Desde una clínica de Santa Cruz, Nadia Beller, sobreviviente de un atentado que casi le cuesta la vida, asegura poseer conversaciones íntimas con el consultor preso en Bolivia donde este desliza graves acusaciones de corrupción contra la administración libertaria. Las cintas, que duran más de una hora, ya están en la mira del fiscal Franco Piccardi y podrían ser clave en la investigación que salpica a 18 empresarios y exfuncionarios.
En un inesperado giro que conecta el atentado contra su propia vida con el corazón de la investigación por corrupción en el organismo Andis, la abogada Nadia Beller ha irrumpido en la escena judicial desde su lecho de recuperación. La mujer, quien fuera pareja del consultor político Fernando Cerimedo —actualmente prófugo y detenido en Bolivia acusado de ser el autor intelectual del ataque que casi la asesina—, ha prendido el ventilador de la polémica al revelar que atesora un arsenal de pruebas sonoras que podrían reconfigurar el mapa de la causa que ya tiene en la mira a los círculos más cercanos al poder ejecutivo.
En una conversación exclusiva mantenida con este medio, Beller, quien aún permanece internada en la clínica Las Américas de Santa Cruz, manifestó su absoluta disposición a comparecer ante el fuero federal argentino y poner a disposición de la justicia una serie de registros de audio que, según su relato, contienen confesiones explícitas de su expareja sobre el entramado de sobornos que habría funcionado durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. «Están resguardadas en distintos dispositivos y algunas superan la hora de duración», afirmó la letrada, quien ve en este material un escudo contra una eventual campaña de desprestigio que, anticipaba, podría desencadenarse desde el entorno del consultor.
El contenido de esas grabaciones, de acuerdo con el testimonio de Beller, pinta un panorama sombrío de la administración libertaria. La mujer asegura que Cerimedo, en la intimidad de su vínculo, describía al gobierno como «una olla a presión, plagada de corrupción», y ponía especial énfasis en el rol protagónico de Karina Milei, a quien señalaba como «la cabeza de todo» el dispositivo ilícito. Estas declaraciones de la expareja del consultor llegan en un momento crítico para la causa, impulsada por el fiscal Franco Piccardi, que ya procesó a una decena de empresarios y exfuncionarios por delitos de asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
La propia Beller contextualizó el origen de estas grabaciones en un clima de creciente desconfianza y violencia dentro de su relación. «Cuando empezamos a pelear y él me amenazaba y maltrataba, sentí que debía resguardarme», explicó, justificando la existencia de ese material como una medida de autoprotección ante el temor a ser víctima de una difamación. Pero su declaración no solo apunta al exfuncionario; también pone en el banquillo a su exesposa y madre de sus hijos, Natalia Basil, a quien señala como la ejecutora material de la filtración de los audios originales que destaparon la olla podrida de la Andis y que dieron origen a la pesquisa judicial. «Él me decía todo el tiempo que era una corrupta, que quería escalar en el gobierno, y era cierto. Tenía todo tipo de negocios», sostuvo Beller, agregando que Basil fue, según confesiones del propio Cerimedo, la encargada de hacer llegar las grabaciones a Comodoro Py, un movimiento que encendió la mecha de la investigación.
El impacto mediático y político de esta revelación ha resonado con fuerza en los pasillos del tribunal. La diputada Marcela Pagano ya ha formalizado un pedido para agilizar la citación de Beller como testigo, una medida que actualmente está siendo sopesada por el fiscal Piccardi. No obstante, fuentes judiciales consultadas por este diario advierten que, si bien el testimonio de la abogada podría agregar un capítulo de dramatismo a la causa, su contenido no difiere sustancialmente de lo que el propio Cerimedo ya había declarado en septiembre del año pasado, cuando, convocado por la fiscalía, confirmó sus vínculos con Diego Spanguolo y detalló el mecanismo de las coimas que involucraban a la Casa Rosada.
Mientras tanto, la defensa del exfuncionario Spanguolo observa con cautela pero con cierto optimismo esta nueva arista. Los abogados del extitular de Andis creen que la aparición de Beller y su historia de grabaciones íntimas refuerza su tesis de que todo el escándalo no es más que «una operación de inteligencia» orquestada para derribar al gobierno. Su estrategia legal se apoya en la controvertida «teoría del fruto del árbol envenenado», argumentando que los audios podrían ser apócrifos o haber sido manipulados con inteligencia artificial para crear un relato de corrupción ficticio. En esa misma línea, el fiscal Stornelli maneja una causa paralela que investiga esta hipótesis, aunque los investigadores principales sostienen que esa vía es un mero intento de enturbiar las evidencias sólidas que ya obran en el expediente principal.
Más allá de la controversia sobre la autenticidad de las cintas, el expediente judicial se sostiene sobre una montaña de pruebas documentales y periciales que resultan, por el momento, incontrovertibles. El juez federal Ariel Lijo ya ha ordenado un peritaje técnico de los audios, que comenzará el próximo miércoles a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería, en un intento por despejar las dudas sobre su veracidad. Sin embargo, el fiscal Piccardi ha construido su acusación sobre la base de hallazgos mucho más terrenales, como los cuadernos contables incautados a Miguel Ángel Calvete, donde se registran pagos que coinciden exactamente con las fechas de los desembolsos estatales, así como anotaciones manuscritas que evidencian retornos para el grupo que oscilaban entre el 12 y el 20 por ciento de cada adjudicación.
A ello se suman los mensajes de texto incautados, donde los implicados se jactaban de dirigir los hilos del organismo desde las sombras, y los tickets de compulsas de precios que revelan un patrón alarmante: el 93,11 por ciento de las órdenes de compra de medicamentos de alto costo terminaron concentradas en solo dos firmas, Profarma y Génesis, mientras que otras empresas actuaban como meras pantallas para simular competencia. Este caudal probatorio, que incluye también los teléfonos celulares de los procesados y la documentación requisada en los allanamientos, dibuja un mapa de corrupción sistémica que parece resistir los embates de las teorías conspirativas.
En cuanto al origen de la filtración que desencadenó todo el proceso, las declaraciones de Beller apuntan directamente a Natalia Basil, aunque los cronogramas judiciales matizan su rol. Si bien Basil se desempeñó en la Andis entre abril y diciembre de 2024, momento en que la banda comenzaba a tejer su red, el pico más alto de la «fiesta» de los sobreprecios ocurrió entre mayo y junio de 2025, cuando ella ya no formaba parte del organigrama estatal. No obstante, su vínculo familiar y político con Cerimedo, quien la habría colocado en la función pública, la mantiene en el ojo de la tormenta, y su presunta participación en la filtración sigue siendo tema de agrias disputas en la interna del espacio libertario, donde las acusaciones vuelan de un lado a otro sin que, por ahora, la justicia haya podido establecer con certeza quién soltó la madeja que terminó por enredar a todo el gobierno.
