A horas de la sesión prevista para este jueves, el Gobierno enfrenta un panorama cada vez más complejo para lograr la aprobación de los cambios en la normativa sobre tierras rurales. El rechazo de legisladores considerados cercanos al oficialismo, sumado a las críticas de gobernadores y senadores de distintas provincias, pone en duda la posibilidad de alcanzar la mayoría necesaria y reaviva el debate sobre la extranjerización del territorio nacional.
La discusión por la reforma de la Ley de Tierras ingresó en su tramo decisivo con un escenario de creciente incertidumbre en el Senado de la Nación. La sesión convocada para este jueves 6 de agosto se presenta como una de las más difíciles para el oficialismo, que en las últimas horas comenzó a perder apoyos fundamentales y observa cómo se aleja la posibilidad de reunir los votos indispensables para convertir en ley una de las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.
El panorama se complicó luego de que varios legisladores, algunos considerados aliados del Gobierno, confirmaran públicamente que votarán en contra del proyecto. A esas definiciones se sumaron fuertes cuestionamientos de gobernadores que rechazaron la flexibilización de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una de las modificaciones más debatidas de la iniciativa.
Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo reveló que mantuvo conversaciones con las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, quienes le confirmaron que no acompañarán la reforma. Según explicó el mandatario, ambas mantienen una postura firme y no modificarán su decisión durante el tratamiento parlamentario.
Jaldo también puso el foco en las modificaciones de último momento que sufrió el proyecto, interpretándolas como una señal de las dificultades que enfrenta el oficialismo para conseguir el respaldo suficiente. A su entender, los cambios introducidos responden a la falta de consensos dentro de la Cámara alta y evidencian que el Gobierno todavía no logra reunir la cantidad de votos necesaria para aprobar la iniciativa.
El mandatario tucumano fue además categórico al fijar su posición respecto de la propiedad de las tierras rurales. Remarcó que Argentina debe continuar recibiendo inversiones y promoviendo la producción, pero sostuvo que eso no puede significar la venta del territorio nacional a ciudadanos extranjeros. En ese sentido, insistió en que las tierras deben permanecer en manos de argentinos, al considerar que se trata de un recurso estratégico para el desarrollo y la soberanía del país.
Las dificultades para el oficialismo también quedaron expuestas con la definición del senador radical por La Pampa, Daniel Kroneberger, quien despejó las dudas sobre su postura y confirmó que rechazará el proyecto. El legislador aseguró que las modificaciones incorporadas durante las negociaciones no alteraron su posición y reiteró sus cuestionamientos a la flexibilización de la normativa vigente.
Entre los cambios propuestos figura la ampliación del porcentaje máximo de tierras rurales que podrán estar en manos extranjeras, pasando del 15 al 25 por ciento en cada provincia, además de otorgar a las administraciones provinciales facultades para intervenir mediante mecanismos de veto. Sin embargo, Kroneberger sostuvo que esas modificaciones no resuelven las objeciones planteadas desde el inicio del debate y reiteró que considera inaceptable avanzar con un esquema que facilite la compra de campos por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.
Mientras tanto, continúa la expectativa sobre la posición que adoptará la también pampeana Victoria Huala, representante del PRO. Hasta el momento no hizo pública su decisión, aunque trascendió que los cambios introducidos al proyecto podrían acercarla a una postura favorable al oficialismo.
Otro de los rechazos que complican el escenario parlamentario proviene del senador radical por Catamarca, Flavio Fama, quien adelantó que no respaldará el capítulo referido a las tierras rurales. El legislador aclaró que no se opone al ingreso de inversiones extranjeras, pero considera que el ordenamiento jurídico vigente ya ofrece herramientas suficientes para promover proyectos productivos sin necesidad de modificar la legislación sobre la propiedad de la tierra.
En ese sentido, recordó la existencia del derecho real de superficie previsto en el Código Civil y Comercial como un mecanismo que permite desarrollar inversiones sin alterar el régimen de dominio de los inmuebles rurales. Para Fama, esa alternativa vuelve innecesario el cambio que impulsa el Gobierno.
El senador catamarqueño, además, solicitó participar de la sesión de manera virtual debido a que se encuentra imposibilitado de viajar como consecuencia de una reciente intervención quirúrgica en una de sus rodillas.
Aunque confirmó que acompañará otros apartados de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora reformas vinculadas con expropiaciones, desalojos y registros, dejó en claro que sus cuestionamientos se concentran exclusivamente en la modificación del régimen de tierras rurales.
Fama también cuestionó las prioridades legislativas fijadas por el Poder Ejecutivo y sostuvo que existen asuntos de mayor urgencia que deberían ocupar la agenda parlamentaria. Entre ellos mencionó la discusión del Presupuesto nacional, una eventual reforma política, la actualización de la legislación sobre salud mental, el régimen de biocombustibles y las políticas vinculadas a las zonas frías, al considerar que esos temas tienen un impacto más directo sobre la vida cotidiana de la población.
Asimismo, recordó que el proyecto ya debió postergarse en oportunidades anteriores por falta de acuerdos y opinó que cualquier modificación profunda del régimen de tenencia de tierras por parte de extranjeros debería debatirse mediante una ley específica, con un tratamiento independiente y un amplio consenso político.
Las críticas a la reforma también encontraron eco en la Patagonia. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a manifestarse públicamente en contra de la extranjerización de las tierras y ratificó que su administración impulsa políticas destinadas a garantizar que esos inmuebles permanezcan en manos de ciudadanos argentinos.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario recordó que su gestión ya envió a la Legislatura provincial un proyecto para establecer que las tierras neuquinas sean prioritariamente destinadas a argentinos. En esa línea, sostuvo que el desarrollo económico debe sustentarse en la producción y no en la transferencia del territorio a propietarios extranjeros, reafirmando que su gobierno no acompañará iniciativas que faciliten ese proceso.
Con el rechazo confirmado de varios senadores y el endurecimiento de la postura de distintos gobernadores, la votación prevista para este jueves se transformó en una prueba de alto riesgo para el oficialismo, que deberá intentar revertir un escenario cada vez más adverso si pretende convertir en ley una reforma que genera profundas diferencias políticas y reaviva un histórico debate sobre la propiedad de la tierra, la soberanía nacional y el modelo de desarrollo productivo que debe seguir la Argentina.
