El ministro de Economía vaticinó un período de prosperidad sin precedentes para la Argentina. Sin embargo, los primeros indicadores muestran un escenario de profundización de la crisis social y laboral, mientras el oficialismo avanza con una agenda económica alineada con los intereses de Estados Unidos, el FMI y grandes corporaciones internacionales
Cuando el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, profetizó ante los micrófonos aquel 14 de abril que los venideros dieciocho meses se convertirían en los más prósperos que la República Argentina hubiera atestiguado en décadas, el pronunciamiento resonó con la contundencia de un anuncio fundacional. Aquella declaración, impregnada de un optimismo que desafiaba cualquier lectura moderada de la realidad, instaló en el imaginario colectivo la expectativa de un viraje inminente hacia la bonanza. Cuatro ciclos lunares han transcurrido desde entonces, un lapso que la prudencia sugiere como idóneo para ensayar un primer balance, despojado de la fogosidad retórica que caracteriza al oficialismo y atento a los acontecimientos que han ido tejiendo la trama de esta administración.
El devenir de estos meses no ha estado exento de particularidades que condicionaron el desarrollo de la agenda pública. La fiebre mundialista que atrapó la atención de la ciudadanía durante varias jornadas postergó naturalmente el debate político y económico, relegando a un segundo plano las definiciones estructurales que el gobierno de Javier Milei se había propuesto impulsar. No obstante, aún en ese contexto de aparente pausa, el arco temporal comprendido entre abril y el presente permite identificar al menos cuatro iniciativas de envergadura que el mandatario intentó materializar en el terreno legislativo, todas ellas orientadas a reconfigurar las bases del modelo económico vigente.
El denominado Super RIGI emergió como la primera de esas grandes apuestas, un régimen que prometía superar con creces los beneficios ya contemplados en el RIGI original, ofreciendo rebajas sustanciales en la alícuota del impuesto a las Ganancias, la exención total de derechos de exportación y la libertad irrestricta para el manejo de divisas, entre otras prerrogativas. La propaganda oficial sostenía que el objetivo era estimular sectores de punta como la tecnología, la energía y la industria de alto valor agregado. Sin embargo, la praxis reveló una realidad sensiblemente distinta: la vaguedad de los criterios de aprobación y la discrecionalidad con que se manejaban los proyectos dejaron al descubierto que la verdadera finalidad del mecanismo era allanar el camino hacia los recursos estratégicos del subsuelo argentino, particularmente las tierras raras y los yacimientos mineros y energéticos, a favor de figuras del calibre de Peter Thiel. No debería olvidarse que el propio RIGI había sido concebido originalmente a instancias de empresarios foráneos de magnitud, entre los cuales se contaba Robert McEwen, quienes supieron plantear sus requerimientos directamente al primer mandatario.
En paralelo, la propuesta de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pretendía desmantelar las restricciones existentes a la extranjerización de tierras en todos los niveles del Estado. La redacción final del texto, tras las negociaciones parlamentarias, estableció un límite del veinticinco por ciento por provincia, aunque este porcentaje, analizado en detalle, no impedía que un inversor extranjero adquiriera la totalidad de un distrito mientras el conjunto provincial no superara esa proporción. Finalmente, ese capítulo fue suprimido, al igual que la controvertida modificación de la Ley de Manejo del Fuego que hubiera derogado los plazos de protección que impiden alterar el uso del suelo después de un siniestro. Lo que subsistió fue la habilitación para ejecuciones exprés y desalojos acelerados, herramientas que allanan el terreno para la concentración de la propiedad territorial.
En este contexto, resulta imposible pasar por alto el rol protagónico de Estados Unidos, que a través de sus diversos canales diplomáticos y funcionarios de alto rango ha manifestado en reiteradas ocasiones su apetito por los recursos argentinos. La nación norteamericana se ha consolidado como el principal origen de los propietarios foráneos de tierras en el país, con un interés que se concentra en tres ejes fácilmente detectables al revisar los departamentos con mayor índice de extranjerización: el acceso a las reservas de agua dulce en los humedales, la explotación de zonas mineras ricas en litio y tierras raras, y la disponibilidad de agua potable en la región patagónica. El respaldo del canciller Pablo Quirno al proyecto resultó particularmente revelador, máxime cuando el diplomático, de reconocida cercanía con la administración estadounidense, confirmó en una entrevista que la normativa permitiría adquirir poblados o provincias enteras, y aventuró que ello redundaría en beneficios para el país, siempre que no se retornara a aquella lógica que, según sus palabras, «se lleva los glaciares».
La trayectoria de Quirno no es un dato menor dentro del entramado gubernamental: su designación al frente del Palacio San Martín ocurrió apenas días después de haber gestionado el respaldo financiero del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cuyo desembolso tuvo como contrapartida el compromiso explícito del gobierno argentino de impulsar, entre otras medidas, el ruinoso acuerdo bilateral que multiplica las concesiones nacionales en materia de recursos energéticos y minerales estratégicos.
