Aunque el exjefe de Gabinete confesó tener ahorros ocultos por medio millón de dólares, los primeros informes de los exchanges no avalan ni su inversión inicial ni las ganancias declaradas. El fiscal Pollicita ordenó un rastreo minucioso y ya habla de «inconsistencias» que podrían derivar en un pedido formal de justificación de bienes. Mientras tanto, la justicia le exige que notifique cualquier intento de salir del país.
En el expediente que investiga el enriquecimiento del otrora vocero presidencial, las piezas del rompecabezas financiero comienzan a mostrar fisuras. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ha recibido en las últimas jornadas un caudal de información proveniente de las plataformas de activos digitales que operan en el mercado local, sin embargo, los datos volcados en esos reportes distan de coincidir con la versión de los hechos que el propio Manuel Adorni esgrimió ante los micrófonos y en su declaración jurada. Ninguno de los informes remitidos por Binance y Lemon hasta el momento refleja el depósito inicial de 200.000 dólares ni los intereses por 300.000 que el exfuncionario aseguró haber generado en el volátil universo de las criptomonedas, sumas que, según su relato, habrían apuntalado el notorio salto en su nivel de vida durante los últimos dos años.
Lejos de las abultadas cifras mencionadas por Adorni en una entrevista televisiva, los documentos en poder del Ministerio Público Fiscal dan cuenta de movimientos de menor monta que no se condicen con la narrativa del ahora ciudadano particular. Ante esa disparidad, el representante del ministerio público ha decidido profundizar la pesquisa y cursó un nuevo oficio a las dos principales billeteras virtuales que operan en la Argentina. La instrucción es terminante: en un plazo perentorio de 72 horas, ambas empresas deberán precisar la identidad de los titulares que realizaron transferencias en activos digitales vinculadas a las cuentas del investigado, así como desglosar los montos exactos de cada transacción. En el escrito judicial, al que accedió este diario, el fiscal ya califica la situación como un escenario de «inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial», un dictamen técnico que, según fuentes cercanas al expediente, allana el camino para un eventual requerimiento de justificación de bienes.
La pulseada judicial se intensifica en paralelo a la silenciosa pero firme estrategia de los abogados defensores. Mientras el fiscal exige datos concretos a los exchanges, el entorno del exjefe de Gabinete busca contener el avance de la causa. El pedido de información a Binance se centra en todos los ingresos registrados en la cuenta asignada a Adorni durante un período acotado pero clave: desde el 23 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Por su parte, a Lemon se le ha solicitado una ampliación del reporte previamente entregado, abarcando un espectro temporal más extenso que corre desde enero de 2020 hasta finales de 2022. La requisitoria exige un nivel de detalle casi quirúrgico: el historial completo de movimientos en moneda local, divisas extranjeras y criptoactivos, incluyendo créditos, débitos, depósitos, extracciones, envíos, compras, ventas, conversiones, e incluso las direcciones de origen y destino de los fondos. El ministerio público no deja margen a la ambigüedad y también reclama la identificación de la vinculación de esas billeteras con cuentas bancarias tradicionales, otras plataformas digitales, tarjetas de crédito y cualquier otro medio de fondeo o retiro que pudiera haber utilizado el funcionario.
El hermetismo con el que Adorni manejó sus inversiones digitales durante su paso por la función pública contrasta con la repentina apertura de sus declaraciones juradas. Durante todo su mandato, el exvocero omitió sistemáticamente mencionar cualquier tenencia o movimiento en criptomonedas. No fue sino hasta el mes pasado, tras un prolongado tira y afloja con la Oficina Anticorrupción (OA), que presentó la declaración jurada correspondiente a 2025 e incluyó rectificaciones de sus presentaciones previas, donde consignó la existencia de «modas digitales, virtuales o cripto activos» que, según afirmó, habrían ingresado a su patrimonio en 2021 y 2023. Sin embargo, los montos declarados en pesos argentinos despertaron inmediatamente las sospechas de los peritos, quienes señalaron que las cifras no guardaban relación con los valores en dólares que el propio Adorni había ventilado en público. Para completar el círculo, en esa misma presentación tardía, el exfuncionario manifestó haber liquidado esos activos por un valor cercano a los 400 millones de pesos, equivalentes a unos 388.961 dólares al cambio de aquel entonces, una cifra que dista de los 500.000 dólares que reivindicó en los medios de comunicación.
El episodio más revelador de esta estrategia comunicacional ocurrió en una entrevista con el periodista José del Río en el canal LN+, donde Adorni, con una sinceridad que generó estupor en los círculos políticos y judiciales, confesó tener ahorros no declarados por valor de medio millón de dólares. Para justificar su abultado capital, relató que había invertido 200.000 dólares en 2014, una época en la que, según sus propias palabras, colocar dinero en Bitcoin era una apuesta de altísimo riesgo. No obstante, esta versión choca con sus propias intervenciones públicas en 2021, cuando en diversas charlas y entrevistas aseguraba tener un conocimiento nulo sobre el funcionamiento de las monedas virtuales. Esa confesión pública de evasión fiscal, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en el eje central de la investigación.
