facultades constitucionales de control”. Además, el proyecto contempla la posibilidad de que Adorni falte a su interpelación: en ese caso, según su artículo tercero, la Cámara quedará “plenamente habilitada para abocarse de forma directa al tratamiento de la moción de censura”.
El escenario que se abre es inédito desde la reforma constitucional de 1994, que incorporó la figura del jefe de Gabinete de Ministros. Nunca antes ese funcionario había enfrentado una amenaza tan concreta de remoción por parte del Congreso, y menos aún con la particularidad de que la iniciativa surge de un arco opositor amplio que incluye al PRO, la UCR, Provincias Unidas y el peronismo. Si esa suma de voluntades se concreta en el recinto, Adorni quedaría fuera de juego a instancias del mismo Parlamento que él mismo vapuleó en innumerables ocasiones desde su época de vocero.
Mientras la tormenta política arrecia, los hermanos Milei decidieron redoblar su apuesta y seguir sosteniendo al controvertido funcionario. El propio Adorni reconoció el miércoles pasado, en una entrevista con el medio La Nación+, que había pensado en renunciar, lo que encendió aún más las especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, la Casa Rosada acumula tres meses de desgaste continuo sin lograr recuperar la agenda ni la iniciativa política. Según los datos de la consultora Ad Hoc, el escándalo no solo no desapareció del debate público, sino que continúa generando picos de conversación e interés. El jueves más reciente, Adorni fue mencionado en redes sociales 2,3 veces más que el propio Presidente, un usuario intensivo de esas plataformas, y alcanzó las 319 mil menciones, superando su propio récord del 12 de marzo, cuando aseguró que se deslomaba trabajando. Aunque el Ejecutivo intenta instalar otros temas, la presencia del caso Adorni en el territorio digital —que solía dominar con comodidad— fue cuatro veces superior al tópico de la inflación.
La ofensiva opositora en el Congreso promete mantener el foco en este caso durante las próximas semanas. El Poder Judicial, por su parte, podría sumar nuevos capítulos si avanza en la imputación formal del jefe de Gabinete. Por ahora, lo cierto es que Manuel Adorni se encuentra en el ojo del huracán, con un cerco que se estrecha día a día y con los hermanos Milei como último dique de contención. El resto del arco político, desde los exaliados amarillos hasta la oposición tradicional, ya le ha soltado la mano. La pregunta que flota en el ambiente legislativo no es si habrá una definición, sino cuándo llegará y con qué magnitud de apoyos se consumará.
