En una extensa entrevista, el Presidente no solo defendió al exfuncionario salpicado por corrupción, sino que lanzó una declaración que cruza todos los límites del negacionismo, al tiempo que arremetió contra la prensa y justificó su «sincericidio» económico.
En una jornada que quedará marcada en la memoria institucional argentina, el primer mandatario volvió a encender todas las alarmas del arco político y de los organismos de derechos humanos al proferir, durante una entrevista en el canal oficialista LN+, una comparación tan audaz como perturbadora. Con la soltura que lo caracteriza y en medio de una defensa cerrada de su ahora exvocero presidencial, el jefe de Estado sostuvo que su administración ha concretado «cosas que ni los militares lograron hacer», y remató con la coletilla temporal que encendió la polémica: «y lo hicimos en tres meses». La frase, lejos de ser un desliz casual, se inscribe en un patrón discursivo que banaliza el terrorismo de Estado y que ya había generado repudio en ocasiones anteriores, pero que en esta oportunidad adquiere una gravedad mayúscula por el contexto político y el contenido mismo de la declaración.
El episodio se produjo apenas minutos después de que se confirmara el reemplazo de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, relevo impuesto por el escándalo desatado en torno al incremento patrimonial del funcionario saliente. Lejos de distanciarse de la figura de Adorni, el Presidente redobló la apuesta y manifestó sin titubeos que aún confía en la probidad de su excolaborador, a quien calificó como «una persona honesta» y víctima de una persecución mediática y judicial. Fue en ese instante, cuando el cronista indagó sobre el posible impacto negativo que los más de cien días de permanencia de Adorni en el cargo pudieron haber tenido sobre la agenda de reformas gubernamentales, que el mandatario decidió trazar un paralelismo histórico tan desacertado como explosivo, asegurando que los proyectos insignia de su administración —entre los que mencionó el paquete fiscal conocido como «Súper Rigi»— continuarán su curso parlamentario imperturbables, apuntalados por esa supuesta capacidad ejecutiva que, según su óptica, supera incluso a la del régimen cívico-militar.
El contenido de la declaración, más allá de su tono triunfalista, conmocionó a los círculos políticos y académicos por su explícita reivindicación de una comparación que los especialistas califican de «inadmisible». Al ensalzar la velocidad y la profundidad de sus medidas económicas, el Presidente no solo trivializó el genocidio y la desaparición de decenas de miles de ciudadanos, sino que además ubicó su gestión en una tradición liberal que evoca, por su orientación pro-norteamericana y su dogma de desregulación, a los planes de ajuste de Alfredo Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. Esa línea de pensamiento, que sus actuales ministros de Economía y Desregulación —Luis «Toto» Caputo y Federico Sturzenegger— aplican con un fervor casi dogmático, propugna el achicamiento del Estado y el desmantelamiento de la industria nacional, tal como lo refleja la hoja de ruta del Ejecutivo. Pero lo que en otros tiempos se debatía en términos de política económica, hoy se enmarca en una retórica que coloca al Gobierno en una posición de confrontación directa con la memoria histórica.
Durante el extenso reportaje, el Presidente se explayó también sobre su visión de la justicia y la moral, y adelantó que se encuentra redactando un nuevo libro titulado «La Moral como política de Estado», obra en la que planea desarrollar los argumentos que, a su juicio, demuestran la inocencia no solo de Adorni, sino también de otros funcionarios y exfuncionarios que se encuentran bajo la lupa de los tribunales, incluido él mismo, quien continúa imputado en la causa por presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA. «Condenar a un inocente es injusto», insistió el mandatario, y agregó que la decisión de Adorni de apartarse del cargo para enfrentar a la Justicia es una muestra de grandeza que contrasta con lo que, según su visión, ocurrió en administraciones anteriores, en especial durante el kirchnerismo, donde —dijo— los funcionarios se aferraban a sus puestos a pesar de las sospechas.
Pero el vendaval dialéctico no se detuvo allí. El Primer Mandatario también destinó un capítulo central de su alocución para arremeter con inusitada dureza contra los medios de comunicación, a quienes acusó de orquestar una campaña sistemática de desprestigio en su contra y contra su entorno. «El periodismo miente sistemáticamente», enfatizó, y justificó el ensañamiento que, según él, padece su gestión, en el corte de la pauta oficial que su Gobierno aplicó como parte de su política de ajuste fiscal. En esa línea, sostuvo que la cobertura del caso Adorni ha sido desproporcionada y malintencionada, y cuestionó la edición y el recorte de respuestas que, a su parecer, realizan los profesionales de la prensa para distorsionar la realidad. «Que lo que diga un funcionario no coincida con lo que dice el periodismo no significa que sea mentira. El que suele mentir es el periodismo», sentenció, en una frase que ya circula con fuerza en las redes sociales y que profundiza la grieta entre el Poder Ejecutivo y el cuarto poder.
Para cerrar su exposición, el Presidente esgrimió un argumento comparativo que buscó relativizar el escándalo: recordó el caso de otro empresario vinculado a la política, a quien aludió con el sobrenombre de «Cirio», y afirmó que los medios dedican apenas cinco minutos a ese expediente, mientras que el caso Adorni acapara horas de cobertura. «No es que no hubiera otros temas, es que no querían tratar otros temas», remató, en un intento por desviar la atención hacia lo que considera una hipocresía mediática. Sin embargo, la contundencia de su comparación con los militares y su defensa a ultranza de un funcionario cuestionado han opacado cualquier otro argumento, y han colocado al Gobierno en el centro de una tormenta política y ética que promete extenderse en los próximos días, con pronunciamientos de organismos de derechos humanos, referentes de la oposición y sectores de la sociedad civil que ya exigen explicaciones y repudio formal ante lo que consideran una afrenta a la memoria y a la democracia.
