A siete meses del deceso de la joven travesti en una comisaría de Rosario de Lerma, organizaciones del colectivo LGBTIQ+ y familiares exigen la imputación de los efectivos de guardia. Señalan contradicciones entre los partes policiales y la autopsia, al tiempo que denuncian la vulneración de su identidad de género y la falta de perspectiva de derechos humanos en el expediente judicial.
En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la ciudad de Salta se convirtió en el escenario de un encendido reclamo de justicia que trascendió las fronteras provinciales. Durante un conversatorio titulado «Violencia institucional y crímenes de odio», organizaciones travestis y trans pusieron el foco en el fallecimiento de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans que perdió la vida en extrañas circunstancias mientras se encontraba bajo la custodia de la Comisaría N.° 2 de Rosario de Lerma. Lo que debió ser una instancia de resguardo estatal se transformó, según los presentes, en un escenario de presunto desamparo y negligencia que aún aguarda respuestas contundentes por parte del Poder Judicial.
El pesar y la desconfianza hacia el sistema de justicia quedaron plasmados en las palabras de Gladis, hermana de la víctima, quien en diálogo con este medio manifestó su profunda insatisfacción con el avance de las pesquisas. La mujer describió el proceso como «lento» y reveló que la querella particular ya ha solicitado formalmente la declaración indagatoria de los agentes que se encontraban de servicio durante el fatídico episodio. Más allá de la morosidad procesal, el reclamo central de la familia se asienta en la presunta vulneración de los derechos más básicos de Fernanda, quien a pesar de poseer un Documento Nacional de Identidad con su nombre de pila femenino y haber completado el cambio registral, habría sido despojada de su identidad de género durante el cautiverio. «No la resguardaron como correspondía; la confinaron en un calabozo carente de luminosidad, sumida en la penumbra y alejada del puesto de control», denunció Gladis, describiendo condiciones de encierro que calificó como inhumanas y degradantes.
El reclamo de la hermana encontró eco en la voz de Pía Ceballos, referenta del Movimiento Trans Argentina en la provincia, quien subrayó la anomalía jurídica que representa la falta de imputados dentro de la institución policial. «Resulta, cuanto menos, llamativo que hasta el día de la fecha no exista un solo miembro de la fuerza provincial señalado como posible responsable», sentenció Ceballos, quien detalló que el análisis del caso ha abarcado desde el instante mismo de la aprehensión hasta el trágico desenlace, pasando por un minucioso escrutinio del accionar de la dependencia de Rosario de Lerma. La activista también puso el acento en la reiterada falta de respeto hacia la autopercepción de Fernanda, una omisión que, según denunció, permeó no solo el obrar de los uniformados, sino también la cobertura mediática del suceso y el tratamiento dispensado por los operadores del sistema de justicia, lo que evidencia un patrón de violencia simbólica contra las identidades disidentes.
Uno de los puntos más álgidos del debate giró en torno a la versión oficial de los hechos. Ceballos enfatizó que la hipótesis manejada por las autoridades apunta a un suicidio; sin embargo, alertó sobre la existencia de contradicciones insalvables entre los informes elevados por la comisaría y las conclusiones del cuerpo médico forense. Estas discrepancias, lejos de despejar las incógnitas, generan un cúmulo de dudas que refuerzan la necesidad imperiosa de una pesquisa exhaustiva, imparcial y libre de sesgos. En este sentido, la referente del colectivo travesti trans fue tajante al reafirmar que las organizaciones sociales no cejarán en su embate hasta lograr la citación de los efectivos involucrados, el acceso irrestricto a la verdad y una investigación que incorpore de manera efectiva la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
El conversatorio contó con la participación institucional del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), cuyo aporte técnico resultó esclarecedor al reconstruir la cronología de los últimos minutos de vida de Fernanda. Según el informe presentado, la joven ingresó a la dependencia policial el 26 de noviembre de 2025 a las 20.30 horas. Lo que siguió fue un lapso fatal de apenas diez minutos: entre las 21.20 y las 21.30 se produjo el deceso por ahorcamiento autoinfligido, según determinó la autopsia. El expediente revela detalles escalofriantes: a las 21.27 se ordenó su liberación, pero a las 21.35 fue hallada sin vida en la celda. El CPT, que se presentó como querellante en la causa y sumó una pericia criminológica en junio de 2026, constató en una inspección ocular realizada al día siguiente del hecho graves falencias en la infraestructura de la comisaría: ausencia de cámaras de seguridad, iluminación deficiente y condiciones de vigilancia precarias. A ello se suma que los libros de guardia ya habían sido secuestrados por la fiscalía y que el personal presente durante la visita manifestó no haber estado de servicio el día del fallecimiento, un detalle que las organizaciones consideran, cuanto menos, sospechoso.
El reclamo de verdad y justicia resonó con fuerza a través de un comunicado emitido por el ÑAWI Observatorio Popular Feminista, que no dudó en calificar el hecho como un transfemicidio cometido por el aparato estatal. «Nadie se suicida en una comisaría, el Estado es responsable», sentenció el colectivo, exigiendo el cese inmediato de la violencia institucional y una investigación independiente y seria que honre la memoria de Fernanda. La jornada concluyó con la intervención del abogado querellante, Álvaro Arias Camacho, del Centro Comunitario ALFA, quien refrendó la postura de la familia y las organizaciones, sellando un compromiso colectivo para que este caso no quede en el olvido y se convierta en un parteaguas en la lucha contra la discriminación y la impunidad en la provincia de Salta.
