Multitudinaria movilización en el centro porteño visibiliza la crisis silenciosa del sobreendeudamiento familiar y PyME, mientras el Gobierno desoye los reclamos y la banca virtual multiplica los intereses. Organizaciones sociales y centrales obreras exigen al Ejecutivo una respuesta urgente ante la morosidad récord y la estampida de cierres empresariales.
En el corazón de Buenos Aires, entre el vallado que custodia el Ministerio de Economía y la efigie de la Plaza de Mayo, miles de voces se alzaron ayer para romper el silencio que envuelve a casi veinte millones de ciudadanos. No se trata de una cifra menor: representa la mitad de la población nacional, un colectivo heterogéneo que atraviesa edades, oficios y extracciones sociales, pero que comparte un mismo y apremiante flagelo: el endeudamiento como única vía de subsistencia.
La protesta, convocada por la CGT, la UTEP y las dos CTA, transcurrió sin incidentes pero con una contundencia simbólica inédita. Los manifestantes, entre los que se contaban docentes, jubilados, monotributistas y trabajadores informales, desafiaron el frío y la indiferencia oficial para depositar un petitorio en manos del ministro Luis Caputo. El documento, que permaneció en la puerta de la cartera económica ante la ausencia de receptores, detalla un escenario desolador: familias que hipotecan su presente para comprar alimentos, pequeños comerciantes que ven clausuradas sus operaciones y una clase media que, por primera vez, se reconoce en la vergüenza de deber.
“El revólver que menciona el Presidente no es de acero, pero apunta igual”, se leía en una de las pancartas, en clara alusión a la polémica frase de Javier Milei sobre la ausencia de coacción en los contratos crediticios. Lejos de esa simplificación, los oradores de la jornada describieron un mecanismo de presión mucho más sutil y devastador: la inflación galopante, la depreciación del salario y la usura encubierta de las plataformas financieras. “Cuando una familia no puede afrontar el plástico o el préstamo, deja de consumir; cuando la empresa carece de capital circulante, reduce su actividad; y con la caída de la producción y el consumo, el empleo se resquebraja”, advirtieron los dirigentes gremiales, trazando un círculo vicioso que el oficialismo se empeña en negar.
Mientras Milei, desde la comodidad del Hotel Alvear, declaraba ante el Council of the Americas que el desempleo no crece y los salarios se mantienen, en la vereda opuesta los datos empíricos desmentían sus afirmaciones. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en billeteras virtuales y aplicaciones de crédito trepó al 29,6 por ciento, un registro que supera incluso los picos de la pandemia de 2020. Tres gigantes tecnológicos —Tarjeta Naranja, Naranja Digital (del Grupo Galicia) y Mercado Libre, de Marcos Galperín— concentran el 40 por ciento de esos préstamos en situación irregular, afectando primordialmente a jóvenes y hogares de bajos ingresos que recurren a microcréditos para costear gastos cotidianos.
Pero el fenómeno no se agota en la estadística. Detrás de cada número hay una historia de esfuerzo y humillación. Gabriel, docente de 45 años, confesó con voz quebrada que debió pedir auxilio a su madre para saldar una deuda contraída por cuotas engañosas. “Trabajo todo el día, pero las cuentas no cierran. Te ofrecen financiación con inflación del treinta por ciento y te cobran intereses del ciento. Es un abuso consentido”, denunció. Su testimonio se replicó en centenares de asistentes, como el de Martina, abogada y terapeuta de 32 años, que tras regresar del exterior tardó doce meses en insertarse laboralmente y tuvo que recurrir a su familia para sobrevivir. “Hay un nuevo actor político: la persona endeudada. Se vive con vergüenza, con la sensación de existir en falta. Es un cerco que tiende el sistema”, reflexionó.
La movilización también puso en evidencia la fractura generacional y la precariedad de los adultos mayores. Ana, de 70 años, sigue dando clases pese a estar jubilada, como otros 27.000 docentes que debieron reingresar al mercado laboral porque sus haberes no alcanzan. “La deuda debería condonarse. Este Gobierno, alineado con intereses foráneos, nos empuja a pedir prestado para pagar otros préstamos, para comer. Es insano”, exclamó, mientras sostenía un cartel que reclamaba tasas acordes a la evolución de los ingresos.
El malestar no se circunscribe al ámbito doméstico. Las pequeñas y medianas empresas, motor histórico del empleo argentino, atraviesan su peor momento en décadas. Durante el mes de mayo, según registros oficiales del SIPA, clausuraron 2.371 unidades productivas, a un ritmo de tres compañías por hora. En lo que va del año, el saldo asciende a 8.438 PyMEs desaparecidas, un desplome que motivó la participación de organizaciones como Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y Apyme en la jornada de reclamos. “Mientras se funden treinta mil empresas, los gobernadores permanecen impasibles. Exigimos que se trate la ley de Emergencia en el Congreso”, reclamó Leo Bilansky, director de mundoempresarial.ar, quien respaldó el pedido de las centrales obreras para analizar el endeudamiento que compromete el capital de trabajo y pone en jaque las fuentes laborales.
En el plano legislativo, la oposición acumula veintiocho proyectos orientados a aliviar la situación de familias y compañías, pero el oficialismo, a través de La Libertad Avanza, obstruye su tratamiento en comisiones. Sin embargo, algunas provincias han tomado la iniciativa: Axel Kicillof, gobernador bonaerense, ordenó abrir un expediente contra Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y otras entidades por presuntas violaciones a la normativa de defensa del consumidor, tras recibir más de dos mil denuncias en el primer semestre por acoso y hostigamiento. En tanto, Ricardo Quintela, mandatario riojano, declaró la emergencia económica, crediticia y social por 180 días, y firmó un decreto que refuerza la fiscalización estatal y establece instancias de conciliación para deudas insostenibles.
Pero más allá de los despachos oficiales, la jornada dejó una estampa imborrable: la de Aníbal, un trabajador formal de 49 años, que se acercó a la marcha no por una deuda propia, sino por la angustia de ver a sus seres queridos asfixiados. “Me privo de todo, yo y mis hijos, para no caer en el círculo. No es justo”, se lamentó. Cerca, Liliana, psicóloga jubilada de 73 años, resumió el drama cotidiano de su hijo docente: “Alquila, es padre, y nunca llega a fin de mes. Quiere sacar un préstamo y le digo que lo piense. Pero lo peor es que trabaja sin descanso y cuando vuelve, su hija ya duerme. Sin comida, sin dinero y sin tiempo para el afecto, ¿qué clase de vida es esta?”.
La respuesta, por ahora, sigue siendo el silencio oficial y el blindaje policial alrededor de la Casa Rosada. Pero la marea humana que ayer rodeó el microcentro porteño demostró que la deuda ya no es un asunto privado: es una grieta social que amenaza con ensancharse, y que exige, más temprano que tarde, una política integral que ponga freno a los abusos financieros y devuelva la dignidad a quienes, por sobrevivir, se ven condenados a deber.
