El alineamiento automático con la nueva doctrina de seguridad de Washington, impulsada por Marco Rubio, introduce una agenda que equipara disidencia social y política con el terrorismo. Organismos de derechos humanos y legisladores opositores denuncian que bajo el manto de la lucha contra el «terrorismo político» se esconde un andamiaje legal e institucional para criminalizar la protesta y acechar a las voces críticas, en un contexto de creciente movilización popular y sumisión a intereses foráneos.
En las últimas jornadas, el escenario político argentino se ha visto sacudido por un viraje discursivo y estratégico de suma gravedad. El Presidente, Javier Milei, ha irrumpido con un diagnóstico que estremece los cimientos del debate democrático: en las calles donde se gestan las manifestaciones contra sus políticas, han germinado actos de naturaleza terrorista; y en las aulas universitarias y las redacciones periodísticas, anidan individuos que, tras una apariencia académica o profesional, ocultarían un propósito subversivo. Esta declaración no es un mero exabrupto retórico, sino la punta de lanza de una nueva fase en su mandato, que trasciende la batalla cultural para adentrarse en el terreno de la seguridad y la inteligencia, con un explícito alineamiento a la doctrina de los Estados Unidos.
La preocupación no es menor. Organismos de derechos humanos, en estado de máxima alerta, advierten que este discurso podría ser el preludio de la implementación de medidas de excepción que allanarían el camino para una persecución política sistemática. El temor se fundamenta en hechos concretos que han tenido lugar en las últimas semanas, trazando un mapa de conexiones y compromisos que vinculan la Casa Rosada con los centros de poder de Washington en materia de inteligencia y contraterrorismo.
El detonante de esta escalada puede rastrearse en una cumbre celebrada en el Departamento de Estado estadounidense, a la cual Milei envió a su canciller, Pablo Quirno, y al número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez. En aquel encuentro, el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó un giro paradigmático en la hipótesis de amenaza que había regido durante los últimos veinticinco años, centrada en el terrorismo de raíz islámica. La nueva directriz, según Rubio, es ampliar el foco hacia el resurgimiento del «terrorismo político». Para despejar cualquier ambigüedad, el funcionario estadounidense fue explícito: aludió a organizaciones latinoamericanas como Montoneros o los Tupamaros como ejemplos de esta categoría, sentenciando que ese flagelo podía ser vencido porque así se había logrado en el pasado. La fórmula, simple y alarmante, consistía en compartir inteligencia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad a ambos lados del continente. La cumbre, en esencia, trazó un mapa conceptual donde la izquierda se convierte en sinónimo de terror, y la disidencia, en un blanco legítimo de una guerra sin cuartel.
Ante este escenario, el diputado nacional Agustín Rossi elevó un pedido formal a la Cancillería para que se revelen los pormenores de lo conversado por el canciller Quirno en aquella reunión y, crucialmente, a qué compromisos se ató la Argentina. La respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores fue, cuanto menos, elocuente: la información no será proporcionada hasta dentro de al menos quince días hábiles, un plazo que los sectores opositores interpretan como una dilación deliberada para ocultar el alcance de la sumisión a la agenda extranjera.
La trama se espesa con la visita a Buenos Aires del número dos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Andrew Bailey, tan solo una semana después de la cumbre en Washington. Bailey se entrevistó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y realizó una visita a las instalaciones del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que depende orgánicamente de la SIDE. Esta reunión, crucial por su significado, se habría llevado a cabo el 29 de julio, pero la noticia fue oficializada por la Casa Rosada recién diez días después. Fue la propia agencia estadounidense la que, a través de sus redes sociales, publicó imágenes del encuentro, acompañadas de un mensaje que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la cooperación: «Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras». La fotografía de Bailey junto a las autoridades de la SIDE y el embajador Peter Lamelas se convirtió en la evidencia gráfica de la nueva alianza estratégica.
En la misma sintonía, Lago Rodríguez, desde su cuenta en la red social X, agradeció públicamente haber sido recibido por el Centro Contraterrorista de los Estados Unidos, un organismo creado en la estela de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde la SIDE, el objetivo es presentar al CNA —cuyo nacimiento en octubre del año pasado coincidió con el respaldo explícito de Trump a la candidatura de Milei— como el espejo y contraparte regional de ese poderoso centro estadounidense. No se trata de una coincidencia. El CNA es, en esencia, la cristalización de los acuerdos internacionales que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza, y la propia SIDE no oculta su orgullo al afirmar que fue gestado en colaboración directa con el FBI, jactándose de ser el primero de su tipo en América Latina.
