La promesa de inversión millonaria en inteligencia artificial desata alarmas entre comunidades mapuche y organizaciones ambientales por el impacto en recursos hídricos y energéticos de una región ya vulnerable
En una remota comunidad del Neuquén profundo, Lefxaru Nawel responde con la tranquilidad de quien ha aprendido a convivir con la ausencia. Cuando se le pregunta si dispone de agua corriente en su hogar, su respuesta es un espejo de la realidad que atraviesa a casi el noventa por ciento de las poblaciones de su zona: el vital elemento llega a través de camiones cisterna, porque la infraestructura básica sencillamente no existe. La electricidad, por su parte, es un logro reciente conquistado tras años de reclamos, aunque su distribución dista de ser equitativa. «Argentina prioriza el uso industrial sobre el humano», afirma este abogado y docente universitario, quien además ejerce como vocero de la comunidad mapuche, «y el Rigi lo que hace es consolidar esa situación e impedir que a futuro se modifique».
La calma aparente de este paisaje austral se ha visto sacudida desde octubre pasado por un anuncio que promete transformar la fisonomía de la región. En un movimiento estratégico, Sam Altman, el CEO de Open IA, la compañía detrás de Chat GPT, decidió jugar una carta de alto voltaje político al anunciar la primera inversión de infraestructura tecnológica para inteligencia artificial en Latinoamérica, y la más cuantiosa a escala global. La maniobra, que incluyó una alianza con la firma argentina Sur Energy y la firma de una carta de intención, nunca llegó a materializarse en un proyecto concreto, pero bastó para modificar las proyecciones de gobiernos locales, inversores y comunidades enteras. Se habló de una inyección de capital que rondaría los veinticinco mil millones de dólares y de un megadatacenter cuya capacidad de procesamiento alcanzaría los quinientos megavatios, una cifra astronómica si se la compara con los cuarenta y cinco centros de datos existentes en el país, que en conjunto suman apenas treinta y dos megavatios de potencia.
Alan Rocha, integrante del Observatorio Petrolero Sur, una organización que ha ganado peso y credibilidad por su monitoreo de los efectos del fracking en Vaca Muerta, lleva tiempo intentando descifrar el misterio de por qué estos gigantes tecnológicos posan su mirada en la Patagonia. Todo comenzó en 2023, cuando el gobierno de Neuquén anunció una zona franca en Zapala para un proyecto de minería cripto con requerimientos de mil megavatios, una iniciativa que finalmente naufragó. Rocha advierte que, aunque la mayoría de estos emprendimientos no llegan a concretarse, ya están generando un marco conceptual donde la inversión tecnológica se presenta como deseable, mostrando una cara renovada de la Patagonia pero con los mismos argumentos de siempre: energía económica, tierra disponible, agua accesible y temperaturas bajas que reducen los costos de refrigeración. Se está vendiendo, en definitiva, una región donde los inversores pueden hacer lo que quieran.
Lefxaru Nawel escucha estos argumentos con creciente inquietud. Lo que le preocupa no es la tecnología en sí misma, sino el esquema extractivista que se repite como un eco de los años noventa, cuando las inversiones llegaban a cualquier costo y los controles ambientales se diluían en promesas de progreso. «Nos enteramos de las situaciones cuando ya entran a los territorios, cuando están licitadas las obras, ilegalmente autorizadas, sin hacer una consulta», denuncia el vocero, subrayando que las comunidades son informadas cuando el daño ya está en marcha. Su reclamo, sin embargo, no es un no rotundo a los datacenters, sino una exigencia de información y participación: el derecho a ser consultado y a comprender el impacto que estas instalaciones tendrán sobre el ambiente, el territorio y, especialmente, sobre el agua, ese recurso que ya escasea en la zona.
El fantasma de lo que puede suceder no es una elucubración teórica. En Paraguay, la comunidad de Villarrica vive atrapada en una pesadilla sonora desde que una granja de minería cripto de Bitfarms se instaló en sus cercanías. Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional describen una vida sometida al rugido constante de los extractores de aire, un zumbido que no cesa ni de día ni de noche, comparable a vivir al lado de las turbinas de un avión o dentro de un enjambre de abejas perpetuo. El periodista Josué Congo, de El Surti, viajó hasta el lugar y quedó impactado por la magnitud de la operación: cinco hectáreas de terreno, cinco galpones enormes y otros menores albergando dieciséis mil máquinas dedicadas a la minería de bitcoins, funcionando las veinticuatro horas del día con una capacidad contratada de setenta megavatios. En apenas seis meses, según sus estimaciones, la criptominera consumió lo que cuarenta y siete mil cuatrocientas sesenta y cuatro familias paraguayas utilizarían en un año entero.
