El expediente que investiga al exjefe de Gabinete revela una grieta sideral entre los ingresos declarados y un torrente de desembolsos en dólares. Mientras los peritos contables afinan la calculadora, el fiscal Pollicita se prepara para exigir respuestas antes del receso judicial, en medio de un entramado de facturas apócrifas, testigos presionados y un patrimonio que se multiplica sin explicación lógica.
El silencio administrativo se ha quebrado en los pasillos de Comodoro Py, donde la causa que rodea al exfuncionario Manuel Adorni ha dejado de ser un rumor incómodo para convertirse en un rompecabezas financiero de proporciones bíblicas. Lo que comenzó como una denuncia aislada se ha transformado en un torbellino de cifras que, lejos de aclararse, se enredan en una madeja de gastos superlativos y justificaciones endebles. El fiscal Gerardo Pollicita, con la paciencia de un artesano, espera el veredicto de los números duros para desgranar el ovillo, pero el panorama que se dibuja en el sumario es el de una opulencia difícil de digerir para un bolsillo asalariado.
El corazón de la discordia late en el exclusivo country Indio Cuá, donde las reformas de la vivienda de Adorni se han convertido en un catálogo de excesos. La inversión en el verde hábitat no fue menor: el jardinero percibió 4.000 dólares por la provisión de especies vegetales, a los que se sumaron otros 3.000 por la instalación del sistema de riego automatizado. Pero fue en la carpintería donde la desmesura alcanzó su pico más elevado, con el encargo de treinta piezas de mobiliario cuyo costo ascendió a 55 millones de pesos, equivalentes a casi 40.000 dólares. A esta cifra se añadieron 7.000 dólares más por una parrilla de diseño y una isla de cocina instalada bajo el alero, sin olvidar el desembolso de 8.000 dólares destinados a la modernización del sistema de calefacción de la pileta, que mutó de gas a una tecnología eléctrica Inverter, ni los 30.000 dólares invertidos en aberturas sofisticadas de PVC con doble acristalamiento.
La vorágine del gasto no se detiene en los límites del country. En el barrio de Caballito, la adquisición de un departamento de 200 metros cuadrados por 230.000 dólares ha despertado las suspicacias de los tasadores, quienes consideran irrisorio que el precio por metro cuadrado se ubique muy por debajo de los 2.500 dólares que rige el mercado en esa zona. Una situación análoga ocurre con la vivienda de Indio Cuá, donde los vecinos coinciden en que el valor real de la propiedad duplica con creces los 120.000 dólares declarados en la escritura. La suma de estos dispendios, junto con los 21.000 dólares abonados por el alquiler de una vivienda temporal durante las obras y las 10.000 unidades de la moneda estadounidense destinadas a expensas, configura un agujero negro financiero que supera con creces la capacidad adquisitiva de un funcionario público que percibe un haber mensual de 3.500.000 pesos.
Ante la magnitud del descalce, el fiscal Pollicita ha ordenado una auditoría pormenorizada a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico del Ministerio Público que tiene la encomienda de cuantificar la magnitud exacta de la discrepancia patrimonial. La tarea, que se espera concluya en el transcurso de esta semana o la venidera, se ha visto demorada por la necesidad de contrastar las últimas coartadas esgrimidas por el implicado, quien atribuyó el origen de sus divisas a una herencia paterna de 200.000 dólares y a jugosas ganancias especulativas con bitcoins por otros 300.000 dólares. Sin embargo, los primeros análisis descartan la verosimilitud de ambos relatos: el progenitor del exfuncionario arrastraba un historial de deudas y demandas económicas que hacen improbable la transmisión de un legado tan abultado, mientras que las operaciones con criptomonedas, aun tomando los datos aportados por el propio Adorni, no arrojarían un beneficio superior a los 60.000 dólares, muy lejos de la cifra astronómica que intenta hacer valer.
