Un minucioso expediente de 180 páginas elaborado por la Procuración General de la Nación determina que el exjefe de Gabinete no presentó un solo papel que acredite el origen de sus millonarias inversiones, reformas suntuosas y gastos en efectivo. El fiscal Gerardo Pollicita iniciará ahora el camino hacia una eventual indagatoria por enriquecimiento ilícito, mientras el abogado del funcionario elige el silencio como estrategia.
El extenso informe remitido este viernes por la Dirección General de Asesoramiento Financiero (DAFI) de la Procuración General de la Nación al fiscal Gerardo Pollicita ha puesto en evidencia lo que para muchos era un secreto a voces: el patrimonio de Manuel Adorni creció de manera exponencial y sin justificación alguna durante su paso por la función pública, y todas las excusas esgrimidas para tapar ese agujero negro financiero se han desmoronado una tras otra. El texto, que supera las ciento ochenta páginas, se convierte en un compendio de reiteraciones contundentes, donde la frase “no presentó documentación para acreditar este movimiento” emerge como un latigazo rítmico en cada análisis anual. La conclusión preliminar es arrasadora: ni en sus declaraciones juradas originales ni en las rectificatorias posteriores, presentadas con la intención de subsanar el olvido de medio millón de dólares, el exfuncionario logró respaldar con un solo comprobante el origen de los fondos que le permitieron saltar de apenas 25 millones de pesos en bienes a una fortuna cercana a los 944 millones.
El trabajo de la DAFI, minucioso hasta el agotamiento, desmenuza año tras año la evolución patrimonial de Adorni. En cada segmento temporal, el organismo dependiente del Ministerio Público contrasta lo declarado originalmente con lo rectificado posteriormente, y en ambos casos la conclusión es idéntica y lapidaria: el exjefe de Gabinete no aportó ni un recibo, ni una transferencia bancaria, ni un contrato de préstamo, ni extracto alguno que diera entidad legal a sus afirmaciones. Esta carencia documental resulta particularmente grave cuando se pone el foco en la famosa cifra de los 500.000 dólares, esos que Adorni aseguró haber “encontrado” en su propia memoria después de omitirlos en sus primeras presentaciones. Sobre esa suma monumental, el expediente es concluyente: no existe constancia, no existe origen, no existe movimiento bancario ni criptográfico que avale su existencia. Las plataformas de intercambio de activos digitales Binance y Lemon, consultadas por la justicia, fueron tajantes al informar que el exfuncionario jamás movilizó en sus cuentas cantidades que se aproximaran, ni siquiera de lejos, a las que él menciona en sus descargos.
La inconsistencia central del caso radica en la imposibilidad matemática de justificar un incremento patrimonial de esa magnitud con un sueldo mensual de 3.500.000 pesos. Consciente de esta flagrante desproporción, Adorni intentó construir una narrativa de manual de la suerte repentina: aseguró que halló 200.000 dólares que pertenecían a su padre, los invirtió en el volátil mercado de las criptomonedas y obtuvo una ganancia extraordinaria de otros 300.000 dólares. Sin embargo, esta fabulación se estrelló contra la realidad tecnológica cuando los informes de las billeteras virtuales desmintieron cualquier operación de ese calibre, y los expertos en la materia, como Fernando Molina y Maximiliano Firtman, ya habían anticipado la inviabilidad técnica de esa coartada. Frente a este panorama, el informe de la DAFI no solo señala las enormes diferencias numéricas, sino que recomienda al fiscal Pollicita que intime al imputado a presentar la documentación respaldatoria que hasta ahora se ha negado a exhibir.
El camino procesal que se abre a partir de este momento es el habitual en las causas por enriquecimiento ilícito, donde la lógica probatoria se invierte y es el propio funcionario acusado quien debe demostrar la licitud de sus fondos. El fiscal Pollicita, quien dedicará las dos semanas de la feria judicial a estudiar el voluminoso expediente, deberá formular un requerimiento formal en el que detalle cada una de las inconsistencias patrimoniales y de gastos detectadas, para que Adorni tenga la oportunidad de responder con pruebas concretas. Sin embargo, la conducta procesal del exjefe de Gabinete y su abogado, Matías Ledesma, no invita al optimismo respecto de una pronta aclaración. A lo largo de todo el proceso, la defensa ha optado por una estrategia de silencio y omisión, sin presentar ningún elemento documental que pudiera despejar las dudas. Los observadores judiciales interpretan esta actitud como una maniobra dilatoria, una espera ansiosa para ver si aparecía algún otro gasto, compra o mala noticia que pudiera empeorar aún más la situación.
