El ministro de Economía impulsa una reforma legal para sancionar a periodistas por “información inexacta”, mientras el Presidente califica a los comunicadores como “desechos humanos”. Especialistas, opositores y organismos de derechos humanos alertan sobre un peligroso retroceso autoritario que amenaza los pilares democráticos.
En un nuevo capítulo de la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación, el Gobierno nacional desató en los últimos días una ofensiva verbal y política de una virulencia inusitada contra la prensa independiente. El ministro de Economía, Luis Caputo, planteó a través de sus redes sociales la necesidad de endurecer las leyes que regulan la libertad de expresión, proponiendo la creación de “una ley que castigue” a aquellos periodistas que difundan “información inexacta” acerca de funcionarios públicos. La iniciativa, que fue respaldada de inmediato por el presidente Javier Milei, no solo evidenció un profundo desconocimiento del marco constitucional y jurisprudencial argentino, sino que también sumó un nuevo episodio de agresiones directas y descalificaciones masivas contra quienes ejercen el periodismo crítico.
El disparador de la reacción oficial fue una investigación periodística que daba cuenta de una maniobra empresarial mediante la cual el Grupo Lenor habría asumido el control de la verificación de surtidores de combustible, tras una decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que retiró esa competencia al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La publicación señalaba un vínculo entre el titular de ese conglomerado, Julio Made, y el propio Caputo, lo que motivó el desmentido del funcionario y, sobre todo, su polémica propuesta de sancionar a los comunicadores. Sin embargo, lo que en principio pudo haber sido una réplica a una información cuestionada derivó en un planteo que, según expertos, desconoce por completo los estándares legales vigentes en materia de libertad de prensa.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue contundente al señalar que las declaraciones del ministro revelan “un absoluto desconocimiento del sistema constitucional y convencional argentino”. En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 14, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, garantizan la libertad de expresión sin censura previa, y que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con claridad la doctrina de la real malicia, que protege a los periodistas ante eventuales errores involuntarios. “Caputo ignora todo eso. Si el Gobierno tiene pruebas de falsedad, tiene el camino de la Justicia, pero no puede pretender coartar el ejercicio del periodismo mediante amenazas de castigo”, subrayó el especialista.
Pero la escalada no se detuvo allí. El presidente Milei, fiel a su estilo de confrontación permanente y exacerbado por el aluvión de insultos que viene pronunciando contra la prensa en las últimas semanas, respaldó la iniciativa de su ministro y fue aún más lejos al calificar a los periodistas como “mierdas humanas”. En apenas ocho días, el mandatario acumuló más de 350 mensajes en su cuenta de X contra medios y comunicadores que ofrecen una mirada crítica o disidente a su gestión. Frases como “soretes”, “basuras humanas”, “amontonamiento de mierda” y “domando soretes pelotudos” se repitieron en sus publicaciones, mientras que periodistas de larga trayectoria como Marcelo Bonelli, Manuel Jove, Hugo Alconada Mon, María O’Donnell, Julia Mengolini y Mónica Gutiérrez fueron blanco de ataques personalizados. A Bonelli lo definió como “mierda humana mal cagada” y a Jove como “basura humana” y “cavernícola”, luego de que este último participara en un debate sobre la industria nacional.
Este comportamiento, que ya había sido registrado en ocasiones anteriores contra este diario —al que Milei suele referirse como “zurdo” o “Página/12”—, tuvo un nuevo episodio de censura de facto cuando la periodista Melisa Molina, acreditada en Casa Rosada, fue expulsada de un evento de “La Derecha Fest” donde el Presidente era orador principal. Pese a tener su entrada, se le impidió el ingreso con el argumento de que “desde Buenos Aires” no querían que el diario cubriera el acto, una decisión que profundiza la hostilidad oficial hacia los medios que no se alinean con el discurso gubernamental.
En el plano institucional, la oposición legislativa presentó un cuarto proyecto de ley desde la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, con el objetivo de frenar lo que califican como “la peligrosa marea de agresión oficial”. El diputado Nicolás Trotta, vicepresidente primero de esa comisión, denunció además la falta de convocatoria a reuniones y adelantó que ya realizaron una autoconvocatoria para escuchar a los periodistas afectados. “No hay que naturalizar los dichos del Presidente. En los últimos días la situación se agravó y con el accionar de Caputo se empiezan a plantear posibles acciones represivas sobre el periodismo. La posición del Ejecutivo es cada vez más agresiva”, advirtió el legislador.
Desde el ámbito académico, Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Derecho a la Comunicación, trazó un paralelismo histórico para dimensionar la gravedad del ataque: “La tentación de los gobiernos de obligar a los periodistas a dar información considerada veraz es típica de regímenes autoritarios. Baste recordar que la ley de radiodifusión de la última dictadura militar exigía que la información fuera ‘veraz, oportuna y objetiva’. Eso contradice todos los estándares actuales de libertad de expresión. Los Estados no pueden imponer restricciones al trabajo de prensa”.
El especialista en comunicación Martín Becerra, por su parte, interpretó esta embestida como una estrategia deliberada de distracción. Según su análisis, el Gobierno busca desviar la atención de los fracasos y dificultades de su gestión, que ya acumula más de dos años y medio de gestión con crecientes niveles de malestar social. “Delegan responsabilidad en terceros, como periodistas notorios, actores investidos de poder ante la opinión pública. Dispersan el foco de forma estratégica para no asumir el costo del descontento actual. Ese es el trasfondo, y al núcleo duro del oficialismo no le sienta nada mal”, afirmó Becerra.
En la misma línea, el abogado Eduardo Tavani, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo que los funcionarios parecen no tolerar que sus acciones estén sometidas al escrutinio público. “Manifestaciones de tal tenor son una muestra más de la intolerancia de quienes las profieren”, opinó. Y agregó que la pretensión de castigar a los periodistas por información inexacta choca de frente con el derecho constitucional a la libre expresión y con la obligación del Estado de garantizar ese derecho, no de cercenarlo.
La preocupación trasciende las fronteras. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexionó sobre el contexto regional y recordó que líderes de la derecha como Bukele en El Salvador, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos han recurrido a ataques similares contra la prensa en momentos de crisis. “Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. El periodismo cumple un rol clave en exigir rendición de cuentas al poder. Medidas que entorpezcan o limiten su tarea son incompatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión. No puede haber periodismo libre si se ejerce bajo amenaza, intimidación, represalias o castigo. El camino no es silenciar a la prensa, sino garantizar que pueda trabajar sin miedo”, enfatizó Belski.
De este modo, lo que comenzó como una réplica airada a una información incómoda se transformó en una ofensiva frontal contra uno de los pilares fundamentales de la democracia. La propuesta de Caputo, avalada por Milei, no solo desnuda un profundo desprecio por el Estado de derecho, sino que también instala un debate inquietante sobre los límites del poder y la vigencia de las libertades esenciales en un contexto político cada vez más polarizado y hostil hacia la disidencia. Mientras el Gobierno redobla sus ataques, la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y el arco opositor alertan sobre un peligroso derrotero que, de no ser frenado, podría sentar precedentes graves para el ejercicio del periodismo y la salud de la vida democrática en la Argentina.
