El ministro de Desregulación se convierte en el epicentro de una tormenta política y económica al impulsar la apertura total de la venta de campos a capitales foráneos, generando un fuerte rechazo social y cruces internos en el oficialismo, mientras los fondos de inversión internacionales acechan y los terratenientes locales presionan para concretar millonarias operaciones.
En el corazón del predio ferial de Palermo, mientras los últimos visitantes recorrían los corrales y stands de la tradicional exposición rural, una escena que pasó desapercibida para la mayoría de los presentes condensaba el momento más crítico de la política agropecuaria argentina. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y cerebro detrás del ambicioso plan de desmantelamiento normativo del Gobierno de Javier Milei, compartía la mesa del comedor del recinto con Nicolás Pino, flamante jefe de la Sociedad Rural Argentina. No se trataba de un encuentro protocolar ni de una mera cortesía entre funcionarios y referentes del campo; era la constatación palpable de una alianza estratégica que pretende modificar para siempre el mapa de la propiedad rural en el país.
El funcionario, que se mueve con la certeza de contar con el respaldo absoluto del Presidente para llevar adelante su cruzada desreguladora, ha puesto en el centro de su agenda la modificación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa, que en apariencia técnica esconde una verdadera revolución en el régimen de tenencia de la tierra, contempla la eliminación del histórico candado que impedía a los inversores extranjeros adquirir más del quince por ciento de las tierras rurales argentinas. Lo que para Sturzenegger y su equipo representa un paso natural hacia la modernización y apertura económica, para vastos sectores de la sociedad y la política se ha convertido en una amenaza a la soberanía nacional que ya está movilizando voluntades en las calles y en el Parlamento.
El rechazo popular no se ha hecho esperar. Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos agrarios han convocado a una marcha multitudinaria hacia el Congreso para el mismo día en que se debata la iniciativa, configurando un escenario de alta tensión que el oficialismo parece subestimar. La sensación que se desprende de los pasillos del poder es la de un gobierno que, empujado por una ideología de apertura absoluta, ha decidido avanzar sin medir las consecuencias políticas de sus actos, confiando en que el apoyo del empresariado y la promesa de inversiones millonarias compensarán el desgaste institucional y el malestar social.
Las últimas dos semanas han sido particularmente reveladoras del clima de ebullición que rodea a esta iniciativa. La Bolsa de Cereales, situada frente al mítico Luna Park, se transformó en un hervidero de actividades paralelas que poco tenían que ver con la comercialización de granos y mucho con el lobby, las presiones y las urgencias desatadas por la inminente modificación legal. Allí, en sus elegantes salones, se produjo un episodio que evidencia las fisuras internas del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, en el marco de un almuerzo con empresarios del sector agroindustrial, no ocultó su malestar y arremetió con dureza contra Sturzenegger, a quien responsabilizó directamente por lo que consideró una negligencia política de proporciones. La exministra de Seguridad cuestionó al economista por elaborar textos normativos que mezclan temáticas dispares y que, al no haber pasado por un proceso de consulta previa con los actores involucrados, terminan convirtiéndose en piezas inviables en el escenario parlamentario. Su crítica apuntaba al corazón del método de trabajo del ministro, acusado de actuar con autosuficiencia y prescindir de la indispensable tarea de tejer consensos que requiere cualquier reforma de esta magnitud.
Sin embargo, el lugar que albergaba las críticas de Bullrich era el mismo que, entre miércoles y jueves de esa misma semana, recibía a una delegación de fondos de inversión provenientes de Estados Unidos y Europa. La presencia de estos capitales no era casual. Los representantes de los grandes consorcios financieros internacionales llegaron a Buenos Aires con una agenda clara y un interrogante que se repetía en cada reunión: ¿cuándo podrán comenzar a comprar tierras argentinas sin restricciones? Entre los interesados se encontraban desde consorcios vinculados a la instalación de proyectos de Inteligencia Artificial, que veían en la llanura pampeana un lugar estratégico para sus desarrollos, hasta fondos de inversión tradicionales especializados en activos agropecuarios. Un representante de un fondo francés, en particular, mostró un interés especial por hacerse de propiedades en la zona núcleo agrícola, esa región fértil que es el corazón productivo del país. La ansiedad de estos capitales por conocer los plazos de implementación de la nueva normativa era tal que las preguntas sobre fechas se sucedían sin pausa, revelando un apetito insaciable por la tierra argentina que el gobierno parece decidido a satisfacer.
Esta situación ha llevado a más de un analista a reflexionar sobre una paradoja inquietante: la campaña de desprestigio que suele atribuirse a fuerzas externas interesadas en debilitar a la Argentina podría estar encontrando su principal aliado en el propio Estado nacional. Lejos de tratarse de una operación orquestada desde el extranjero, la ofensiva contra la soberanía territorial parece tener su origen en las propias oficinas del gobierno, donde Sturzenegger y Milei han decidido activar sin demora la venta libre de terrenos, generando una presión que el campo, lejos de resistir, ha decidido capitalizar a su favor. La Sociedad Rural, en este tablero, ha asumido un rol protagónico como bisagra entre el poder político y el capital internacional, transformándose en un actor clave para destrabar cualquier obstáculo que pudiera demorar la sanción de la ley.