El expediente no se limita a analizar los bienes declarados, sino que reconstruye con lujo de detalles la salida de fondos en efectivo que Adorni realizó en los últimos tiempos, y cada una de esas erogaciones agrega un nuevo interrogante al rompecabezas. El viaje a Nueva York con su cónyuge, Bettina Angeletti, y el supuesto desembolso de 5.000 dólares en efectivo para volar en clase ejecutiva fue apenas la primera ficha de un dominó que no tardó en derrumbarse. Luego apareció el video del vuelo en avión privado a Punta del Este, cortesía de su amigo Marcelo Grandío, un trayecto valuado en 9.000 dólares que Adorni afirma haber reintegrado también en efectivo, aunque sin prueba que lo certifique. A estos despliegues de lujo se sumaron unas vacaciones en Aruba, una semana de estadía en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche y un viaje de su esposa con sus compañeras de colegio a Madrid, todos pagados con dinero físico cuya procedencia permanece en las tinieblas.
La catarata de revelaciones continuó con la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, por el cual Adorni declaró haber pagado 230.000 dólares, una cifra que los agentes inmobiliarios de la zona calificaron de irrisoria para las características del inmueble, cuyo valor de mercado rondaría los 400.000 dólares. Para justificar esta compra, el exfuncionario recurrió al recurso de un préstamo de dos jubiladas que, en un acto de generosidad difícil de creer, no le cobraron intereses. Las reformas de esa propiedad, por su parte, demandaron otros 65.000 dólares, siempre en efectivo y siempre sin facturación. Pero el golpe más duro a la credibilidad de Adorni llegó de la mano del contratista Matías Tabar, quien declaró en el expediente que el exjefe de Gabinete desembolsó 245.000 dólares en efectivo para la construcción de una cascada, el sistema de calefacción de la pileta, diecinueve muebles de diseño, una parrilla y una isla de cocina en su casa del country. Todas estas obras, que Tabar detalló con precisión, fueron pagadas sin que mediara transferencia electrónica ni comprobante fiscal alguno.
El termómetro de la indignación pública alcanzó temperaturas insostenibles cuando se conoció que Adorni gastó 8 millones de pesos en la compra de sábanas de alta gama, pero con una maniobra tan burda como efectista: puso la factura a nombre de su secretaria, y realizó otros desembolsos utilizando las tarjetas de crédito de los empleados de la Casa Rosada para que su nombre no figurara en los registros de compras suntuosas. Esta práctica, que revela un conocimiento profundo de los mecanismos para ocultar el rastro del gasto, contrasta con la torpeza exhibida al intentar construir una defensa basada en hechos ficticios.
El episodio que terminó de sellar su suerte fue el relato de los 200.000 dólares heredados de su padre, un hombre que, según consta en autos, falleció endeudado y con tres juicios pendientes por impago de créditos, hipotecas y expensas. Esa suma, que Adorni dijo haber encontrado milagrosamente, no figura en el proceso sucesorio, no aparece en ninguna cuenta bancaria y, lo que es más grave, no tiene correlato con la parte que legalmente le correspondería a su hermano y a su madre. Cada pieza de este rompecabezas encaja mal con la siguiente, y el informe de la DAFI se encarga de señalar esas fisuras con la precisión de un cirujano.
Los testimonios recabados a lo largo de la instrucción, que incluyen las declaraciones de la escribana Adriana Mechevenko, las jubiladas que prestaron el dinero, los empleados de la Casa Rosada y el propio contratista Tabar, han sido cruzados con los informes de las plataformas cripto y las billeteras virtuales. De ese análisis integral surge una conclusión ineludible: las inconsistencias son mayúsculas, los gastos son desproporcionados y los ingresos son inexistentes. La palabra “inconsistencias” se repite como un mantra en el texto de la DAFI, y será el eje del requerimiento que Pollicita elevará al juez Ariel Lijo.
Los especialistas en derecho penal económico coinciden en que, una vez que Adorni reciba la intimación formal, lo más probable es que su defensa intente dilatar el proceso todo lo que el sistema judicial le permita. La experiencia indica que, detrás de estas estrategias, se esconde la falta de pruebas que puedan sostener una explicación razonable. Si el exfuncionario hubiera tenido documentación válida que acreditara el origen de sus fondos, la habría exhibido mucho antes, quizás incluso para conservar su puesto en el Ejecutivo, que el presidente Javier Milei sostuvo a un altísimo costo político. En cambio, prefirió el camino de las explicaciones endebles, los argumentos oscuros y las rectificaciones tardías, todo lo cual ha sido desmontado meticulosamente por el informe de la Procuración.
El paso siguiente, una vez que Adorni fracase en su intento de justificar el incremento injustificado de su patrimonio y de sus gastos, será la elevación a una pericia contable definitiva, que normalmente recae en los profesionales de la Corte Suprema de Justicia. Sobre la base de ese dictamen, el juez Lijo podría dictar la indagatoria por enriquecimiento ilícito y, casi con total seguridad, un procesamiento que sentaría las bases de un juicio oral. Mientras tanto, el silencio del abogado Ledesma y la ausencia de papeles en el expediente dibujan el retrato de un funcionario que, cuando debió explicar de dónde sacó el dinero para mantener su tren de vida de multimillonario, se quedó sin palabras y, lo que es peor, sin pruebas. La justicia, ahora, tiene la palabra y el tiempo corre en su contra.
