La media sanción del proyecto de ley de Propiedad Privada, despojado de sus capítulos más polémicos, ingresó a Diputados pero será congelado por al menos un mes. La rebelión de los gobernadores, el enfriamiento de la reforma política y la presión opositora obligan a la Casa Rosada a recalentar motores y priorizar temas menos espinosos, como la reforma del Banco Central, mientras el peronismo busca capitalizar el descontento popular con una batería de iniciativas sobre deudas, discapacidad y universidades.
El escenario político argentino amaneció esta semana con un cuadro de situación complejo para el oficialismo, luego de que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había obtenido media sanción en el Senado, llegara a la Cámara de Diputados con un futuro incierto y un plazo de espera que ya se extiende, como mínimo, hasta las postrimerías del invierno. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, ha decidido postergar su tratamiento por espacio de treinta días, un lapso que los analistas políticos interpretan como una suerte de cuarentena forzosa destinada a recomponer los lazos, hoy resquebrajados, con los gobernadores que el pasado jueves le dieron la espalda a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una sesión que marcó un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias.
La iniciativa original, que en su travesía por la Cámara alta fue despojada de artículos neurálgicos como los referidos a la extranjerización de tierras o las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, conserva sin embargo disposiciones que han encendido todas las alarmas en el espectro opositor y en organizaciones sociales. Entre ellas, se destacan las restricciones al Estado para llevar adelante expropiaciones y, sobre todo, la implementación de desalojos exprés, una herramienta legal que, de ser aprobada, podría afectar directamente a millones de familias que han visto deteriorada su capacidad de pago en medio de la recesión y la política de ancla salarial impulsada por el gobierno libertario. Fuentes del bloque peronista en Diputados confiaron a este diario que su estrategia será la de «encauzar el debate detrás de actores que le aporten humanidad a la discusión», buscando contraponer la dureza técnica del proyecto con las historias de vida de los deudores hipotecarios y los inquilinos que sufren la desregulación de alquileres y tarifas.
Mientras tanto, la oposición se apresta a desplegar una agenda propia que conecte directamente con los padecimientos cotidianos de la población, en un claro contrapunto con las prioridades legislativas del oficialismo. En ese sentido, los bloques opositores ya perfilan una serie de proyectos que buscan dar respuesta a la crisis de endeudamiento que afecta a casi veinte millones de argentinos, según reveló un reciente informe de la consultora Analytica. Pero la ofensiva no se detiene allí: también se prevé prorrogar la Emergencia en Discapacidad, un reclamo que el Gobierno nacional ha demorado en atender y que está próximo a vencer, así como retomar con fuerza la discusión sobre el financiamiento universitario y la crítica situación del PAMI, dos temas de alto voltaje social que prometen mantener caliente el debate en el recinto.
La derrota política que el oficialismo se empeña en no nombrar ha proyectado sus esquirlas con especial virulencia sobre la agenda de la Cámara Baja. El proyecto de reforma política, que ya venía enfriándose incluso antes de la sesión del jueves en el Senado, ha quedado relegado a un segundo plano, con los optimistas del bloque aliado apostando a que su reactivación recién podría darse con la llegada de la primavera, quizás en septiembre u octubre, siempre y cuando los acuerdos electorales lo permitan. En su reemplazo, el bloque libertario concentra ahora sus esfuerzos en impulsar la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Proyecto de Inocencia Fiscal, iniciativas que los propios operadores parlamentarios califican como «menos dolorosas» y que buscan no tensar aún más la cuerda con los mandatarios provinciales. La idea, según confiaron a este medio, es «juntar tres o cuatro proyectos que sean lo menos conflictivos posibles», abandonando la intención de sesionar el 18 de este mes y postergando sine die el debate sobre la inviolabilidad de la propiedad.