Analistas consultados advierten que la implementación de esta agenda antiterrorista va mucho más allá de un mero gesto simbólico. Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que «la agenda antiterrorista es uno de los ejes principales de la política exterior del Gobierno, y hace al alineamiento con los Estados Unidos e Israel». La especialista profundizó señalando que esta política se inscribe en la estrategia de seguridad estadounidense, de la cual Argentina se vuelve partícipe activa. «En ese marco, la migración y el terrorismo se convierten en ejes centrales y cualquier disidencia política en la región puede ser encuadrada como terrorismo, junto con el conflicto social, el crimen organizado y el narcotráfico», apostilló Claudio Pandolfi, docente en la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús.
La advertencia es compartida por la diputada nacional Myriam Bregman, quien enfatizó que este discurso antiterrorista emerge en un contexto de fuerte movilización social en contra de las medidas gubernamentales. «La extranjerización y el sometimiento a Estados Unidos son la base de estas políticas que van a usar para perseguir opositores y criminalizar la protesta bajo el título de ‘antiterrorismo'», sentenció Bregman, subrayando la peligrosa injerencia de Estados Unidos en la región, ejemplificada por las recientes tensiones en Venezuela y Cuba. Para la dirigente del PTS-FIT, no es una casualidad que esta cumbre entre el FBI y la SIDE se produzca tras una masiva movilización opositora, y llamó a la ciudadanía a estar alerta y repudiar estas prácticas que, a su juicio, atentan contra la soberanía nacional.
El siniestro engranaje institucional encontró un aliado inesperado en el ámbito judicial. El lunes pasado, el procurador interino Eduardo Casal firmó una resolución para incorporar al Ministerio Público en el CNA, casi diez meses después de haber recibido la invitación formal del Gobierno. Su decisión, que fue celebrada por el círculo íntimo del asesor presidencial Santiago Caputo, designó a Juan Olima Espel y Armando Antao Cortez, cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), como los enlaces del organismo. Olima, además, es el nexo con la SIDE tras las reformas impulsadas por Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Según el último relevamiento público de la SAIT, hasta noviembre de 2022, existían 33 causas judiciales federales que podían ser clasificadas bajo la órbita del terrorismo, aplicando figuras como el artículo 41 quinquies del Código Penal, que duplica las penas para ciertos delitos, o el 306, referido al financiamiento del terrorismo.
Este marco legal ya está siendo utilizado. El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia formal en los tribunales de Comodoro Py para investigar y detener a los participantes de una manifestación contra la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, invocando precisamente el artículo 41 quinquies. No es la primera vez que se recurre a esta herramienta; ya se había intentado contra detenidos por protestar contra la Ley Bases en junio de 2024, y ahora el fiscal Carlos Stornelli la impulsa nuevamente. María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), denunció con vehemencia este accionar: «Vemos una total genuflexión del Ministerio Público y permeabilidad de los jueces al mandato represivo del gobierno». Verdú fue contundente al señalar que la figura del 41 quinquies, que castiga hechos que provoquen «terror en la población», se aplica de forma tergiversada: «Lo que aterroriza en las movilizaciones no es la gente que protesta, resiste y se defiende; lo que aterroriza son las fuerzas de seguridad disparando a la cara, gaseando, golpeando y deteniendo gente al voleo».
Paralelamente, el Presidente ha profundizado sus embestidas en el terreno ideológico, culpando al filósofo marxista Antonio Gramsci de haber inspirado un «entrismo» que habría colmado las universidades de terroristas. En esta cruzada, ha encontrado un sólido aliado en Agustín Laje, la cara visible de la Fundación Faro, el think-tank oficialista que provee las ideas para la «batalla cultural». Laje, en una reciente relectura del intelectual italiano, ha desempolvado el viejo concepto de «campaña antiargentina» —utilizado por la dictadura en 1978— para dar sustento ideológico al polémico DNU antimigrantes firmado por el Presidente. Además, la Fundación Faro ha presentado un grupo de análisis en geopolítica y seguridad nacional, centrado en la doctrina del «enemigo interno». Uno de sus integrantes, Federico Domínguez, celebró en redes sociales la visita del enviado del FBI, dejando claro que, para este círculo, el vínculo con Estados Unidos no solo es natural, sino que parece ajeno a cualquier atisbo de injerencia extranjera.
La historia, sin embargo, ofrece un telón de fondo sombrío. Durante dos décadas, la guerra contra el terrorismo promovida por Washington habilitó violaciones a la soberanía, secuestros, torturas sin límite y dejó en evidencia la impotencia de las organizaciones internacionales creadas en la posguerra. La violación sistemática de los derechos humanos fue la constante, y hoy esa sombra amenaza con proyectarse nuevamente sobre la región. «Estamos ante una orientación política muy peligrosa, que lleva toda la discusión a los márgenes de la justificación de la excepcionalidad», alertó con firmeza la directora del CELS. «Lo más preocupante es la legitimación de la persecución política y la habilitación del uso de tecnología de vigilancia masiva y la transferencia de datos», concluyó, resumiendo el espanto que recorre a quienes ven en este giro un peligroso retroceso hacia tiempos que se creían superados.
