El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, fue censurado por el Congreso tras no comparecer ante acusaciones patrimoniales, mientras la expareja del asesor presidencial, Fernando Cerimedo, asegura poseer pruebas de corrupción vinculadas al oro y los combustibles tras sobrevivir a un atentado. La oposición exige la renuncia del funcionario y una investigación que alcance al círculo íntimo del mandatario.
La jornada del martes se convirtió en un punto de inflexión para la administración de Rodrigo Paz, sacudida por una tormenta política que conjuga la censura parlamentaria contra un ministro clave, acusaciones de corrupción que salpican al asesor más cercano al mandatario y un intento de femicidio que destapó presuntas pruebas de ilícitos en la cúpula estatal. El escenario, de por sí tenso por la crisis económica y la escasez de divisas, derivó en un terremoto institucional que dejó al Ejecutivo contra las cuerdas, con el Legislativo ejerciendo su poder fiscalizador y la justicia bajo la lupa de la opinión pública.
El revés más inmediato y formal lo sufrió el titular de la cartera económica, José Gabriel Espinoza, quien vio cómo la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaba una moción de censura en su contra con un respaldo abrumador: 91 votos de los 129 parlamentarios presentes respaldaron la medida, desestimando las excusas del funcionario, quien había optado por no asistir a la sesión convocada para interpelarlo sobre su gestión. Espinoza remitió una misiva argumentando compromisos de viaje impostergables, pero los legisladores interpretaron esa ausencia como un desacato y un desdén hacia el control político, lo que precipitó la sanción. La Ley 1350, que normativa los alcances de la censura, establece un plazo perentorio de veinticuatro horas para que el presidente Paz, una vez notificado oficialmente, proceda a la remoción del ministro, un mandato que ahora coloca al jefe de Estado en una disyuntiva crítica entre respaldar a su colaborador o acatar la voluntad del Congreso.
El origen de esta embestida contra Espinoza se remonta a la semana precedente, cuando el vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia penal en su contra ante la Contraloría General del Estado. El expediente se centra en la adquisición de un vehículo de alta gama, un Audi Q4 e-tron, cuya compra habría sido omitida en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas que el ministro presentó ante el órgano de control. Lara señaló inconsistencias flagrantes entre el valor oficialmente registrado para la transacción y el monto que el propio Espinoza habría reconocido en declaraciones públicas como el desembolso real, lo que configura, a juicio de la vicepresidencia, un presunto enriquecimiento ilícito y una violación de las normas de transparencia. Pero la embestida del vicepresidente no se detuvo allí: en las últimas horas, Lara conectó el caso de Espinoza con la escalada de violencia que amenaza al gobierno, al condenar con vehemencia el atentado contra Nadia Beller y exigir que Fernando Cerimedo, asesor personal de Paz, sea sometido a la justicia común sin privilegios ni protección oficial. “Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz”, sentenció Lara, en un dardo directo al corazón del poder fáctico dentro del Palacio Quemado.
Mientras el frente legislativo acorralaba al ministro de Economía, el testimonio de Nadia Beller irrumpió con la fuerza de una revelación explosiva. La expareja de Fernando Cerimedo, quien horas antes había sido víctima de un ataque a balazos del que milagrosamente sobrevivió, denunció que sus agresores no solo intentaron acabar con su vida, sino que actuaron con un objetivo claro: sustraer su teléfono móvil. En ese dispositivo, según declaró la propia Beller, residían pruebas no solo de la violencia física que padeció en relaciones anteriores y de la tentativa de feminicidio que ya había denunciado, sino también de una trama de corrupción de alto calibre que compromete a sectores estratégicos del gobierno. “Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, en el que no sólo tenía pruebas de la agresión física (de Cerimedo) y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó ante los medios, en un relato que estremeció a la opinión pública. Beller fue más allá al asegurar que sus archivos contenían evidencias sobre operaciones ilícitas vinculadas al comercio del oro, con pagos canalizados a través de contratos millonarios negociados con grandes corporaciones, y lanzó una frase que resonó como un misil contra la estructura de poder: “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”.
La denuncia de Beller se materializó también en las redes sociales, donde publicó una imagen que se volvió viral: una placa de reconocimiento otorgada a Cerimedo por un curso de seguridad y protección de personas, colocada junto a un cajón repleto de fajos de billetes que, según su acusación, procederían de actos de corrupción. La fotografía, acompañada de un mensaje en el que alertaba sobre un posible encubrimiento policial, encendió las alarmas sobre la influencia del asesor presidencial y su presunta red de contactos en las fuerzas del orden. La afirmación de Beller de que la policía “lo va a encubrir” añadió un componente de suspicacia institucional que agrava la crisis de credibilidad del gobierno, sobre todo cuando se conocen antecedentes recientes de escándalos que salpican al Estado en su conjunto.
En ese contexto, las denuncias de corrupción que ya venían gestándose en meses anteriores adquirieron una nueva dimensión. El caso más resonante es el del oro incautado en el aeropuerto Viru Viru, donde en julio pasado se decomisaron 189 kilos del mineral que supuestamente serían exportados de manera ilegal. Sin embargo, la investigación posterior reveló una anomalía inexplicable: 22 kilos de ese cargamento desaparecieron sin que las autoridades pudieran dar cuenta de su paradero, lo que desató severas críticas contra los mecanismos de control estatal y alimentó las sospechas de complicidad interna o encubrimiento en los estratos superiores del gobierno. A este escándalo se suma la denuncia penal que el propio vicepresidente Lara interpuso en febrero contra el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, a quien acusó de haber suscrito contratos con sobreprecio en la adquisición de petróleo crudo y combustibles, y por quien pidió sin ambages que fuera enviado a prisión. La trama se enrarece aún más con el caso del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, detenido en julio como presunto responsable de la distribución de combustible adulterado que afectó a unos 66 mil vehículos, un episodio que evidenció fallas graves en la cadena de suministro y control de uno de los recursos más sensibles de la economía nacional.
El cúmulo de estos sucesos dibuja un panorama sombrío para el gobierno de Rodrigo Paz, que no solo debe lidiar con la censura inminente de su ministro de Economía en un momento de fragilidad financiera, sino también con la erosión de su legitimidad ante la ciudadanía, que observa con estupor cómo las denuncias de corrupción se entrelazan con la violencia y el tráfico de influencias en los niveles más altos del poder. La exigencia de transparencia y de investigaciones imparciales se ha convertido en un clamor unánime, mientras la oposición política y los sectores sociales reclaman que el presidente Paz asuma su responsabilidad y no permita que su asesor personal, Cerimedo, continúe actuando con la impunidad que sus críticos le atribuyen. La resolución del caso Espinoza, sumada a la credibilidad que se otorgue al testimonio de Beller y a la profundidad con que se investiguen los escándalos del oro y los combustibles, definirá en los próximos días no solo el rumbo de esta administración, sino la confianza en las instituciones democráticas de un país que asiste, atónito, al desplome de sus propias barreras éticas.
