Lo que comenzó como una denuncia puntual por el saqueo a las rutas nacionales se convirtió en un aluvión de pruebas que comprometen al ministro. La diputada Marcela Pagano amplió su embestida judicial al revelar que la misma metodología de desvío se aplica sobre los fondos destinados a prevenir inundaciones, construir hogares y recuperar el sistema ferroviario, en un entramado que suma casi 4 mil millones de dólares desviados para engrosar las arcas políticas y financieras del Gobierno.
El universo de los fideicomisos públicos, concebidos originalmente como arcas intocables para fines específicos, se ha transformado en una suerte de comodín presupuestario bajo la gestión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La denuncia que había encendido todas las alarmas hace apenas semanas, referida al manejo discrecional de los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales (SISVIAL), no era más que la punta del iceberg de una práctica sistémica que ahora se extiende como una mancha de aceite hacia otros rubros vitales para el desarrollo del país. La legisladora Marcela Pagano, con la precisión de un relojero, ha destapado una nueva caja de Pandora al formalizar una ampliación de su presentación judicial que involucra a otros cuatro fideicomisos estratégicos, todos ellos alimentados por la misma fuente: el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
El mecanismo, lejos de ser una excepción, parece responder a un manual de estilo de la administración nacional. La estrategia consiste en esquilmar los caudales que, por mandato legal, deben destinarse a la infraestructura hídrica para mitigar el impacto de las crecidas y los desastres ambientales, al mejoramiento del transporte ferroviario de pasajeros y cargas, y a la construcción de viviendas sociales, para redirigirlos hacia un destino diametralmente opuesto al interés público. Según los cálculos de la diputada, respaldados por informes técnicos y pericias contables, el monto sustraído de estos circuitos específicos alcanza una cifra astronómica que ronda los 4.000 millones de dólares, un descomunal botín que habría sido utilizado como moneda de cambio para engrasar la maquinaria legislativa y maquillar los números rojos del fisco.
La lógica perversa detrás de este desfalco programado se revela al analizar los cronogramas de los desembolsos. Pagano había señalado con anterioridad que los giros a las provincias desde el fideicomiso vial coincidían sospechosamente con el calendario de sesiones parlamentarias, apareciendo en las cuentas de los gobernadores en la víspera, el día exacto o la jornada posterior a cada votación considerada «clave» para los intereses del oficialismo. Esta coreografía financiera, que torna indistinguible la administración de recursos de la compra de voluntades políticas, se repite ahora con los otros fideicomisos. Los fondos no solo viajan hacia los distritos en fechas estratégicas para asegurar el apoyo legislativo, sino que también son absorbidos por el Tesoro mediante la colocación de Letras de Liquidez (Leliq) y otros títulos de deuda, convirtiendo el dinero de los contribuyentes en un salvavidas para la caja única del Estado, en franco detrimento de los puentes, los terraplenes, las viviendas y los rieles que el país tanto necesita.
En el caso específico del Fondo Hídrico, la situación adquiere ribetes de escandalosa gravedad, especialmente si se considera la recurrencia de fenómenos climáticos extremos que asolan vastas regiones del territorio argentino. Las partidas que debían ejecutarse en defensas ribereñas, canalizaciones y sistemas de alerta temprana han sido licuadas o directamente redirigidas hacia otros fines. Lo mismo ocurre con el SIFER (Sistema Ferroviario Integrado), donde el sueño de una red de trenes moderna, segura y eficiente se desvanece ante la evidencia de que los recursos destinados a la adquisición de material rodante y la renovación de vías han sido desviados para solventar gastos corrientes o atender compromisos de corto plazo. El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el PROCREAR, que alguna vez representaron la esperanza de miles de familias y de provincias postergadas, engrosan ahora la lista de los damnificados por esta práctica que desnaturaliza por completo la esencia de la inversión pública.
La presentación de Pagano, que ya había provocado un terremoto político en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, pone ahora en jaque al equipo económico al demostrar que el uso de los fideicomisos como cajas chicas de la política no es un accidente, sino una metodología de gobierno. Se trata, en esencia, de una doble apropiación: por un lado, se le niega a la ciudadanía las obras de infraestructura que financió con sus impuestos, y por el otro, esos mismos fondos son utilizados para sostener el equilibrio fiscal a cualquier precio, incluso si eso implica la degradación de los activos más valiosos del Estado. La “motosierra” a la que tanto alude el oficialismo no solo corta gastos, sino que, en este contexto, parece estar serruchando las propias bases del crecimiento sostenido al dilapidar el presupuesto de inversión real en favor de la supervivencia financiera inmediata.
Esta práctica financiera, que algunos economistas califican como de «contabilidad creativa» y otros directamente como de «administración fraudulenta», plantea un serio interrogante sobre la legalidad y la ética en el manejo de los recursos públicos. La ley es explícita al establecer las asignaciones específicas para cada uno de estos fideicomisos, y el desvío de sus fondos constituiría, en términos legales, una violación flagrante del principio de legalidad presupuestaria. La diputada Pagano, al poner estas nuevas pruebas sobre la mesa, no solo busca justicia para los contribuyentes, sino que también intenta desbaratar un esquema que, de perpetuarse, condenará al país a una profunda paradoja: tener un fisco equilibrado sobre las ruinas de su infraestructura.
En definitiva, la denuncia ampliada de la legisladora destapa el verdadero rostro de la gestión de Caputo al frente del Palacio de Hacienda. La imagen del ministro como un técnico ordenado se resquebraja ante la evidencia de un manejo discrecional que convierte los fondos atados a fines específicos en un botín de guerra política y financiera. Los recursos para rutas, viviendas, trenes y defensas contra inundaciones han sido reducidos a meras variables de ajuste para cumplir con las metas fiscales y asegurar la gobernabilidad, dejando a su paso un rastro de postergación y deterioro que el país tardará décadas en revertir. La pelota está ahora en el tejado de la Justicia, que deberá determinar si estas maniobras constituyen un simple exceso de facultades administrativas o si, por el contrario, encuadran en las figuras penales de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. Mientras tanto, los argentinos siguen esperando las obras que les prometieron y que, al parecer, jamás llegarán.
