El exdiputado libertario obtuvo una prórroga de una semana para comparecer ante el juez Mirabelli, en una causa que ya destapó una red de transferencias millonarias, contratos cuestionados y una mecánica financiera que habría incluido cambios de divisas en el mercado negro. Mientras, en otro expediente, los vuelos en aeronaves de un empresario condenado en Texas acechan su futuro procesal.
En un nuevo capítulo de la intrincada trama judicial que envuelve al economista y exlegislador José Luis Espert, la justicia federal de San Isidro accedió a diferir por al menos siete días su indagatoria por el delito de lavado de activos. La citación, originalmente fijada para el martes venidero, fue desplazada hacia el 7 de julio tras un pedido de su defensor, Claudio Lamela, quien argumentó la necesidad de un plazo adicional para examinar minuciosamente un expediente que ya supera las dos mil fojas. Este nuevo cronograma también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, cuya declaración está prevista para la jornada subsiguiente, ya que las pesquisas apuntan a su presunta participación en el diseño de una arquitectura contable destinada a esconder ingresos de procedencia dudosa.
El aplazamiento, no obstante, no hace más que sumar un compás de espera a una investigación que avanza con pisada firme bajo el mando del fiscal Fernando Domínguez. El representante del ministerio público no solo sostiene que Espert percibió doscientos mil dólares a través de una cuenta en el banco Morgan Stanley, transferidos desde otra vinculada al empresario Federico «Fred» Machado —quien ya se confesó culpable de fraude y lavado de dinero ante la fiscalía del distrito norte de Texas—, sino que además califica como apócrifo el contrato con una minera guatemalteca que el exdiputado esgrimió para justificar aquellos fondos. Este elemento se convierte en la piedra angular de la acusación, ya que los investigadores consideran que el documento fue confeccionado adrede para otorgar una pátina de legalidad a un flujo monetario que, en realidad, provenía de una estructura criminal.
El origen de esta controversia se remonta a 2019, cuando la figura de Machado comenzó a cruzarse con la de Espert en el contexto de su fallida campaña presidencial. Sin embargo, fue recién en abril de 2021, con la detención del empresario en Viedma por orden de la justicia texana, que el vínculo saltó a la palestra pública. Una fotografía que retrataba a Espert posando frente a una de las aeronaves de Machado, junto a su entonces jefe de campaña, se convirtió en el primer indicio visual de una relación que la fiscalía de San Isidro comenzó a desentrañar con lupa. Para entonces, según las comunicaciones intervenidas, el economista ya manifestaba su inquietud por la declaración jurada de bienes correspondiente a 2020, la cual debía incluir aquellos doscientos mil dólares que, finalmente, optó por ocultar. La partida quedó documentada en los registros estadounidenses como una transferencia desde el Bank of America a través de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., un dato que emergió en plena efervescencia electoral del año pasado y forzó a Espert a admitir la operación, aunque con atenuantes que ahora la pesquisa desmonta uno a uno.
El destino de esos capitales revela un patrón de consumo conspicuo que ha llamado poderosamente la atención de los pesquisas. Con esos fondos, el exlegislador adquirió un automóvil BMW, para luego cambiarlo por un Lexus RX cuyo valor se aproxima a los ciento treinta mil dólares. Además, a través de su cónyuge, suscribió un fideicomiso para acceder a una propiedad veraniega de alta gama en las cercanías de Costa Esmeralda, desembolsando cincuenta y cinco mil quinientos dólares y casi cincuenta y un millones de pesos. La maniobra se completó cuando, al iniciarse las averiguaciones, Espert retiró ochenta mil dólares adicionales de su cuenta, un movimiento que los acusadores interpretan como un intento desesperado por poner a resguardo el efectivo.
La coartada del contrato con la empresa Minas del Pueblo, con sede en Guatemala y también ligada a Machado, se desvanece ante la evidencia recolectada. El texto del acuerdo, hallado en el domicilio del empresario en Viedma, estipulaba un millón de dólares por labores de reestructuración de deuda, lo que sugiere que el flujo de dinero podría haber sido aún mayor. No obstante, los peritajes indican que dicha compañía carecía de actividad operativa en la fecha estampada en el documento —el 7 de junio de 2019—, por lo que el fiscal lo tilda directamente de falso, una mera fachada para disimular la afluencia de capital ilícito. Esta conclusión se ve reforzada por los diálogos intervenidos entre Espert y su círculo contable, donde se percibe una expectativa casi ansiosa por alcanzar una banca en el Congreso que le proveyera de un salario en blanco y, con él, una coartada perfecta para sus finanzas.
Pero la madeja se enreda aún más al descubrirse un mecanismo paralelo de cambio de divisas que operó durante su mandato como diputado, entre 2024 y 2025. Según la reconstrucción fiscal, Espert habría manejado importantes sumas de dólares en efectivo, que entregaba a cambistas informales—los conocidos «arbolitos»—a cambio de pesos que luego ingresaban por vía bancaria a su cuenta. Esta rueda le permitió afrontar gastos con tarjeta de crédito que rondaban los quince millones de pesos mensuales, y todo indica que con esta metodología logró introducir en el sistema financiero alrededor de doscientos veinticinco millones de pesos. Los declarantes citados en esta parte de la pesquisa, en su mayoría, afirmaron desconocer que sus operaciones estaban destinadas al exlegislador, un detalle que profundiza el misterio sobre la magnitud real de sus activos no declarados.
Paralelamente, en los tribunales de Comodoro Py se tramita otro expediente que gravita como una espada de Damocles sobre la cabeza del economista. Este caso, instruido por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, también tiene a Machado como nexo y se originó con su detención, aunque el objeto de la investigación son los vuelos en aviones del empresario y el empleo de una camioneta blindada durante la campaña de 2019. Un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que salió a la luz tras la renuncia de Espert a su reelección, documenta al menos treinta y seis viajes en dichas aeronaves, una cifra que contradice abiertamente sus afirmaciones previas de haber visto a Machado en una única ocasión. Las fuentes consultadas indican que, una vez que se completen las pericias sobre el registro de los aviones —que no figuraban a nombre del empresario sino de la firma Med Aviación y su presidente, Marcelo Rodríguez—, el llamado a indagatoria de Espert por este expediente sería inminente. La confesión de culpabilidad de Machado por lavado y fraude en Estados Unidos, que dejó de lado los cargos de narcotráfico, no hace más que estrechar el cerco y complicar la posición del exdiputado, quien ve cómo su estrategia dilatoria se enfrenta a una creciente acumulación de pruebas que apuntan a un mismo destino: la posible imputación por un delito que, de confirmarse, podría empañar definitivamente su carrera política y su imagen de cruzado de las finanzas públicas.