La posición de Nicolás Pino al frente de la entidad ruralista no es neutral ni mucho menos. El dirigente, que se juega su reelección en los próximos comicios de la Sociedad Rural, ha manifestado públicamente que existe un número considerable de propietarios deseosos de desprenderse de sus campos, una afirmación que, leída en clave económica, adquiere dimensiones reveladoras. Lo que subyace a esta declaración es un cálculo frío y preciso: los dueños de la tierra, muchos de ellos herederos de grandes fortunas rurales que han visto multiplicarse sus propiedades a través de generaciones, han hecho las cuentas y saben que el negocio de vender al extranjero puede redituar ganancias que la producción agropecuaria por sí sola jamás podría generar en décadas de trabajo.
Fuentes con acceso a las negociaciones que se traman en las entrañas de la Sociedad Rural han confiado a este diario detalles escalofriantes sobre las operaciones que ya se están pergeñando. Los ofrecimientos a los fondos internacionales son concretos y millonarios: paquetes de diez mil hectáreas por valores que superan los treinta millones de dólares. Las provincias más codiciadas en este incipiente remate son Corrientes, con sus extensiones ganaderas; la Patagonia, con sus vastos territorios; y las llanuras de La Pampa y San Luis, regiones que concentran la mayor oferta de campos en venta. El negocio es tan lucrativo que desafía cualquier lógica productiva. Un campo agroganadero de doble cultivo, considerado un emprendimiento de altísima rentabilidad, puede facturar anualmente entre dos y tres millones de dólares. Para igualar lo que obtendría por la venta de la tierra a un fondo extranjero, el propietario debería esperar entre cuarenta y cincuenta años de trabajo ininterrumpido. La tentación es, evidentemente, irresistible.
Un veterano ganadero que recorre los campos desde hace décadas y conoce al dedillo las intimidades del sector, confesó con una sonrisa pícara que la verdadera reforma agraria en la Argentina no la están haciendo los gobiernos ni los planes de redistribución, sino las sucesiones familiares y las divisiones hereditarias. Su razonamiento era demoledor: si los actuales propietarios no venden ahora, en pocos años sus hijos y nietos se repartirán la herencia en fracciones cada vez más pequeñas, diluyendo el poder económico y simbólico que han ostentado durante siglos. La presión por concretar las ventas antes de que eso ocurra se ha convertido en una obsesión silenciosa en el seno de las familias patricias del campo argentino, que ven en esta ley una oportunidad única de hacer caja y asegurar el futuro de sus estirpes.
La reunión entre Sturzenegger y Pino en el comedor de la Rural no fue un hecho aislado, sino la punta de lanza de una serie de encuentros que buscan afinar los detalles de la normativa y asegurar la viabilidad política de la iniciativa. En esa mesa, junto al ministro y el dirigente ruralista, se sentaron también el canciller Pablo Quirno Magrane, el viceministro de Economía José Luis Daza, y por el lado de la Sociedad Rural, el candidato a vicepresidente de la entidad, el ingeniero agrónomo Carlos Odriozola, además de Eloisa Frederking, actual vice segunda de la organización. El menú de la conversación fue tan sustancioso como los platos servidos. Pino, sabiéndose con el apoyo de sus bases, le transmitió a Sturzenegger su respaldo a la ley, pero no sin antes plantear dos condiciones que reflejan las tensiones internas del sector. La primera, referida a las tierras de frontera, donde solicitó una especial consideración para evitar que la compra extranjera pudiera comprometer la seguridad nacional. La respuesta del ministro fue un rotundo rechazo, dejando claro que su proyecto no admite excepciones ni cortapisas. La segunda exigencia, aunque desvinculada de la temática de tierras, no por ello menos importante, apuntaba a preservar el esquema de financiamiento obligatorio que las cámaras empresarias realizan al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, un fondo que ha sido clave para el desarrollo de la comercialización de la carne argentina en el mundo. Sturzenegger, sin embargo, fue tajante: el Presidente le había dado el visto bueno para avanzar también en ese terreno, y no estaba dispuesto a ceder.
Mientras tanto, la figura de Patricia Bullrich emerge como un contrapeso dentro del oficialismo, aunque quizás más por una cuestión de estilos y ambiciones que por una verdadera oposición de fondo a la política de apertura. Su encuentro con Sturzenegger para pulir asperezas no logra ocultar que ambos representan dos formas antagónicas de entender la política: el ministro, el tecnócrata que legisla desde su escritorio con la certeza de la razón económica; la senadora, la política de oficio que sabe que las leyes se construyen en el territorio y en el Parlamento, y que un texto normativo sin consensos es un papel mojado. El choque entre ambos, más que ideológico, es un forcejeo por el manejo de la autoridad y la conducción de una agenda que el Presidente parece haber delegado en el economista sin considerar los costos políticos que ello implica.