El monto de 500.000 dólares no es una cifra menor en el rompecabezas de la causa. Representa una porción significativa de los gastos suntuarios que Adorni deberá justificar ante la justicia. Durante sus dos años y medio en la cúspide de la administración pública, sus desembolsos fueron exorbitantes y, en muchos casos, se realizaron en efectivo, una modalidad que dificulta el rastreo del origen de los fondos. Entre los gastos más notorios que han quedado registrados en el expediente se encuentran los 245.000 dólares destinados a las refacciones de su casa en el barrio cerrado de Indio Cuá, el viaje a Aruba por 9.000 dólares, sus escapadas de lujo a hoteles cinco estrellas como el Llao Llao en Bariloche o los paquetes all inclusive en Gualeguaychú, sin olvidar el vuelo privado a Punta del Este que acaparó titulares. A estos dispendios se suman la adquisición de sábanas y sommiers por 8 millones de pesos, monitores gamer de alta gama y proyectores de última tecnología. La investigación también ha puesto bajo la lupa su mecánica para ocultar el rastro de ciertas erogaciones: el uso de tarjetas de crédito prestadas por terceros, cuyo saldo luego saldaba en efectivo, una práctica que le permitía difuminar el origen de los fondos. A ello se añaden sus operaciones inmobiliarias, tanto la compra de la casa en el country como la del departamento en el barrio de Caballito, transacciones que se cerraron con la participación de prestamistas de dudosa reputación y que han despertado todas las alarmas en la fiscalía.
En medio de este escenario de presión judicial, la defensa de Adorni intenta demostrar una falsa normalidad. Ante los rumores que circulaban en los pasillos del poder y que sugerían un posible éxodo del exfuncionario hacia Uruguay o incluso España, su abogado Matías Ledesma presentó un escrito en el que aseguraba que su cliente «se encuentra actualmente en el país, sin intenciones de salir del mismo en el futuro cercano». La presentación incluía una suerte de promesa de buena conducta, al afirmar que en caso de que «fuera a egresar del territorio nacional», daría aviso a las autoridades judiciales con la debida antelación. Este movimiento buscaba desactivar los pedidos de medidas restrictivas, como la detención o la prohibición de salida del país, que habían sido impulsados por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. No obstante, el juez Ariel Lijo, al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, ha optado por una vía intermedia: le ha exigido al imputado que informe formalmente si planea abandonar la jurisdicción nacional.
El fiscal Pollicita, en un intento por separar el grano de la paja, ha descartado temporalmente la existencia de un intento de obstrucción a la justicia basado en los mensajes encontrados en el teléfono celular del contratista Matías Tabar. En esos diálogos, previos a la declaración testimonial de Tabar, se advertía un ofrecimiento de «soporte» total al exfuncionario, lo que parecía apuntar a un intento de condicionar su testimonio. Sin embargo, el fiscal evaluó que, más allá de los llamados y ofrecimientos, en los propios dichos vertidos por el testigo no se advertía que hubiera existido una modificación de los elementos de prueba ni que el investigado hubiera influido directamente en la declaración, ya que Tabar no refirió haberse sentido hostigado o amenazado a raíz del intercambio de mensajes. A ello sumó el arraigo del imputado, quien posee domicilio fijo en el país, donde reside con su familia, y mantiene bienes registrados a su nombre.
Lo que sí ha puesto el fiscal sobre la mesa es la gravedad de las «inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial», un concepto jurídico que lo ubica en la antesala de una intimación formal. Según el artículo 268 (2) del Código Penal, la justicia puede requerir al investigado que justifique el origen de sus bienes cuando exista una desproporción entre sus ingresos lícitos y su patrimonio. «Considero pertinente que el investigado informe al Sr. Juez cualquier salida del país, a los efectos de que en tal oportunidad se evalúe la pertinencia y razonabilidad de su presentación», sostuvo el fiscal en su dictamen, dejando en claro que el cerco judicial se estrecha y que cualquier movimiento fuera de las fronteras argentinas será mirado con lupa.
Paralelamente, la ofensiva política contra Adorni no cesa. La diputada Marcela Pagano ha presentado una nueva denuncia en la que señala que el exjefe de Gabinete continúa haciendo uso de la custodia de la Policía Federal y de vehículos oficiales para sus desplazamientos cotidianos. Según la denuncia, esta protección especial se justificaría en supuestas amenazas que habría recibido, pero que, curiosamente, no han sido radicadas formalmente ni judicializadas. «La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime», enfatiza la presentación. La legisladora fue tajante al recordar que «la custodia oficial y los vehículos del Estado no constituyen una prerrogativa personal ni vitalicia, sino un recurso público afectado al ejercicio de la función». En su dictamen, Pagano sostiene que la continuidad de estos servicios a favor de quien ya no es funcionario importa destinar efectivos policiales, cuyos haberes se solventan con fondos públicos, y bienes del Estado —como vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos— a una finalidad ajena a aquella para la que fueron previstos, en claro beneficio de un particular. Los delitos que se le imputan en esta nueva arista son peculado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, figuras penales que, de ser comprobadas, podrían sumar un nuevo frente de tormenta en el ya complicado horizonte judicial del exvocero presidencial.
