El canciller Pablo Quirno participó de una cumbre convocada por Marco Rubio donde se evocaron los años 70 y se llamó a «aplastar» las expresiones contestatarias. Organismos de derechos humanos y legisladores de distintos espectros políticos denuncian un peligroso revival del Plan Cóndor y advierten sobre un posible intercambio de inteligencia que comprometería la soberanía nacional.
En un movimiento que ha encendido todas las alarmas en el arco político argentino, el canciller Pablo Quirno formalizó el alineamiento del gobierno de Javier Milei con la nueva cruzada emprendida por la administración de Donald Trump contra todo aquello que el Departamento de Estado etiquete como «terrorismo de izquierda». La decisión, adoptada en el marco de una cumbre internacional encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, desató un torrente de críticas y un pedido coordinado de informes por parte de la oposición, que teme que el país se vea arrastrado a una estrategia represiva de alcance continental similar a la que ensangrentó la región en la década de 1970.
El jueves pasado, Rubio convocó a representantes de más de sesenta naciones en una reunión que, según trascendió, tuvo un tono beligerante y revisionista. En su alocución, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que es imperativo «reconstruir la arquitectura antiterrorista» para derrotar una amenaza que, afirmó, resurge con fuerzas. Para ello, propuso restablecer mecanismos de intercambio de información de inteligencia y operaciones conjuntas entre fuerzas de seguridad. Lo más inquietante, sin embargo, llegó cuando Rubio y su asesor principal, Stephen Miller, evocaron explícitamente los años 70 como una era dorada de «combate efectivo», mencionando incluso a las organizaciones Montoneros y Tupamaros como ejemplos de lo que se debe aniquilar. Esa retórica, que glorifica tácitamente métodos que en su momento incluyeron secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos masivos, fue interpretada por especialistas como un guiño peligroso a las dictaduras del Cono Sur.
La sombra del Plan Cóndor se proyectó de inmediato sobre la cumbre. El juez Adrián Grünberg, quien presidió el tribunal que juzgó los crímenes de aquella asociación ilícita regional, recordó en diálogo con este diario que el acuerdo entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil implicaba un sistema organizado de represión, persecución y aniquilamiento de la oposición de izquierda, que incluía el libre tránsito de secuestrados entre países y la conformación de equipos de tarea que operaban con documentación falsa en territorio extranjero. «Es muy peligroso lo que está sucediendo», sentenció el magistrado, en eco de la preocupación generalizada.
El asesor presidencial Santiago Caputo, quien maneja los hilos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), salió a respaldar la iniciativa con un mensaje en redes sociales donde celebró que la administración Trump esté adoptando la «plataforma» que, según él, Milei viene «batallando en soledad» desde hace casi una década. «Si Occidente no identifica claramente a los enemigos que enfrenta y adapta sus instituciones, está condenado a morir», escribió Caputo, dejando entrever que la Casa Rosada no solo acompaña la cruzada, sino que ya podría estar compartiendo información sensible con Washington. Esta posibilidad fue el detonante para que distintos bloques opositores comenzaran a preparar iniciativas legales.
El diputado nacional Agustín Rossi, ex ministro de Defensa e interventor de la AFI, calificó la situación como una «caza de brujas» y adelantó que exigirán explicaciones sobre los alcances de los compromisos asumidos por Quirno. «La ultraderecha pasa del discurso macartista a la acción», alertó Rossi, quien vinculó esta ofensiva con la reciente creación del Escudo de las Américas, una coalición militar de la que Argentina forma parte, y que ahora podría servir como brazo operativo de esta nueva doctrina. Por su parte, la diputada del FIT-U, Myriam Bregman, también anunció un pedido de informes y denunció que la medida «preanuncia una estrategia para intervenir en todos los procesos políticos de América Latina». Bregman hizo un llamamiento a articular con los organismos de derechos humanos para dar «una respuesta contundente» ante lo que considera un avasallamiento de las libertades democráticas.
La inquietud no se circunscribe al arco opositor. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una alerta señalando que, dado el contenido del discurso de Rubio, con sus arengas antimarxistas y su condena genérica al «resentimiento disfrazado de justicia y liberación», la persecución podría extenderse a cualquier grupo opositor o manifestante social. Esta preocupación no es nueva para la entidad, que ya había denunciado en junio de 2024 los intentos del gobierno de Milei por instalar una agenda antiterrorista, cuando desde la Oficina del Presidente se calificó a los manifestantes que protestaban contra la Ley Bases como «grupos terroristas atacando el Congreso».
En la práctica, la administración argentina ya ha dado pasos concretos en esta dirección. En mayo del año pasado, cuando Patricia Bullrich aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad, un dibujante fue detenido y procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva, en un caso que las autoridades vincularon con los grupos «antifa» debido al hallazgo de una bandera alusiva durante un allanamiento. Más tarde, en octubre, el Gobierno creó un Centro Nacional Antiterrorista (CNA) dependiente de la SIDE, con el fin de intervenir en todo el «ciclo terrorista», desde la propaganda y el reclutamiento hasta la ejecución de atentados.
Precisamente, la amplitud de los criterios para definir a una organización como terrorista fue el centro de una severa advertencia que cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron al gobierno argentino días atrás. Los expertos, entre ellos Ben Saul (terrorismo) y Gina Romero (reunión pacífica), señalaron que las medidas vagas y excesivamente amplias «pueden dar lugar a una aplicación arbitraria y a abusos» y restringir el ejercicio de derechos fundamentales. Este pronunciamiento internacional, sumado a la presión interna, configura un escenario de creciente tensión, donde el gobierno de Milei parece decidido a profundizar su alineamiento incondicional con la estrategia de seguridad de Trump, mientras la oposición y los organismos de derechos humanos se preparan para librar una batalla legal y política en defensa de las instituciones y los derechos conquistados. La pregunta que hoy flota en el ambiente político es si esta nueva cruzada contra la «izquierda terrorista» será el preludio de una nueva era de persecución ideológica o si, por el contrario, la sociedad argentina tendrá la capacidad de frenar lo que muchos ya consideran un retroceso histórico.
