La denominada «Marcha de los Endeudados» congregará este jueves a las principales centrales obreras y movimientos populares frente al Ministerio de Economía, en medio de un alarmante incremento de la morosidad que afecta a casi seis millones de hogares. El reclamo central apunta a la desregulación financiera y la negativa del oficialismo a implementar políticas de alivio crediticio, mientras los índices de atrasos en préstamos personales y tarjetas de crédito se disparan a niveles récord desde la asunción de Javier Milei.
En el centro geográfico y simbólico del poder económico argentino, las calles aledañas al Palacio de Hacienda serán escenario esta tarde de una movilización que promete sacudir la habitual quietud del microcentro porteño. A partir de las catorce horas, una nutrida columna de manifestantes pertenecientes a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y su vertiente autónoma, tiene previsto converger en el cruce de Paseo Colón y Estados Unidos, así como en el entorno de las avenidas Independencia y Paseo Colón, para luego dirigirse de manera escalonada hacia la sede del Ministerio que conduce Luis Caputo.
El trasfondo de esta convocatoria no es otro que la creciente asfixia financiera que padecen millones de familias, atrapadas en una espiral de tasas de interés estratosféricas y plazos de pago que se vuelven impagables. La movilización, bautizada como la «Marcha de los Endeudados», llega en un momento particularmente sensible, ya que los últimos informes del Banco Central revelan que el incumplimiento en el pago de préstamos bancarios por parte de los hogares escaló hasta el 12,7 por ciento durante el mes de junio de 2026, un salto vertiginoso si se compara con el magro 2,5 por ciento que se registraba en octubre de 2024. Esta radiografía estadística se traduce en números aún más elocuentes: alrededor de 5,8 millones de personas acumulan actualmente atrasos superiores a los noventa días, lo que representa un incremento del ciento treinta y dos por ciento desde febrero de aquel año.
La protesta no surge del vacío, sino como respuesta a una política económica que, desde la óptica de los sectores convocantes, ha desatado el mercado crediticio sin ofrecer ningún tipo de red de contención. Oriana Fernández, voz autorizada de la agrupación Endeudados Organizados, sintetizó el malestar general al señalar que la naturaleza del problema ha mutado radicalmente en los últimos tiempos, dejando de ser una cuestión de mala administración personal para convertirse en un fenómeno estructural impulsado por la desregulación total de las tasas. «Deudas ha habido siempre, pero lo que hoy distorsiona todo es la tasa de interés desregulada. Actualmente encontramos tasas que alcanzan el mil trescientos por ciento anual. La gente nos relata que sus compromisos financieros se han duplicado e incluso triplicado en el lapso de unos pocos meses cuando la imposibilidad de afrontar el pago se hizo presente», advirtió la dirigente.
Desde la UTEP, por su parte, se encargaron de poner el foco en el impacto diferencial que esta crisis tiene sobre los sectores más vulnerables. En un comunicado difundido en las horas previas a la marcha, la organización sostuvo que la ausencia de crédito formal y accesible está expulsando a los vecinos de los barrios populares hacia las garras de prestamistas informales y usureros, quienes imponen condiciones leoninas para financiar partidas de gastos que deberían ser elementales, como la compra de alimentos o el pago de servicios públicos. «La crisis del endeudamiento en los territorios no puede esperar un minuto más», sentenciaron desde la UTEP, al tiempo que denunciaron que el Estado nacional permanece como un espectador pasivo ante un drama que se multiplica en cada hogar.
La voz de los especialistas no hizo más que corroborar el diagnóstico social con datos duros. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), explicó en diálogo con la prensa que el fenómeno actual excede las capacidades de respuesta individual de los deudores, ya que la fragmentación de las deudas entre múltiples actores del sistema financiero tradicional y las billeteras electrónicas complica aún más la posibilidad de encontrar una salida consensuada. «Cuando uno indaga a una persona sobre el origen de su endeudamiento, descubre que no afronta un solo problema, sino varios a la vez: debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. El origen de este embrollo financiero es la falta de ingresos suficientes, pero el agravante letal ha sido la usura de las tasas, que convierte cualquier retraso en una deuda perpetua», argumentó Letcher.