El malestar de los gobernadores no es un dato menor, sino el epicentro de la crisis política que atraviesa el Gobierno. El jueves pasado, cinco mandatarios de distintas extracciones políticas le volvieron la espalda a Bullrich en el Senado: el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua, los peronistas del norte Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, y el neuquino Rolando Figueroa. Este gesto de rebeldía provincial tiene una lectura profunda: el gobierno libertario estiró tanto los plazos y llevó la discusión a extremos tales que, según una encuesta de la consultora CEOP, el 66% de los ciudadanos consultados cree que el presidente Javier Milei no es patriota. En el imaginario colectivo, el proyecto ya se instaló como la «Ley de Tierras», un rótulo que los eufemismos oficialistas no han podido desterrar. La propia Bullrich, al frente de su bancada, interpreta esta situación como una suerte de abandono orquestado desde la mesa política de la Casa Rosada, que habría cortado puentes con las provincias con el único fin de exponerla a ella, en una represalia por su manifiesta autonomía dentro del gabinete.
El vacío de poder que dejó la Casa Rosada en esta tormenta fue rápidamente capitalizado por el peronismo, que exhibió una inusual unidad y capacidad de reacción. Desde la Avenida del Libertador, el exministro Sergio Massa mantuvo contacto directo con los mandatarios rebeldes, a quienes les insistió con que el Gobierno solo les ofrece «chupetines de madera», mientras aportaba insumos críticos contra el diputado Joaquín Benegas Lynch. Por su parte, el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió los despachos parlamentarios sin cesar, y la experimentada operadora política Juliana Di Tullio se abocó a la impugnación de Benegas Lynch, sin soltar el poroteo de los votos necesarios. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por su lado, aseguró los votos de los legisladores santacruceños, consolidando un frente de resistencia que tiene en el affaire Benegas Lynch su punto de mayor ebullición. El polémico diputado, conocido por ser el «guitarrista» de la banda del presidente y asesor de millonarios extranjeros interesados en adquirir tierras argentinas, calificó a los aliados provinciales de «tibios del medio», lo que provocó la reacción iracunda del santacruceño José Carambia, quien junto a la senadora Natalia Gadano abandonó el grupo de WhatsApp del bloque en medio de cruces de acusaciones y la contundente frase: «No nos llamen más». Bullrich tiene por delante la titánica tarea de recomponer un vínculo que ha quedado seriamente dañado.
A pesar de este clima de guerra fría y distribución de culpas, el oficialismo no ha dado de baja la comisión de Legislación General del Senado, convocada para este martes, con el fin de discutir la Ley de Sociedades impulsada por Federico Sturzenegger. Este proyecto, que crea figuras inéditas en el derecho argentino como las Sociedades Automatizadas capaces de funcionar mediante inteligencia artificial y algoritmos sin intervención humana directa, ha generado un nuevo foco de tensión interna. El viernes en Casa Rosada, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no disimuló su enojo con el exministro de Economía, y la bajada de línea fue clara: esconder por un tiempo la agenda de «el Coloso» para avanzar solo con los temas que el presidente considera relevantes, como la reforma del Banco Central. A esta confusión se sumó el caos logístico generado por el decreto que desreguló el servicio de practicaje en los puertos, medida que provocó la paralización de más de 140 buques de carga y sumó un nuevo dolor de cabeza a la gestión. Sin embargo, desde el entorno de Sturzenegger aseguran que todas sus iniciativas cuentan con el aval explícito del primer mandatario.
Para cerrar una semana de vértigo, el miércoles próximo, funcionarios del Palacio de Hacienda asistirán al plenario de comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación Nacional para brindar explicaciones a los senadores sobre el SUPER RIGI, la ley que busca favorecer a los monopolios tecnológicos con beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos por un período de treinta años. La discusión promete ser álgida, en un contexto donde el gobierno parece haber perdido el control de la narrativa y la oposición se apresta a recuperar la iniciativa legislativa con una batería de proyectos que, según sus impulsores, reflejan las verdaderas urgencias de una sociedad golpeada por la recesión y la incertidumbre.