La tercera gran iniciativa en esta batería de reformas apuntó a la Carta Orgánica del Banco Central, con la determinación de circunscribir la misión de la entidad a un único objetivo: la defensa del valor de la moneda. Esta decisión, que coloca a la Argentina en una posición excéntrica respecto de la tendencia global, contradice abiertamente las prácticas de la mayoría de los países, que suelen adoptar mandatos duales que consideran al menos algún otro indicador de la economía real, como el nivel de empleo o el producto bruto interno. Tal esquema responde a la lógica imperante en las políticas monetarias contemporáneas, fundadas en el reconocimiento del trade off entre desempleo e inflación postulado por la curva de Phillips. No es ocioso señalar que esta modificación había sido sugerida en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La cuarta y última de las grandes reformas propuestas afectó a la Ley de Inocencia Fiscal, mediante la eliminación de los topes previos de ingresos y patrimonio que regían el acceso al régimen simplificado de Ganancias, al tiempo que se restringió la utilización de indicios por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El argumento esgrimido para justificar el proyecto original aludía a la situación del jubilado con ahorros no declarados, pero la redacción final de la norma extiende el beneficio a cualquier contribuyente, sin importar el monto acumulado, cuando los límites previos establecían techos de hasta mil millones de pesos en ingresos y diez mil millones en patrimonio. Esta amplitud genera interrogantes legítimos acerca de los verdaderos destinatarios de la medida.
El cuadro que emerge de este recorrido resulta elocuente: la agenda económica diseñada para concretar los mejores meses de la historia argentina ha sido motorizada por la administración estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y un selecto grupo de multimillonarios extranjeros, cuyos intereses particulares parecen estar en el centro de las definiciones estratégicas del gobierno, en detrimento de las necesidades de la mayoría de la población.
El reverso de estas iniciativas oficiales lo constituye la ostensible ausencia de políticas orientadas a paliar el deterioro del empleo, los salarios, el endeudamiento familiar y la actividad productiva. Frente a las promesas de prosperidad, los indicadores disponibles ofrecen un diagnóstico implacable. Los datos oficiales más recientes, correspondientes al mes de abril, registran una merma del empleo registrado en el sector privado de aproximadamente doce mil puestos de trabajo en comparación con marzo, una tendencia que los especialistas advierten que se habría profundizado en mayo, a tenor de las cifras arrojadas por la Encuesta de Indicadores Laborales. En el frente crediticio, la morosidad de los hogares en las entidades bancarias escaló del 11,5 por ciento en marzo al 12,7 por ciento en junio, mientras que en el segmento de billeteras digitales y otros instrumentos financieros el salto fue aún más abrupto, pasando del 23,9 al 33,0 por ciento. La actividad económica, por su parte, exhibió una contracción en los últimos dos meses, y el poder adquisitivo de los trabajadores, tras una recuperación parcial en abril donde los ingresos crecieron un 3,5 por ciento frente a una inflación del 2,6 por ciento, volvió a ceder en mayo con un incremento del 1,8 por ciento que no logró siquiera equiparar el 2,1 por ciento del índice de precios.
La despreocupación del gobierno por impulsar medidas que reviertan esta dinámica resulta manifiesta. Sin embargo, el Ejecutivo dispone de una nueva oportunidad para rectificar el rumbo mediante la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La última reunión de este ámbito tripartito había fijado actualizaciones que se extienden hasta finales de agosto, con un valor establecido en 376.600 pesos. Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, la Secretaría de Trabajo falló a favor de la posición empresarial, provocando una significativa pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo en términos reales.
Las cifras que ilustran este retroceso son contundentes. Para que el Salario Mínimo, Vital y Móvil recupere el nivel promedio que ostentaba en el año 2023, sería necesario un incremento inmediato de 265.909 pesos, lo que equivale a un alza del 70,6 por ciento. La perspectiva se torna aún más desalentadora si se pretende volver a los valores de noviembre de 2019, en cuyo caso el aumento requerido ascendería a 381.511 pesos, un 101,3 por ciento. Y si la aspiración fuera retrotraerse a noviembre de 2015, la cifra necesaria se dispararía a 615.479 pesos, equivalente a un 163,4 por ciento. Tal es el grado de rezago que el nivel actual del salario mínimo se ubica un 12,1 por ciento por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, y se asemeja a los valores que regían en abril de 2002, en plena posconvertibilidad.
La comparación con la evolución de las tarifas de los servicios públicos agrava aún más el panorama de deterioro. Entre noviembre de 2023 y el mes de agosto de 2026, período que abarca el inicio de la gestión actual, el boleto del subterráneo se encareció un dos mil cinco por ciento; el colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, un mil quinientos diez por ciento; el tren, un mil noventa por ciento; la electricidad y el gas, en promedio, un ochocientos cincuenta y seis por ciento; y la nafta, un seiscientos treinta y uno por ciento. Frente a estas magnitudes, el incremento del 158 por ciento experimentado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil en el mismo lapso evidencia una derrota abrumadora para los trabajadores.
La pregunta que se impone, entonces, es si el gobierno estará dispuesto a impulsar una recomposición sustancial del salario mínimo que al menos mitigue la situación de los sectores más postergados en los catorce meses que restan para cumplir el plazo del vaticinio de Caputo. Si algo ha quedado en claro a lo largo de estos primeros cuatro meses, es que la retórica triunfalista no encuentra correlato en la realidad cotidiana de los argentinos, y que la prosperidad prometida parece reservada para un círculo muy acotado de beneficiarios, mientras la mayoría de la población continúa soportando el peso de una crisis que se profundiza día tras día. El tiempo, implacable juez de todas las profecías, se encargará de develar si el optimismo del ministro tenía algún fundamento más allá de la mera especulación política, o si, por el contrario, no fue más que un espejismo destinado a desvanecerse frente a la cruda evidencia de los números.
