La organización de familiares de víctimas del atentado a la mutual judía comunicó que no ejercerá el rol de querellante en el proceso que se seguirá contra once acusados prófugos, al tiempo que puso en tela de juicio la eficacia de la herramienta judicial y reclamó que se priorice la búsqueda de la verdad por encima de cualquier resolución de compromiso.
En un pronunciamiento que conmueve los cimientos del expediente más emblemático del terrorismo en la Argentina, Memoria Activa ratificó su decisión de no integrar el frente acusador en el juicio en ausencia que se avecina contra los once imputados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido hace ya treinta y dos años. El anuncio, formulado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, no fue un mero gesto procesal sino una declaración de principios que pone el foco en lo que la agrupación considera el corazón del problema: la imposibilidad de transmutar información reservada de los servicios de inteligencia en evidencia apta para fundar un fallo condenatorio.
La voz autorizada de Diana Malamud, integrante de la entidad, se alzó con nitidez en la soleada mañana porteña para subrayar que el colectivo no persigue una sentencia a cualquier precio, sino el esclarecimiento integral de la masacre que enlutó a la comunidad judía y conmocionó a toda la sociedad argentina. “Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia, y no una respuesta conveniente”, enfatizó Malamud, en una frase que resume la postura ética que guía los pasos de la organización desde su nacimiento. Ese reclamo de autenticidad probatoria resuena con especial fuerza ahora que la Cámara Federal ya ha dado su visto bueno al procedimiento en rebeldía, mientras la Cámara de Casación aún debe expedirse sobre la cuestión, después de que la Unidad Fiscal especializada impulsara la apertura de esa instancia excepcional.
Lejos de sorprenderse por el devenir judicial, la dirigente anticipó con un tono teñido de escepticismo que el desenlace del proceso resulta previsible para cualquier observador atento. “No hace falta ser adivinos para imaginar cómo terminará”, disparó, aludiendo a las dificultades estructurales que arrastra una pesquisa signada por el hermetismo, las filtraciones y los vaivenes políticos. Sin embargo, la organización evitó encasillar su objeción en el plano constitucional, como podría suponerse, y desplazó el debate hacia un terreno mucho más espinoso: la naturaleza de los elementos de convicción disponibles. Malamud fue taxativa al diferenciar el cuestionamiento formal de la objeción de fondo, y aclaró que su reparo nunca fue primordialmente jurídico, sino epistemológico.
La reflexión de Memoria Activa interpela directamente a los operadores judiciales, al recordar que treinta y dos años de pesquisas no han logrado consolidar un acervo probatorio capaz de resistir el escrutinio contradictorio. En esa línea, la organización planteó una interrogación que queda flotando como un desafío para el tribunal: si el instrumento del juicio en ausencia está en condiciones de resolver lo que décadas de indagatorias no pudieron desentrañar. Porque, como insistió Malamud, para dictar una condena no bastan los informes elaborados por los organismos de inteligencia, por más exhaustivos que parezcan, sino que se requieren pruebas debidamente incorporadas, contrastadas y validadas conforme a las reglas del debido proceso.
El núcleo del problema, advertido con crudeza por la oradora, reside en lo que calificó como “el gran debate eludido” durante demasiado tiempo: la conversión de la inteligencia en material judicial. Ese pasaje, que en teoría debería ser riguroso y transparente, se ha vuelto el talón de Aquiles del expediente, toda vez que las sospechas sobre la participación de ciudadanos iraníes y libaneses descansan en gran medida sobre datos sensibles que jamás atravesaron el filtro del contradictorio. Memoria Activa, al renunciar al rol de querellante, no hace más que subrayar esa fractura y reclamar que el sistema no se contente con un veredicto simbólico, sino que se empeñe en desentrañar los mecanismos concretos que hicieron posible el atentado.
La postura adoptada por la organización no implica, de ninguna manera, un abandono de su lucha por justicia, sino todo lo contrario: una profundización de su exigencia de transparencia. Al no sumarse al juicio en ausencia, Memoria Activa se preserva para seguir interpelando a los poderes del Estado desde un lugar de independencia, sin atarse a los vaivenes de un proceso que consideran viciado en su base probatoria. La declaración de Malamud, pronunciada con la serenidad que otorgan los años de militancia, constituye un llamado de atención a la magistratura, al ministerio público fiscal y a la propia clase política, para que no confundan la celeridad procesal con la eficacia y, mucho menos, con la justicia.
En el trasfondo de esta decisión se percibe la amargura de quienes han visto frustrarse una y otra vez sus expectativas de esclarecimiento, pero también la entereza de quienes se niegan a claudicar en el reclamo de certezas. La negativa a ser parte acusadora en la causa que juzgará en rebeldía a los presuntos organizadores del atentado no es un gesto de desinterés, sino de coherencia: para Memoria Activa, la verdad no puede ser decretada por omisión, ni construida sobre cimientos endebles. Mientras el expediente avanza hacia su etapa de debate oral y público, la organización se erige en guardiana de un principio que considera irrenunciable: que la justicia no se agota en una condena, sino que exige el esfuerzo permanente por reconstruir los hechos con todas sus aristas, por dolorosas que resulten.
De este modo, la causa AMIA asiste a un nuevo capítulo de su atormentada historia, donde el protagonismo no recae en los acusados ausentes sino en las víctimas y sus familiares, que siguen reclamando que el Estado argentino cumpla con su deuda más pendiente. Malamud y los suyos han dado una lección de madurez cívica al poner por delante la calidad de la prueba por encima de la urgencia por clausurar el caso, conscientes de que una condena sin respaldo sólido no haría más que perpetuar la sensación de impunidad. La sociedad, entretanto, observa con atención los pasos de la Cámara de Casación, que deberá resolver si autoriza o no el procedimiento, mientras Memoria Activa reafirma su compromiso con una justicia que no se conforme con apariencias y que esté a la altura de la tragedia que marcó a fuego la historia reciente del país.
