En una ceremonia cargada de simbolismo militar y respaldo internacional, el millonario abogado Abelardo de la Espriella, de doble nacionalidad y cercano a Donald Trump, juró este viernes como nuevo presidente de la nación. Su llegada al Palacio, que sepulta definitivamente los intentos conciliadores del gobierno saliente, anuncia un viraje frontal en la estrategia de seguridad, con Washington como socio privilegiado y la hoja de los acuerdos de paz definitivamente arrancada del calendario oficial.
La República de Colombia amaneció este viernes bajo un nuevo signo político, tan polarizante como el que lo antecedió, pero diametralmente opuesto en su esencia y métodos. En un acto desarrollado en la ciudad de Cali, que combinó la solemnidad institucional con la parafernalia castrense, Abelardo de la Espriella asumió formalmente la primera magistratura del país, investido por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien le impuso la banda tricolor en el pecho mientras los ecos de veintiún cañonazos de salva retumbaban desde la capital bogotana. Con ese estruendo militar, la nación no solo saludaba a su nuevo mandatario, sino que parecía despedir, con un portazo sonoro, la era de los intentos de diálogo y la búsqueda de salidas políticas al conflicto armado.
El flamante jefe de Estado, un jurista de 48 años cuya fortuna personal y vínculos con el empresariado han sido objeto de escrutinio, no tardó en definir los contornos de su administración. Ante una audiencia selecta que reunió a jefes de Estado de todo el continente, así como a figuras del deporte y la realeza europea, De la Espriella –quien además posee la ciudadanía estadounidense y se ha declarado abiertamente admirador del exmandatario Donald Trump– realizó un juramento que muchos interpretaron como una declaración de principios. Sin embargo, fue en el Cantón Militar Pichincha, adonde se trasladó de manera sorpresiva tras abandonar el auditorio principal, donde desnudó sin ambages el espíritu de su gobierno. «Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad», proclamó con voz firme, sentenciando que su misión histórica será «cerrar un largo capítulo de resignación nacional».
Esa frase, pronunciada ante un selecto grupo de altos mandos castrenses, no fue un mero recurso retórico. Constituyó, en los hechos, el epitafio de las políticas conciliadoras impulsadas por su antecesor, Gustavo Petro, el primer izquierdista en ocupar el Palacio, cuya gestión concluyó en medio de un creciente escepticismo ciudadano y un recrudecimiento de la violencia en territorios periféricos. De la Espriella, que ha adoptado el apelativo de El Tigre para granjearse una imagen de determinación férrea, fue explícito al calificar como «fallidos» los planes de paz que el gobierno saliente intentó tejer con las organizaciones que trafican con cocaína, en un país que ostenta el triste récord mundial de producción de esta sustancia. En su discurso inaugural, el nuevo presidente no dejó resquicio alguno para la ambigüedad: su administración no contemplará asideros negociadores con los grupos armados ilegales, sino que desplegará toda la fuerza del Estado para someterlos, en un giro que promete estrechar aún más los lazos de cooperación antidrogas y antiterroristas con Washington.
La ceremonia de transmisión de mando, celebrada en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, estuvo lejos de ser un evento protocolar menor. Más de un millar de invitados, entre los que sobresalían figuras como el rey Felipe VI de España, los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), y los mandatarios de Paraguay, Panamá, República Dominicana y Honduras, atestiguaron el relevo generacional en la cúpula del poder andino. La ausencia, sin embargo, fue tan elocuente como la presencia: el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz por los acuerdos con las FARC, y Ernesto Samper no fueron convocados, un desaire que subraya el distanciamiento del nuevo mandatario con el establishment político que impulsó los procesos de diálogo. En contraste, figuras como Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, abanderados históricos de la línea dura, ocuparon lugares prominentes, evidenciando el retorno al poder de una corriente política que prioriza la solución militar por encima de las mesas de concertación.
El flamante presidente, acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro vástagos menores de edad, quiso además enviar un mensaje simbólico de apertura hacia el sector productivo al tomar juramento a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, teniendo como testigo de excepción al campesino Luis Felipe Yagüé, un hombre de 74 años que encarna, según explicaron fuentes cercanas al mandatario, el respaldo del nuevo gobierno a los pequeños empresarios y emprendedores del agro nacional. Este gesto, cuidadosamente escenificado, pretendió matizar la imagen de un gobernante acaudalado y conectado con las élites internacionales, mostrándolo como un líder sensible a las bases productivas del país.
No obstante, la atmósfera de euforia controlada que reinó entre los asistentes contrastó con la tensión subterránea que atraviesa la nación. El ahora expresidente Petro, cuya salida del poder no ha sido reconocida por el nuevo mandatario, ha anunciado que desconocerá la legitimidad de este relevo, sembrando una semilla de incertidumbre jurídica y política que amenaza con enquistar la transición. Mientras tanto, las fuerzas militares, que fueron las primeras en recibir el saludo del nuevo comandante en jefe, se preparan para una escalada en las operaciones contra los disidentes de las extintas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones que en los últimos meses habían expandido su control territorial al amparo de los cese al fuego bilaterales impulsados por la administración saliente.
Con el juramento de De la Espriella, Colombia inicia así un capítulo incierto pero definido por la confrontación. La promesa de «recuperar la autoridad» resuena con fuerza en las ciudades, cansadas de la inseguridad, pero genera aprensión en las regiones rurales, donde la historia ha demostrado que las ofensivas militares suelen traducirse en desplazamientos forzados y sufrimiento civil. El nuevo gobernante, que asume para un cuatrienio, tiene por delante el desafío de equilibrar su retórica belicista con la urgente necesidad de reconstruir un tejido social desgarrado por décadas de violencia, y de demostrar que su mano dura no es sinónimo de insensibilidad, sino de una estrategia integral que, según sus palabras, devolverá la libertad y el orden a una patria que, en su diagnóstico, había renunciado a soñar con la paz a través de la fuerza de la ley.
