Con 139 voluntades afirmativas, la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que amplía el universo de contribuyentes habilitados para acogerse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa, que extiende plazos y elimina topes patrimoniales, aspira a canalizar hacia el circuito bancario los cerca de 170.000 millones de dólares que, según estimaciones oficiales, permanecen resguardados fuera del sistema formal.
En una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada, el bloque oficialista cosechó un nuevo triunfo legislativo al conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que reforma el actual régimen de Inocencia Fiscal. Con un respaldo de 139 sufragios positivos, 110 negativos y dos abstenciones, el Gobierno logró avanzar con esta herramienta que apunta a ensanchar el espectro de personas físicas y sucesiones indivisas que podrán sumarse al sistema simplificado para el pago del Gravamen a las Ganancias, en lo que constituye el segundo éxito consecutivo del oficialismo en el recinto, tras la reciente sanción de la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central.
El respaldo al texto oficial surgió del habitual arco de aliados parlamentarios, entre los que se contaron el PRO, la Unión Cívica Radical, el interbloque Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo. En la vereda opuesta, el rechazo aglutinó a Unión por la Patria, las bancadas de izquierda, y un grupo reducido de diputados de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, quienes manifestaron sus reparos a los alcances de la medida.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado durante la presentación de la iniciativa que el espíritu de la norma era otorgar certidumbre a largo plazo, de modo que las ventajas previstas se mantengan vigentes con prescindencia del signo político que ostente el Poder Ejecutivo en el futuro. En ese marco, el funcionario reveló que el cálculo oficial indica que los argentinos atesoran fuera de los canales convencionales un monto cercano a los 170.000 millones de dólares, una masa de recursos que el Gobierno considera estratégica para oxigenar las reservas y dinamizar la economía real. Sin embargo, hasta el presente, la acogida al régimen vigente había resultado modesta: según datos proporcionados por el organismo recaudador, alrededor de 330.000 contribuyentes se inscribieron en el sistema de declaración jurada simplificada, de los cuales 170.115 ya presentaron su formulario definitivo, mientras que cerca de 99.000 expedientes permanecen en estado de borrador, lo que evidencia un ritmo de adhesión por debajo de las metas oficiales.
El dictamen sancionado introduce modificaciones sustanciales a la ley 27.799, ya que elimina cualquier tipo de restricción cuantitativa vinculada a los ingresos anuales y al patrimonio de los solicitantes. Anteriormente, solo podían acogerse aquellos individuos que acreditaran un ingreso máximo de 1.000 millones de pesos y un patrimonio que no excediera los 10.000 millones de pesos; ahora, en cambio, se abre la puerta a todos los residentes en el país, sin cortes ni topes, lo que amplía considerablemente la base potencial de adherentes. Además, el plazo para aprovechar los beneficios se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, concediendo un horizonte temporal más holgado para que los interesados regularicen su situación fiscal.
Un aspecto nodal de la norma es que se preservan intactas las atribuciones fiscalizadoras del ente recaudador sobre aquellos sujetos de mayor envergadura económica o con significativa incidencia recaudatoria. Con el objeto de dotar de claridad al procedimiento, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que constituye el umbral a partir del cual el fisco puede objetar una declaración jurada simplificada y revisar en profundidad las liquidaciones del Impuesto a las Ganancias. Esta discrepancia se configurará cuando, producto de la impugnación, el tributo determinado experimente un incremento, o bien la reducción de quebrantos sea igual o superior al quince por ciento en comparación con lo declarado originalmente por el contribuyente.
Asimismo, el texto aprobado exige que quienes se sumen a este régimen simplificado canalicen todas sus operaciones a través de la infraestructura financiera formal, empleando medios de pago y transferencia habilitados por el Banco Central o por la Comisión Nacional de Valores, con lo cual se busca no solo blanquear capitales sino también fomentar la bancarización y la trazabilidad de los movimientos económicos. En el tramo final de las negociaciones, los legisladores incorporaron una cláusula adicional que reduce en un veinticinco por ciento las sanciones pecuniarias por infracciones de carácter formal aplicables a las pequeñas y medianas empresas, un guiño al sector productivo que pretende aliviar la carga sancionatoria para los comerciantes e industriales de menor escala.
Con esta media sanción, el Poder Ejecutivo renueva su apuesta por recuperar los capitales que permanecen al margen del sistema, convencido de que la combinación de plazos extensos, ausencia de límites patrimoniales y un marco de fiscalización acotado –pero no eliminado– incentivará a los tenedores de divisas a sincerar sus tenencias. Queda ahora pendiente el debate en el Senado, donde la iniciativa deberá superar el filtro de la Cámara alta para convertirse definitivamente en ley, en un contexto en el que el Gobierno busca acumular victorias parlamentarias que respalden su hoja de ruta económica.
