Fernando Cerimedo, asesor vinculado a la derecha internacional y al trumpismo, quedó en el centro de la tormenta política y judicial tras filtrarse audios que comprometen a funcionarios libertarios. Su participación en una tentativa de femicidio en Bolivia, sus vínculos con el poder y su rol en la interna de La Libertad Avanza desatan interrogantes que el oficialismo intenta esquivar sin éxito.
El entramado de poder, traiciones y negocios encubiertos que rodea a Fernando Cerimedo adquirió en las últimas semanas una dimensión inusitada, al punto de conmover los cimientos del gobierno de Javier Milei. El consultor político, de larga trayectoria en las trincheras de la derecha continental y señalado como un operador estratégico del trumpismo en América Latina, se encuentra hoy en el ojo del huracán por su presunta participación en la tentativa de asesinato de la abogada Nadia Beller, su expareja, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pero el escándalo no se agota en la violencia de género ni en los balazos que estuvieron a punto de costarle la vida a la jurista: Cerimedo también es el protagonista de una filtración de audios que dejó al descubierto una presunta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que involucra, nada menos, que a Karina Milei, hermana del Presidente y figura central del espacio gobernante.
El origen de la crisis se remonta a las conversaciones que Cerimedo y su esposa, la argentina Natalia Basil, mantuvieron con Diego Spagnuolo, entonces titular de Andis, en un café de Buenos Aires. Lo que en principio pudo haber sido un encuentro informal derivó en una grabación que la pareja habría difundido con deliberada intención política, en medio de las tensiones internas que atraviesan a La Libertad Avanza y, más específicamente, en el marco de una disputa de poder dentro del propio organismo estatal donde Basil se desempeñaba hasta su salida forzada. Los audios, que circularon con sigilo pero terminaron en manos de varios medios de comunicación, exponen a Spagnuolo admitiendo el cobro de sobornos y mencionando un adicional del “tres por ciento para Karina”, en referencia directa a la hermana del mandatario, todo ello orquestado por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, figuras de confianza en el ecosistema libertario.
Desde el Ejecutivo nacional, las reacciones fueron tan veloces como contradictorias. Si bien sectores cercanos al poder calificaron a Cerimedo como un traidor, matizaron el calificativo al reconocer que se trata de “alguien de nuestro palo”, un hombre clave en el armado de la derecha regional y con vínculos estrechos con una fracción del gobierno de Donald Trump. Esa doble condición —la de aliado incómodo y la de operador valioso— explica por qué, pese a la gravedad de las acusaciones, el consultor sigue siendo recibido en despachos oficiales cada vez que pisa Buenos Aires, donde se le encargan trabajos bajo cuerda que jamás trascendieron a la opinión pública. Esa misma ambigüedad fue la que llevó al propio Javier Milei y a la diputada Lilia Lemoine a defenderlo en un primer momento, aunque el Presidente intentó despegarse en las últimas horas, negando cualquier vínculo orgánico con el acusado y desmintiendo las afirmaciones de la justicia boliviana, que lo señala como autor intelectual del brutal ataque contra Beller.
La mujer, que había permanecido internada en grave estado luego de recibir cuatro disparos, fue dada de alta recientemente y abandonó la clínica en silla de ruedas, custodiada por efectivos policiales, en una imagen que conmovió a la opinión pública y puso en evidencia la crudeza del episodio. Su testimonio, sumado a los mensajes y anotaciones hallados en el teléfono celular de Cerimedo, resultó determinante para que la fiscal boliviana Yolanda Aguilera priorizara el móvil de la violencia de género, agravado por el embarazo de la víctima y los antecedentes de golpes que el asesor le propinó en junio y julio pasados, cuyas lesiones fueron documentadas por la propia afectada. Sin embargo, en las comunicaciones intervenidas también surgieron menciones a negocios ilícitos vinculados con combustibles y oro, lo que abrió una segunda línea de investigación relacionada con el enriquecimiento ilícito y las presuntas transacciones oscuras que Cerimedo habría gestionado tanto en Bolivia como en Argentina. Beller, según fuentes judiciales, amenazaba con revelar esas tramas, y fue entonces cuando Cerimedo habría ordenado su eliminación con la frase que quedó registrada en su dispositivo: “Nos vendió. O la eliminamos ya o estamos jodidos”.