La discusión, que en sus inicios parecía circunscripta al ámbito de los análisis económicos, ha escalado a la primera línea del debate político luego de las declaraciones del presidente Javier Milei. El mandatario, en una entrevista televisiva a comienzos de agosto, fue tajante al descartar cualquier tipo de asistencia estatal para los morosos, al sostener que nadie fue obligado a contratar un préstamo y que, por lo tanto, la responsabilidad de resolver el conflicto recae exclusivamente en las partes intervinientes. «¿Acaso les colocaron un revólver en la sien para que firmaran esos contratos? No. Entonces, pretender que el erario público solucione esas cuentas es trasladarle el costo a la totalidad de la sociedad, y esa ecuación me parece profundamente injusta», fue la frase que desató una ola de críticas. Al día siguiente, el Presidente redobló la apuesta y calificó el asunto como «una transacción entre privados» que debe ser dirimida en los tribunales o mediante acuerdos bilaterales. El ministro de Economía, Luis Caputo, se alineó con ese discurso y reiteró que el endeudamiento es «un tema que atañe exclusivamente a los particulares», cerrando así la puerta a cualquier tipo de moratoria o plan de refinanciación extraordinario.
Esta postura inflexible provocó una reacción inmediata tanto en los despachos oficiales de las provincias como en las bancadas opositoras del Congreso. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vinculó con crudeza el crecimiento de la morosidad con la licuación del salario real, y en la presentación de un informe oficial señaló que las familias recurren al crédito no por un deseo de consumo superfluo, sino porque sus ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la canasta cotidiana. En el recinto legislativo, la efervescencia se refleja en la existencia de alrededor de treinta proyectos de ley que abordan diversas aristas de la problemática. Entre ellos, destaca una iniciativa impulsada por los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp, que propone la creación de un Programa de Desendeudamiento para las Familias Argentinas, el cual se financiaría a través de créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La propuesta contempla préstamos de hasta un millón y medio de pesos, con cuotas que no podrían superar el treinta por ciento del ingreso neto mensual del beneficiario, buscando así evitar que el alivio se convierta en una nueva fuente de apremio.
Otras propuestas en danza van desde la quita de al menos el cuarenta por ciento de los intereses moratorios y punitorios, hasta la refinanciación en plazos de hasta sesenta meses con tasas preferenciales, pasando por la creación de un registro específico que permita identificar a aquellas personas y hogares que hayan contraído deudas vinculadas con la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y los servicios públicos, con el objeto de priorizar su atención. Sin embargo, la voluntad política del oficialismo parece inmutable, y la discusión permanece estancada ante la falta de consenso para tratar estos temas en sesiones extraordinarias.
En este contexto de hermetismo gubernamental y deterioro social acelerado, la movilización de esta tarde adquiere un cariz de catarsis colectiva y de demanda urgente. Para los organizadores, el aumento simultáneo de las deudas, los atrasos y el costo del dinero ha dejado de ser una suma de tragedias individuales para consolidarse como una cuestión social que exige una intervención activa del Estado. Frente a un Gobierno que insiste en la autorresponsabilidad de cada deudor y sus acreedores, las centrales sindicales y los movimientos sociales anticipan que llevarán su reclamo desde las estadísticas y los expedientes legislativos hacia el corazón mismo del poder económico, en un intento por forzar una apertura al diálogo. La consigna que resonará esta tarde en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen al 250 es clara: el endeudamiento masivo no es un accidente del mercado, sino una consecuencia previsible de un modelo que desregula las finanzas mientras desatiende la caída del poder adquisitivo. Y esa advertencia, advierten los convocantes, no será sofocada ni con indiferencia ni con descalificaciones, sino que buscará instalar en la agenda pública la necesidad de un verdadero plan de alivio para los millones de argentinos que hoy viven bajo el yugo de los intereses.
