El empresario vinculado al lanzamiento del token promocionado por Javier Milei presentó un planteo judicial para apartar a los denunciantes de la causa. La estrategia coincide con una línea defensiva que atribuye las pérdidas millonarias a los riesgos propios del mercado de criptomonedas. Sin embargo, nuevas evidencias y antecedentes de la investigación mantienen abiertas las sospechas sobre una posible estafa y otros delitos de mayor gravedad.
El expediente judicial que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la presentación realizada por Mauricio Novelli, uno de los principales protagonistas de la trama que involucró al presidente Javier Milei y al empresario estadounidense Hayden Davis. Mientras la causa avanza lentamente en los tribunales federales, el operador financiero intenta ahora desplazar a quienes impulsan con mayor intensidad la investigación: los ahorristas que aseguran haber sido perjudicados por el derrumbe del activo digital.
La ofensiva judicial de Novelli se produce en un contexto particularmente incómodo para su situación procesal. En los últimos meses trascendió un audio hallado en el contenido de su teléfono celular en el que describe con llamativa naturalidad el mecanismo que, según él mismo explicaba, permitía captar fondos mediante proyectos vinculados a criptomonedas. En esa grabación, el empresario relataba cómo los inversores eran alentados a aportar sumas crecientes de dinero con la expectativa de participar en iniciativas prometedoras, aunque el resultado final terminara siendo la pérdida de los capitales invertidos.
Las expresiones registradas en ese audio adquirieron especial relevancia porque coinciden con el funcionamiento que muchos denunciantes atribuyen a $LIBRA, el token que fue difundido públicamente por Milei y que terminó desplomándose pocas horas después de alcanzar una elevada cotización.
Pese a ello, la estrategia de la defensa de Novelli apunta a sostener que nunca existió una maniobra fraudulenta. Según el planteo presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por su abogado Daniel Rubinovich, quienes adquirieron el activo digital conocían perfectamente las características del mercado en el que operaban. La argumentación insiste en que las criptomonedas constituyen instrumentos altamente volátiles, descentralizados y carentes de regulación estatal, por lo que cualquier pérdida económica debe interpretarse como una consecuencia inherente al riesgo asumido por cada inversor.
La posición expuesta por Novelli se apoya en el concepto de “autorresponsabilidad”, una noción que atribuye exclusivamente a los compradores las consecuencias de sus decisiones financieras. La explicación guarda una notable similitud con la defensa política que el propio Presidente había ensayado al comparar el episodio con la experiencia de perder dinero en un casino.
El escrito presentado por el empresario adopta la figura procesal conocida como “excepción de falta de acción”, un recurso destinado a cuestionar la viabilidad misma de una investigación penal. En este caso, el objetivo central consiste en impugnar la participación de los querellantes, es decir, de las personas que adquirieron $LIBRA confiando en la promoción realizada desde las redes sociales presidenciales y que posteriormente vieron desaparecer prácticamente la totalidad de sus inversiones.
Para la defensa, las pérdidas económicas sufridas por esos inversores no constituyen un daño derivado de una conducta delictiva sino el resultado previsible de una apuesta financiera riesgosa. Bajo esa lógica, el escrito sostiene que no alcanza con alegar perjuicios patrimoniales, desacuerdos políticos o preocupaciones institucionales para justificar una intervención penal.
La postura es rechazada de plano por los abogados de las víctimas, quienes consideran que las pruebas reunidas hasta el momento permiten sostener no sólo la hipótesis de una estafa sino también la posible comisión de otros delitos. Entre ellos mencionan negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incluso eventuales hechos de corrupción vinculados al cobro de sobornos.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la presentación de Novelli es el espacio dedicado a defender el rol desempeñado por Javier Milei. El documento minimiza la importancia del mensaje publicado por el mandatario el 14 de febrero de 2025, cuando difundió por primera vez el enlace que permitía acceder a la compra de $LIBRA.
Según la defensa, aquella publicación carece de relevancia penal porque no contenía una recomendación explícita de inversión ni garantizaba ganancias futuras. Por el contrario, sostiene que se trató de una manifestación política destinada a respaldar la innovación tecnológica y la financiación descentralizada. Incluso interpreta que el Presidente buscaba promover el desarrollo de la industria tecnológica en la Argentina y recuperar el atractivo del país para ese sector.
Sin embargo, los denunciantes remarcan que aquel mensaje tuvo un impacto decisivo. El texto presidencial afirmaba que el proyecto contribuiría al crecimiento económico mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos argentinos, una descripción que generó expectativas entre miles de potenciales inversores. La investigación reveló posteriormente que ninguno de esos proyectos recibió financiamiento efectivo y que los beneficios prometidos jamás se materializaron.
A ello se suma un dato considerado clave por los investigadores. Un informe elaborado por especialistas en cibercrimen de la Policía Federal concluyó que Milei difundió el contrato de compra del token antes de que éste fuera accesible públicamente. Para quienes siguen la causa, ese elemento refuerza la hipótesis de una participación especialmente relevante del jefe de Estado en una iniciativa privada que terminó generando pérdidas masivas.
Los expedientes también contienen registros de comunicaciones telefónicas entre Novelli, Milei y Karina Milei durante momentos críticos del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. Según estimaciones incorporadas a la investigación, el derrumbe de $LIBRA habría provocado pérdidas superiores a los 280 millones de dólares y afectado a aproximadamente 74.000 inversores.
Además, una de las líneas de pesquisa aún abiertas busca determinar si existieron pagos o acuerdos económicos vinculados a la promoción del proyecto. Entre los puntos bajo análisis aparecen presuntos contratos que contemplarían compensaciones millonarias relacionadas con la difusión pública del token y con las actividades desarrolladas por los operadores más cercanos al entorno presidencial.
La presentación de Novelli también cuestiona la continuidad de varios querellantes que fueron reconocidos como víctimas por distintas instancias judiciales. El empresario sostiene que esas personas conocían plenamente los riesgos asociados al mercado cripto y que jamás fueron engañadas. Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación y la Corte Suprema respaldaron previamente la legitimidad de su participación en la causa.
Mientras tanto, continúan pendientes otras definiciones relevantes, entre ellas el pedido de nulidad sobre el peritaje realizado al teléfono celular de Novelli, una medida que permitió acceder a información considerada fundamental para reconstruir los hechos investigados.
En su defensa, el empresario también rechaza que el caso pueda encuadrarse dentro de la figura conocida en el mundo cripto como “rug pull”, una maniobra mediante la cual los responsables de un proyecto retiran súbitamente los fondos cuando el precio alcanza niveles elevados, dejando a los inversores sin posibilidades de recuperar su dinero. Según su versión, esa caracterización no corresponde porque los organizadores del lanzamiento son personas identificables, los fondos no desaparecieron y existieron propuestas para canalizar los recursos mediante estructuras fiduciarias.
No obstante, para los denunciantes y para diversos especialistas que siguen el expediente, las explicaciones defensivas dejan sin responder numerosos interrogantes. Entre ellos sobresalen las razones por las cuales el Presidente promocionó activamente una iniciativa privada, la existencia de posibles beneficios económicos para terceros vinculados al proyecto y el verdadero destino de los millones de dólares que ingresaron al sistema antes del colapso.
Con el nuevo planteo presentado por Novelli, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. Será el fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi quienes deberán determinar si las querellas continúan formando parte del expediente o si prospera la estrategia destinada a reducir el impulso de una investigación que, más de un año después del estallido del escándalo, sigue acumulando preguntas sin respuesta.