Lo que esta puja revela, en el fondo, es una concepción del poder que prioriza la velocidad y la contundencia de las reformas sobre la construcción de acuerdos duraderos. Milei, obsesionado con la idea de que el capital privado es el único motor posible del desarrollo, se ha convertido en un aliado incondicional de los grandes inversores, dispuesto a sacrificar cualquier consideración soberana en aras de su ideología liberal. Cuentan quienes lo frecuentan que el Presidente está especialmente complaciente con el sector agropecuario, al que ve como un baluarte político en medio del derrumbe de la industria, el consumo y la construcción. Su estrategia es clara: ofrecer al campo todo lo que demande a cambio de un apoyo incondicional que le permita sostenerse en un contexto de crisis económica y social.
En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha debido aceptar a regañadientes un esquema de reducción paulatina de las retenciones a las exportaciones de carne vacuna, que las llevaría a cero para el año 2027. El Presidente, según las mismas fuentes, planea incluir este anuncio en su discurso de cierre de la exposición rural, a sabiendas de que «Toto» ve con preocupación cómo los ingresos fiscales comienzan a resentirse y ponen en peligro las metas del superávit que tanto ha costado lograr. La tensión entre el ideario liberal del Presidente y las necesidades concretas de la administración económica se hace cada vez más evidente, y la ley de tierras se convierte en el campo de batalla donde se dirimirán estas contradicciones.
La Sociedad Rural, en este contexto, ha mutado su naturaleza. Lejos de ser una mera cámara que defiende los intereses de los productores, se ha transformado en una suerte de agencia de colocaciones de campos, un intermediario que conecta al Estado con los capitales foráneos y los propietarios locales que ansían realizar la venta de sus vidas. Pino, presionado por sus bases y consciente de que su reelección depende en buena medida de la concreción de esta ley, ha redoblado sus esfuerzos para que el remate de superficies sea una realidad cuanto antes. «Tengo el celular estallado de gente que me está diciendo que quiere vender tierras», confesó a los funcionarios nacionales durante el almuerzo, en una frase que resume la voracidad que se ha desatado en el sector.
Ni siquiera la oposición dentro de la propia Sociedad Rural representa un contrapeso real. Su competidor electoral, el actual vicepresidente de la entidad, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born, tiene entre sus socios a inversores extranjeros que ya le habrían manifestado su deseo de ampliar sus tenencias en el país. La competencia entre Pino y Pereda, más que una disputa ideológica, parece una carrera por ver quién obtiene mejores condiciones para los capitales foráneos y quién logra capitalizar políticamente el proceso de extranjerización de la tierra. El barco de la Sociedad Rural navega en una única dirección, y los pocos que intentan oponerse a la corriente son rápidamente arrinconados.
La muestra de Palermo, que este domingo cierra sus puertas con la presencia estelar del Presidente Milei, ha sido el escenario perfecto para que esta trama se despliegue en toda su complejidad. Los pasillos del predio, las conversaciones en los boxes, los almuerzos de negocios, todo ha estado atravesado por el rumor de la inminente reforma y las millonarias operaciones que se avecinan. Mientras los visitantes admiraban los ejemplares de ganado y las últimas innovaciones tecnológicas para el campo, en las oficinas y los salones privados se cocinaba una de las transformaciones más profundas en la estructura de propiedad rural desde la sanción de la ley de tierras en tiempos de la dictadura militar.
El desafío para el gobierno de Milei, sin embargo, será gestionar las consecuencias políticas de esta apertura. La marcha al Congreso que se prepara es solo el primer síntoma de un malestar que podría extenderse a otras capas de la sociedad. La discusión sobre la soberanía alimentaria, la seguridad nacional y el derecho a la tierra son temas que resuenan en el imaginario colectivo y que ningún gobierno puede ignorar impunemente. Sturzenegger, desde su despacho, parece confiar en que la razón económica y el respaldo del Presidente son suficientes para imponer su visión. Pero la política argentina tiene sus propias leyes, y el Parlamento, con sus dinámicas de poder y sus negociaciones cruzadas, podría convertirse en el cementerio de sus ambiciones desmedidas.
Mientras tanto, los fondos de inversión esperan, los terratenientes hacen cuentas, los campesinos y organizaciones sociales se movilizan, y la Argentina se encuentra nuevamente en una encrucijada que definirá su modelo de desarrollo para las próximas décadas. Lo que está en juego no es solo la propiedad de algunos campos, sino la concepción misma del país como un territorio con soberanía o como una vasta concesión abierta a los capitales del mundo. El desenlace de esta batalla, que se libra en las mesas de negociación, en los pasillos del Parlamento y en las calles, marcará un antes y un después en la historia reciente de la nación.
