El sobreendeudamiento alcanza cifras récord en la Argentina, donde la mora se disparó por encima de los niveles pandémicos, impulsada por créditos exprés a tasas usurarias y un sistema de acoso telefónico que devasta la salud mental y el tejido social. Detrás de las estadísticas, tres historias reflejan la angustia de un país al borde del colapso.
En un país donde la economía parece un péndulo inestable, una cifra escalofriante se ha instalado en la mesa de los hogares y en la psiquis de sus habitantes: 19,6 millones de personas, casi la mitad de la población, navegan en aguas de deudas que no cesan de crecer. Pero el dato más alarmante no es solo la magnitud del número, sino su profundidad. Uno de cada cuatro ciudadanos que debe dinero, equivalente a un cuarto del total de deudores, ha superado el umbral de los 90 días sin pagar, ingresando en una categoría de morosidad que los expertos definen como crítica.
Este fenómeno, lejos de ser una tormenta pasajera, ha mostrado una tendencia ascendente imparable desde los últimos meses de 2024, consolidándose en mayo de 2026 como una crisis silenciosa que no discrimina edades ni estratos, aunque golpea con especial virulencia a los jóvenes menores de 25 años, según el exhaustivo Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC). El diagnóstico pinta un panorama sombrío donde el plástico de las tarjetas bancarias y no bancarias, los préstamos personales y, con una aceleración asombrosa, las billeteras virtuales, se han convertido en el eje de un drama que trasciende lo económico.
El crecimiento exponencial de la mora en el sistema financiero no bancario es elocuente: mientras que en los bancos tradicionales el índice de incobrabilidad pasó de un modesto 2,5% a un preocupante 12,1% entre noviembre de 2024 y abril de 2026, en el universo de las aplicaciones de pago el salto fue tectónico, escalando del 7,3% al 29,6%. Esta última cifra no solo es récord, sino que perfora el techo establecido durante la pandemia de 2020, cuando el 27,1% de los usuarios no podía hacer frente a sus compromisos. Hoy, 5,8 millones de argentinos están en mora, y la gran mayoría, 3,4 millones, han visto en las billeteras virtuales el espejo de su imposibilidad de pago.
Esta explosión se nutre de un ecosistema donde el crédito está a un solo clic de distancia, ofrecido por algoritmos todopoderosos que determinan tasas de interés que bordean la usura, fluctuando entre el 100% y el 700% anual. «Es una trampa perfecta», resumen los analistas del CEPA, quienes señalan que estos mecanismos de préstamo exprés, si bien son una solución inmediata para el bolsillo, se convierten en una condena a largo plazo para el bolsillo de quienes menos tienen.
La espiral de la deuda se retroalimenta con un hostigamiento implacable. Detrás de cada préstamo impago, se esconde un ejército de estudios jurídicos y agencias de cobranza que han reactivado con furia prácticas que la ley prohíbe, pero que la falta de controles ha permitido florecer. El acoso se ha vuelto una epidemia: llamadas a cualquier hora del día y de la noche, mensajes de texto intimidatorios, correos de voz amenazantes que se extienden como una mancha al círculo íntimo del deudor. «Te empiezan a llamar, a llamar y a llamar», relata Andrés, un hombre de 52 años, trabajador en blanco desde 1994, cuya vida se desmoronó cuando un banco le incrementó el límite de su tarjeta de 2 a 8 millones de pesos, una decisión que él mismo define como el inicio del «desbarranque». El acoso llegó a sus hijos, a su mujer, y a los parientes políticos de su esposa, convirtiendo su deuda personal en un escrache público.
Andrés, como tantos otros, se encontró atrapado en la rueda del sobreendeudamiento: una financiación para «cuotificar» la tarjeta, un crédito para pagar esa financiación, y un aumento de límite que, lejos de ser una ayuda, fue la estocada final. La angustia se materializa en llamados a su trabajo y amenazas de embargo. Este es el nuevo rostro de la cobranza, una práctica ilegal que, sin embargo, se ha vuelto cotidiana. Frente a esta realidad, la provincia de Buenos Aires ya debate una normativa para prohibir expresamente este tipo de hostigamiento, que los especialistas consideran un atentado directo a la salud mental y la dignidad de las personas.
