El think tank internacional Political Network for Values (PNFV), junto a figuras de La Libertad Avanza y el PRO, trazó una hoja de ruta en la Legislatura porteña para erosionar los consensos sociales sobre igualdad y salud reproductiva. Mientras el Gobierno nacional adhiere silenciosamente a pactos globales antiderechos impulsados por Trump, las encuestas revelan una sociedad argentina que aún respalda mayoritariamente el matrimonio igualitario y las políticas de género.
En el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, un cónclave de tinte conservador reunió a lo más granado de la dirigencia política afín al oficialismo y al macrismo, despertando alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Se trata de la reciente visita y organización de actividades por parte de la Red Política por los Valores (PNFV) , una plataforma transnacional que articula discursos contra los avances en materia de diversidad y autonomía corporal, y que fue recibida con distinciones y un amplio respaldo institucional por parte de funcionarios nacionales y porteños.
El encuentro, que llevó el sugestivo título de «Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia», se materializó el pasado 23 de julio en el edificio de la Legislatura de la Ciudad, con la clara intención de erigir un bastión ideológico que contrarreste la Educación Sexual Integral (ESI) y la normativa que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Detrás de la retórica de la «protección infantil» se esconde un plan de largo aliento que busca reconfigurar los cimientos de la justicia social en el país.
Los impulsores de esta jornada no fueron actores menores. En la nómina de anfitriones y oradores figuraron los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz, quienes abrieron las puertas del recinto parlamentario a una red que, según sus críticos, financia y coordina esfuerzos para eliminar políticas públicas conquistadas durante las últimas dos décadas. La presencia de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de CABA, Gabriel Mraida, y la referente Cinthya Hotton, consolidó un frente común entre La Libertad Avanza y el PRO en esta avanzada ideológica.
Una agenda que trasciende fronteras
La PNFV, fundada por el exdiputado español del Partido Popular Jaime Mayor Oreja y actualmente dirigida por la ultraconservadora Lola Velarde —cercana a la formación Vox—, no es un actor nuevo en el continente. Su influencia en Argentina se ha profundizado en el último año, con la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzi, oficiando como bisagra entre las estructuras locales y el entramado internacional de la red. Aunque sus portavoces niegan buscar injerencia política directa, admiten que su objetivo primordial es generar las condiciones culturales para que sus valores se vuelvan hegemónicos, un eufemismo que encierra la aspiración de desmantelar los consensos progresistas existentes.
En esa sintonía, la cancillería argentina, bajo la conducción de Pablo Quirno, dio un paso trascendental pero discreto a principios de esta semana. El lunes 10 de agosto, el funcionario firmó la adhesión del país a la Declaración del Consenso de Ginebra, un instrumento no vinculante liderado por la administración de Donald Trump que busca frenar el avance de los derechos sexuales y reproductivos en los organismos multilaterales. El hermetismo con el que el Ejecutivo manejó esta información fue notorio; el anuncio público no se produjo hasta tres días después, y solo a raíz de que la noticia trascendiera en la prensa estadounidense.
La batalla cultural contra la realidad social
Más allá de los gestos institucionales y los discursos encendidos en la Legislatura, los artífices de esta campaña son conscientes de que el cambio legislativo no se logrará únicamente con decretos o votos en el Congreso. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, estrechamente vinculada a Patricia Bullrich, fue contundente al señalar que la derogación de la ley de aborto legal —un objetivo máximo de la alianza— «no depende solo del Congreso». En sus declaraciones, la legisladora subrayó la necesidad de «que la sociedad lo trabaje y lo pida», una confesión que evidencia la estrategia de minar los cimientos culturales que sostienen los derechos adquiridos.
Sin embargo, los datos provenientes de la opinión pública parecen plantear un escollo difícil de sortear para este giro reaccionario. Mientras el oficialismo impulsa su relato de «batalla cultural», las encuestas más recientes dibujan un panorama que desmiente la supuesta victoria de los discursos de odio y negación de derechos. Un relevamiento del Observatorio Pulsar de la UBA revela que siete de cada diez argentinos respaldan la vigencia del matrimonio igualitario, y un porcentaje similar sostiene que aún resta mucho camino por recorrer en materia de equidad de género, mostrando un tejido social que se define como «culturalmente progresista y estable» en estas cuestiones.
Estudios del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) refuerzan esta idea, al indicar que el apoyo a políticas de salud sexual y reproductiva sigue siendo abrumador. El acceso a métodos anticonceptivos concita acuerdos que superan el 80% de la población, y casi la mitad de los consultados manifiesta conocer a alguien que ha atravesado un aborto. Asimismo, un 49% de los ciudadanos exige una inversión estatal significativa en la asistencia a víctimas de violencia machista, un indicador que choca frontalmente con la narrativa oficial que busca desfinanciar y deslegitimar estas áreas.
De este modo, el cónclave ultraconservador en Buenos Aires y la adhesión a pactos internacionales se presentan no como un reflejo de la voluntad popular, sino como una ofensiva de las élites políticas y religiosas para forzar un retroceso en los derechos civiles. La sociedad argentina, con sus contradicciones y matices, mantiene un anclaje firme en los principios de igualdad, planteando un desafío mayúsculo para quienes, desde el poder, intentan imponer una agenda que niega la evidencia y el sentir mayoritario de las calles.