Esa prueba fue convalidada por el juez Wilson Espada, quien confirmó la prisión preventiva del consultor por 180 días, mientras la policía boliviana avanza en la detención de los autores materiales. El sábado se entregó en Santa Cruz el colombiano Víctor Hugo C. Z., señalado como uno de los sicarios que participaron en el ataque, y también fue detenido el presunto proveedor del arma, aunque ambos negaron toda responsabilidad. La investigación, no obstante, se mueve en un terreno pantanoso, con detenciones que se suceden y se revierten, y con la sombra de una posible injerencia política que complique el esclarecimiento de los hechos.
Paralelamente, en el plano local, el fiscal Franco Picardi avanza en la causa por las coimas en Andis, y aunque Spagnuolo sostuvo que los audios fueron alterados con inteligencia artificial, esa versión encuentra escaso crédito entre los investigadores. Lo cierto es que Cerimedo declaró bajo juramento que Spagnuolo le había confiado los detalles del esquema de corrupción mucho antes de que se difundieran las grabaciones, lo que refuerza la solidez de la acusación. La diputada Marcela Pagano, por su parte, solicitó que se tome declaración a Beller, cuyo testimonio podría aportar nuevas aristas al expediente.
El poder de Cerimedo, sin embargo, trasciende las fronteras nacionales y los escándalos domésticos. La prestigiosa revista The Economist lo describió como “el hombre de MAGA en América Latina”, en alusión a su rol como enlace de Donald Trump en la región, un título que no es gratuito si se considera su participación en campañas electorales en Honduras, su influencia en el clima previo al intento de golpe en Brasil y su capacidad para moverse en los círculos más exclusivos del poder republicano, de la mano de figuras como Brad Parscale y empresarios hispanos que organizan eventos en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense. Precisamente, Milei tiene previsto participar el 14 de octubre de la gala hispana en ese mismo escenario, un encuentro que fue organizado por el medio digital fundado por Cerimedo, aunque ahora el consultor ya no controla la totalidad del emprendimiento tras la venta del cincuenta por ciento al español Javier Negre, cercano a Vox.
A pesar de su caída en desgracia, y de que sectores del oficialismo lo consideran un lastre, Cerimedo sigue siendo un interlocutor válido para ciertos actores del gobierno argentino. Se sabe que mantuvo encuentros públicos con el encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Erik Martini, y que su influencia era tal que el expresidente Evo Morales llegó a afirmar que Cerimedo tenía más poder que el propio gobernante boliviano de turno. Esa percepción, sumada a los indicios de enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal Carlos Torrez en La Paz, refuerza la hipótesis de que el asesor no solo operaba como un ideólogo de la derecha, sino como un actor que movía hilos económicos y políticos con total impunidad.
El intento del gobierno de Milei por desligarse de la figura de Cerimedo se topa, sin embargo, con evidencias incómodas: el Presidente compartió en redes sociales mensajes de Lemoine que minimizaban el ataque a Beller con burlas y referencias a otros episodios violentos, un gesto que fue interpretado como un respaldo tácito al sospechoso. Aunque luego intentó corregir el rumbo y aseguró que Cerimedo “no forma parte del espacio”, la contradicción entre el discurso y los hechos persiste, alimentando las sospechas de que el vínculo entre el consultor y el poder libertario es más profundo y más turbio de lo que se admite públicamente.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza con cuentagotas, y cada nueva revelación parece abrir más preguntas que certezas. ¿Hasta dónde llega la red de protección de Cerimedo? ¿Qué intereses se esconden detrás de los audios filtrados y de la guerra interna en La Libertad Avanza? ¿Por qué el gobierno argentino insiste en mantenerlo a resguardo pese a las evidencias en su contra? Por ahora, lo único claro es que el escándalo no hará más que crecer, y que el nombre de Fernando Cerimedo quedará grabado como un símbolo de las contradicciones de un oficialismo que pretende romper con el pasado pero que, en los hechos, sigue atado a las mismas prácticas de siempre.