La historia de Verónica Orzábal, residente en el barrio porteño de Lugano, es la radiografía de una clase media que se desvanece. Con 57 años, sobrevive con una pensión no contributiva y un bono que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Sin gas natural, debe pagar garrafas y costosas facturas de luz para calentar su hogar en invierno. Ante la necesidad, encontró en las financieras no bancarias, como Cartasur, una falsa salida. «Agarrás viaje aunque sabés que te estás metiendo en un infierno», confiesa Verónica, quien detalla cómo un préstamo de 100 mil pesos se convierte en 12 cuotas que exceden con creces sus ingresos. El «infierno» se llama acoso diario: llamadas telefónicas, mensajes y correos de voz que le exigen regularizar una situación que, como ella explica, no es falta de voluntad, sino ausencia de dinero.
La trampa crediticia, sin embargo, no se limita a los grandes bancos o las conocidas aplicaciones. Existe un universo paralelo de 17 financieras menos visibles, pero con tasas de morosidad que superan cualquier promedio razonable. Empresas como Wayni Movil, Bazar Avenida o la propia Cartasur Card presentan ratios de deuda impagable superiores al 50%, un indicador de que su modelo de negocio se basa en la alta rotación y los intereses punitorios, dejando a sus clientes en un estado de vulnerabilidad extrema.
En este contexto de desesperanza, emerge la figura de Marcela García, una profesional de la salud de 57 años, inquilina y madre de hijos adultos. Marcela, quien se ha propuesto politizar su problema, desafía el relato oficial que culpabiliza al individuo por su «mala administración». «La vida se nos ha puesto patas para arriba», afirma. Su historia es la del trabajador autónomo que ve cómo su salario se deteriora con paritarias a la baja, mientras los precios de los alimentos, la medicina y el alquiler se disparan. Para sobrevivir, recurrió al tarjeteo para comprar comida en el chino del barrio, y finalmente, a un préstamo bancario para refinanciar su deuda, un préstamo que pagará durante seis años y que, calcula, le costará más del triple de lo que pidió prestado.
Marcela, dejando de lado la vergüenza, se ha sumado a un movimiento que busca visibilizar el sobreendeudamiento como un problema colectivo, no individual. «No me digan que soy yo», clama, haciendo eco de un reclamo que retumba en las reuniones de endeudados que se multiplican en todo el país. En estos encuentros, organizados por espacios políticos y referentes sociales, los asistentes comparten sus experiencias, lloran, toman mate y comienzan a construir una narrativa común: la deuda no es un pecado, es la consecuencia de un sistema que ha precarizado los ingresos y ha abierto la puerta al abuso financiero.
Tamara Bezares, abogada laboralista y una de las articuladoras de estas reuniones, explica que el objetivo es «problematizar y politizar» la situación. «Muchas llegan con vergüenza, con culpa, no quieren exponerse», dice Bezares, quien subraya que desde el propio Estado se responsabiliza a las víctimas, cuando lo central es la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Esta lucha ha encontrado eco en el ámbito legislativo. Doce municipios de la provincia de Buenos Aires ya cuentan con ordenanzas que buscan revisar el sobreendeudamiento de las familias, y se impulsa un proyecto de ley provincial para prohibir el hostigamiento a los deudores.
Adrián Ganino, abogado y exdirector nacional de Defensa del Consumidor, es uno de los impulsores de esta iniciativa. Explica que el proyecto define la insolvencia familiar y busca ofrecer un marco legal para reestructurar las deudas a través de oficinas municipales de Defensa del Consumidor. «Cuando los ingresos no alcanzan a cubrir las obligaciones, se genera esa bola de nieve», describe. La normativa también busca poner un freno a los estudios de cobranza, cuyas prácticas de acoso pueden ser sancionadas con multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Ganino asegura que, cuando los deudores se animan a reclamar, los resultados son positivos, logrando quitas de capital e intereses y planes de pago acordes a sus ingresos.
Sin embargo, la lucha es titánica. El ecosistema de la deuda, con su oferta infinita de créditos exprés y su maquinaria de acoso, parece haber llegado para quedarse. Mientras los salarios se estancan y la inflación devora el poder de compra, las historias de Andrés, Verónica y Marcela se replican en millones de hogares, conformando un mapa de la angustia que amenaza con desbordar todos los límites. Argentina se encuentra, como titula este diario, al borde de un ataque de nervios, donde la deuda ha dejado de ser un número en un papel para convertirse en un drama humano que define el presente y condiciona el futuro de una nación entera.
