La comunidad científica nacional atraviesa su hora más crítica. Con una merma salarial que supera el 40 por ciento, la inminente pérdida de casi 400 puestos de trabajo y un presupuesto que alcanza mínimos históricos, los investigadores alertan sobre un colapso sistemático que amenaza con diezmar el semillero científico del país. La advertencia es contundente: jamás hubo tan escasa inversión en el rubro, ni durante la dictadura, ni la crisis del 2001, ni la gestión menemista.
En las últimas horas, la comunidad académica y científica argentina encendió todas las alarmas ante lo que consideran el mayor ataque a la infraestructura del conocimiento desde que se tienen registros formales. Los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) han elevado su voz de protesta ante una coyuntura que describen como terminal, donde el ahogo financiero y la depreciación acelerada de los haberes han llevado al organismo a un punto de inflexión delicadísimo. La denuncia central gira en torno a la precarización extrema de las condiciones laborales, sintetizada en la amenaza concreta que pesa sobre 379 plazas laborales, sumado a un desplome del poder adquisitivo que ya roza el 40 por ciento durante la actual administración libertaria, sin dejar de lado la agobiante crisis que atraviesa la obra social del sector.
La situación fue graficada con crudeza por Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora del CONICET, quien en una reciente intervención radial no dudó en calificar el escenario actual como el más sombrío de la historia nacional en materia de desarrollo tecnológico y científico. En sus declaraciones, la académica subrayó que ni siquiera en los períodos más oscuros de la vida institucional del país, como la dictadura militar, la hiperinflación del 2001 o las políticas de ajuste de los años noventa bajo el mandato de Carlos Menem, se había registrado una merma tan brutal en los recursos destinados a la investigación. La comparación no es menor, ya que echa por tierra cualquier intento de relativizar la gravedad del momento, posicionando a la ciencia argentina en su peor momento histórico desde que se llevan estadísticas presupuestarias en la materia.
Los números son lapidarios y reflejan una involución sin precedentes. El relevamiento del presupuesto dedicado a Ciencia y Tecnología, que ofrece una serie histórica que se remonta a 1970, deja en evidencia que el ejercicio fiscal del año entrante ostenta el título nefasto de ser el de menor asignación de fondos. En este contexto, la investigadora puso en perspectiva el costo anual estimado para sostener mínimamente las actividades del sector, calculado en aproximadamente 50 millones de dólares. Si bien esa cifra puede sonar astronómica para el bolsillo de un ciudadano promedio, Levi enfatizó que, en el marco de las cuentas públicas nacionales, ese monto representa una porción ínfima, prácticamente un residuo presupuestario que no incide en el equilibrio fiscal del Estado. La conclusión que se desprende de este análisis es demoledora: el recorte no obedece a una necesidad económica imperiosa, sino a una determinación política deliberada y arbitraria.
Para sostener este argumento, la comunidad científica ha puesto el foco en un dato contundente relacionado con la recaudación impositiva. Desde el año previo y tras la eliminación del gravamen a los Bienes Personales, la alícuota efectiva de captación de recursos por este concepto se desplomó de un 0,54 por ciento a un exiguo 0,23 por ciento. Esta modificación implicó la pérdida de 31 centésimas de punto porcentual en los ingresos fiscales. Sin embargo, al contrastar esta merma con lo que realmente se asigna al fomento de la investigación, el agravio se torna evidente: la inversión en ciencia y técnica apenas absorbe un 0,14 por ciento de los recursos totales. Dicho de otro modo, lo que el sector dejó de recibir por la quita del impuesto es más del doble de lo que actualmente se destina a la generación de conocimiento. La aritmética es inapelable y desnuda que el ahorro generado por el achique al sector es marginal en relación con el daño causado, tornando injustificable desde cualquier óptica racional la hemorragia de fondos que padece el sistema.
Esta sangría financiera no se limita a frías estadísticas, sino que se traduce en sufrimiento cotidiano para los trabajadores de la ciencia. La pérdida acumulada del poder adquisitivo, cifrada en un 40 por ciento desde diciembre de 2023, ha erosionado la calidad de vida de investigadores, técnicos y becarios, generando un clima de incertidumbre y descontento que amenaza con desmantelar el capital humano más calificado del país. El principal termómetro de esta crisis se manifiesta en la decisión gubernamental de suprimir las becas posdoctorales, un instrumento vital que permitía a los jóvenes talentos sostenerse económicamente mientras se preparaban para ingresar al CONICET a través de los concursos públicos. Levi fue tajante al definir este colectivo como el «semillero» de la ciencia argentina, advirtiendo que dejar a esa generación en la calle equivale a empujarla al exilio intelectual. La diáspora de cerebros, un mal endémico que Argentina ha sufrido en ciclos anteriores, se presenta ahora como una amenaza inminente y masiva, ya que la ausencia de perspectivas locales orillará a los investigadores más promisorios a buscar horizontes en el extranjero, donde su conocimiento sí es valorado y remunerado.
En medio de este escenario desolador, un rayo de esperanza llegó desde el máximo tribunal del país. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la aplicación de la ley de financiamiento universitario, un dictamen que fue recibido con cautela pero con alivio por parte de los docentes-investigadores que tienen doble dependencia. No obstante, Levi aclaró que, para aquellos cuyos ingresos no provienen exclusivamente de la cátedra universitaria sino también del CONICET, el incremento salarial derivado de este fallo representa apenas un 10 por ciento de recomposición, una cifra insuficiente si se la compara con el 40 por ciento de poder adquisitivo extraviado en los últimos dos años. A pesar de esta limitación, la investigadora calificó la decisión judicial como una «excelente noticia» en términos simbólicos y de reconocimiento de derechos, aunque rápidamente matizó su entusiasmo al recordar que esta administración tiene antecedentes de desacato a las resoluciones judiciales y legislativas, por lo que la comunidad espera con inquietud la efectiva materialización de lo ordenado.
La reacción de los científicos no se ha limitado a las declaraciones ni a los comunicados de prensa. La fecha del próximo 1 de julio ha sido marcada en rojo en el calendario del sector, ya que se prevé una movilización masiva en el Polo Científico, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La convocatoria, fijada para las once de la mañana, tiene un objetivo doble: por un lado, visibilizar ante la opinión pública la crítica situación que atraviesan los investigadores, y por el otro, ejercer presión directa sobre las autoridades para que reviertan los recortes que dejarían a 379 científicos y becarios en la calle. La cifra no es azarosa, ya que representa una porción sustancial de la fuerza laboral dedicada a la generación de conocimiento aplicado y básico, y su desaparición implicaría un vacío imposible de llenar en el mediano plazo. Los manifestantes exigirán no solo la continuidad de esos puestos de trabajo, sino también una recomposición salarial que mitigue la debacle económica y la garantía de que las becas de formación sean restituidas.
En el análisis de fondo, lo que está en juego trasciende la mera discusión presupuestaria. La comunidad científica advierte que la Argentina se está jugando su soberanía tecnológica y su capacidad de respuesta ante futuros desafíos sanitarios, productivos y ambientales. Al desfinanciar el CONICET, se desfinancia la capacidad del país para pensar su propio futuro. La voz de alarma ya no es un clamor aislado de unos pocos iluminados, sino un grito colectivo que resuena en las aulas, los laboratorios y los centros de investigación, y que encuentra en las próximas semanas un escenario decisivo para su supervivencia. La historia juzgará si este momento crítico fue el preludio de una recuperación o el acta de defunción de un sistema científico que alguna vez fue motivo de orgullo nacional.