Hugo Valiente, de Amnistía Internacional Paraguay, señala que estos emprendimientos revelan un Estado debilitado, incapaz de imponer sus propias normas, y advierte sobre la presencia de actores que operan con características cercanas al crimen organizado, generando patrones corrosivos que erosionan el tejido social. Para Valiente, estos territorios se convierten en lo que los especialistas denominan «zonas de sacrificio»: espacios donde los gobiernos deciden permitir extractivismos de alto costo ambiental en aras de un progreso que, sospechosamente, nunca termina de llegar a sus habitantes. «Esto coincide con territorios que socialmente están excluidos, porque son colectivos racionalizados e impugnados», explica, refiriéndose a poblaciones que han sido vapuleadas, estigmatizadas y despojadas de su poder de lobby, donde los derechos ya no pesan en la balanza política.
El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Estados Unidos, comunidades de diversas ciudades han salido a las calles para rechazar la instalación de estos megadatacenters, con consignas que denuncian cómo estas infraestructuras devoran la energía disponible. La activista Erin Brockovich, cuya historia fue llevada al cine por Julia Roberts, ha lanzado una plataforma para mapear estos centros, mientras que el senador Bernie Sanders ha pedido una pausa en su construcción. Bea Busaniche, de la Fundación Vía Libre, sigue de cerca el conflicto y describe cómo en Estados Unidos las promesas de empleo y desarrollo se han desvanecido ante la realidad de canillas que apenas dejan caer un hilo de agua y un ruido extremo que arruina la calidad de vida.
Busaniche plantea una pregunta que trasciende el sí o el no a los datacenters: datacenter cómo y datacenter para quién. Argentina, señala, tiene una deuda pendiente en materia de regulación interna para estas inversiones, que ya cuentan con el marco del Rigi y ahora enfrentan la posibilidad de un Super Rigi que profundizaría aún más las ventajas para el capital extranjero. Pero lo que más preocupa a la especialista es un aspecto específico de la legislación vigente: la prioridad sobre los recursos. En situaciones de estrés hídrico o sequía, la ley otorga preferencia a las inversiones por encima de cualquier otro uso, ya sea el abastecimiento de un pueblo cercano, un emprendimiento turístico o un área de cultivo. «Si hay que hacer una evaluación de a quién se le entrega el agua disponible», explica Busaniche, «el datacenter, que es el que hizo la inversión, por ley tiene prioridad por encima del resto».
Para las comunidades mapuche, la preocupación se agrava por una dificultad estructural: la falta de personería jurídica que les permita defenderse en los litigios como entidades colectivas. Lefxaru Nawel lo explica con claridad: esa ausencia de registro es lo que impide que las comunidades puedan proteger sus territorios, porque empresas y gobiernos buscan sistemáticamente condenar a personas sueltas, fragmentando la resistencia colectiva. Es la estrategia del divide y vencerás aplicada al ámbito judicial, una herramienta más en el arsenal de quienes ven en la Patagonia no un territorio con habitantes y memorias, sino un espacio disponible para la explotación.
El escenario que se dibuja es el de una región que ya soporta las consecuencias del extractivismo hidrocarburífero, que ve cómo sus recursos más preciados se priorizan para usos industriales mientras sus pobladores dependen de camiones para acceder al agua, y que ahora se enfrenta a la posibilidad de convertirse en el nuevo Eldorado de la inteligencia artificial. El anuncio de Altman pudo haber sido una maniobra política de corto plazo, pero dejó sembrada una idea que ya germina en los proyectos de ley y en las proyecciones de los inversores. La pregunta que flota en el aire patagónico es si esta vez el progreso anunciado traerá consigo algo más que ruido, consumo desmedido de energía y una competencia desigual por el agua, o si, como tantas otras veces, la región será nuevamente sacrificada en el altar de un desarrollo que siempre ocurre en otro lado.
Mientras tanto, los camiones siguen llevando agua a las comunidades, las turbinas de Vaca Muerta perforan el subsuelo y los inversores tecnológicos observan con atención las bondades climáticas y energéticas del sur argentino. En el centro del debate, una pregunta incómoda persiste: ¿cuánto está dispuesta a ceder una sociedad en nombre de la innovación? La respuesta, al menos por ahora, parece estar escrita en la letra pequeña de una ley que prioriza el capital sobre la vida.