El expediente se nutre de una fuente inagotable de información proveniente del teléfono celular de Matías Tabar, el constructor que fungió como una suerte de gerente de obras del funcionario. Este dispositivo ha revelado un rosario de transacciones y encargos que retratan la opulencia del exjefe de Gabinete. Entre los hallazgos más sorprendentes se cuenta el pedido de treinta muebles para Indio Cuá y siete adicionales para la propiedad de Caballito, estos últimos valorados en 14 millones de pesos, lo que eleva el gasto total en carpintería a 48.000 dólares. La lista de lujos se extiende a la climatización, con la adquisición de dos equipos de aire acondicionado nuevos y la reparación de otros tres, así como a la compra de textilería de alta gama por un valor de 8 millones de pesos, una factura que, curiosamente, fue endosada a la secretaria del ahora exfuncionario, un mecanismo que parece repetirse con otros objetos suntuarios, como los juegos electrónicos.
En un giro que añade tensión al relato, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo tributario bajo la órbita del presidente Milei, ha intimado al constructor Tabar para que justifique su facturación. Esta acción, considerada inusual por los operadores judiciales ya que se sustenta en declaraciones de una causa penal, ha sido interpretada como un intento de presión para silenciar al contratista. La defensa de Tabar sostiene que no emitió comprobantes por la totalidad de los trabajos porque estos fueron ejecutados por terceros, como el carpintero, el jardinero o la empresa de cerramientos, y que, en muchos casos, fue el propio Adorni quien solicitó que se omitiera la facturación para eludir el pago del 21 por ciento del IVA y, de paso, borrar todo rastro documental del dispendio. El pago en efectivo y en dólares de todas estas operaciones es otro de los puntos que la DAFI deberá desentrañar, en busca de la trazabilidad de semejante flujo de billetes.
Mientras los peritos ajustan los números, el fiscal Pollicita ha delineado su estrategia procesal. Su intención es que, una vez que el informe de la DAFI esté sellado con la firma de los expertos, se procederá a intimar a Adorni para que justifique las incongruencias detectadas, una práctica habitual en las causas por enriquecimiento ilícito donde la carga de la prueba recae sobre el imputado. Solo en caso de que las explicaciones no resulten convincentes, se avanzará hacia una indagatoria formal. El objetivo del representante del Ministerio Público es contar con el dictamen contable antes del inicio de la feria judicial, pautada para el 17 de julio, y requerir las aclaraciones pertinentes en ese plazo perentorio.
La soledad del implicado en el ámbito político es otro de los aspectos que resaltan en el escenario. Salvo la figura del presidente Milei, ningún otro integrante de La Libertad Avanza o del gabinete ha salido a defender la probidad del exfuncionario. La denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano ha destapado un cofre de lujos que incluye viajes en avión privado a Punta del Este, vacaciones en Aruba, estadías en el Llao Llao y la ostentosa estudiantina de su cónyuge en Madrid. Todo este derroche, que evoca la figura del personaje que exige bienes suntuarios sin medida, parece responder a una fiebre consumista que no ha hecho más que dejar un reguero de evidencias en su camino. La propia escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias, Adriana Nechevenko, sentenció con una frase que condensa la esencia del expediente: «Lo conozco a Adorni hace muchos años, pero se le dio todo ahora».
El desenlace de esta historia, sin embargo, está lejos de ser predecible. El expediente descansa en los anaqueles de Comodoro Py, un distrito judicial conocido por su sinuosa administración de justicia, donde las investigaciones de alto perfil suelen transitar por vericuetos insospechados. La presión política, el peso de las instituciones y la solidez de la prueba contable serán los factores que determinarán si este andamiaje de sospechas se traduce en una imputación formal o si, por el contrario, se diluye en el laberinto burocrático. Lo que es innegable es que la geometría del dispendio de Manuel Adorni ha trazado un mapa de contradicciones que el fiscal Pollicita está decidido a descifrar, con la calculadora en una mano y la ley en la otra.
