Con 133 voluntades reunidas en el recinto, la oposición logró un respaldo inesperado para forzar el debate sobre el alivio a los deudores y la continuidad de la emergencia en discapacidad. El bloque libertario y el PRO quedaron aislados en su negativa, mientras el arco opositor se prepara para una sesión clave el 9 de septiembre, con la mira puesta en construir una respuesta legislativa sin costo fiscal que eluda los obstáculos oficialistas.
En una jornada que reconfiguró el tablero político de la Cámara Baja, la oposición demostró que, pese a las resistencias del oficialismo, existe un terreno fértil para construir acuerdos transversales en temas de sensibilidad social. El intento de incluir en el temario de la sesión los proyectos sobre desendeudamiento y prórroga de la Emergencia en Discapacidad no alcanzó el umbral de los tres cuartos de los sufragios necesarios para modificar el orden del día, pero sí arrojó un número contundente: 133 adhesiones nominales que, más allá del revés reglamentario, evidencian una correlación de fuerzas que inquieta en la Casa Rosada.
Esa cifra, por sí misma, ya representa un termómetro político de alto voltaje. No solo garantiza el quórum para convocar a una sesión especial, sino que también anticipa la aprobación de iniciativas que el Gobierno nacional se empeña en mantener fuera del debate legislativo. Los únicos bloques que cerraron filas en contra de esa posibilidad fueron los legisladores libertarios y el PRO, quienes rechazaron de plano cualquier mecanismo que alivie la situación de millones de familias agobiadas por el crédito o que extienda la protección a las personas con discapacidad. El resto del arco parlamentario, en cambio, encontró en esa negativa un punto de convergencia inusual.
La jornada dejó una estampa elocuente en el Salón Pasos Perdidos, donde diputados de casi todos los sectores opositores —con la excepción de los dos bloques alineados con el Poder Ejecutivo— ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para anunciar el llamado a una sesión especial fijada para el próximo 9 de septiembre. Allí, el radical Pablo Juliano sintetizó el espíritu de la convocatoria al señalar que las banderas partidarias quedaban postergadas ante la urgencia de dar respuestas a los argentinos. La imagen de esa coalición heterogénea, donde confluyen desde el peronismo hasta la izquierda, pasando por la Coalición Cívica y bloques provinciales, marcó un hito en la dinámica parlamentaria actual.
El respaldo obtenido superó incluso las previsiones más optimistas de los organizadores, que en la víspera calculaban reunir alrededor de 122 voluntades. Esa mayoría inesperada activó una catarata de comunicaciones entre los bloques y aceleró la decisión de convocar a la prensa para formalizar el compromiso. La diputada Natalia de la Sota, impulsora de la extensión de la ley de emergencia en discapacidad, subrayó que por encima de las diferencias ideológicas se impone una realidad superior: el padecimiento cotidiano de vastos sectores de la población. En la misma sintonía, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que los días previos a la sesión serán dedicados a tejer consensos con especialistas y legisladores para arribar al recinto con una propuesta sólida y factible.
El arco que acompañó la moción incluyó, además de los referentes tradicionales de la oposición, a diputados de Catamarca, Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén, quienes decidieron desmarcarse del alineamiento con el oficialismo. En ese lote se destacó el debut del bloque Argentina Federal, vinculado a los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, que abandonó su respaldo automático al Gobierno de Javier Milei. También se sumaron figuras como Nicolás Massot, Marcela Pagano, Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro, entre otros. El número final, incluso, podría haber sido mayor: el cordobés Brugge y la propia Pagano no llegaron a tiempo para emitir su sufragio, pero anunciaron su intención de sumarse a la alianza opositora en los próximos pasos. Del otro lado, Unión por la Patria registró dos ausencias que, de haber estado presentes, hubieran engrosado aún más el caudal de voluntades.
Frente a este escenario, solo el oficialismo y el PRO se mantuvieron firmes en su rechazo. La UCR, el MID, la radical Karina Banfi y los sanjuaninos de Producción y Trabajo optaron por la abstención, una posición intermedia que no alteró el resultado pero que evidencia fisuras en el bloque de los denominados “aliados” del Gobierno. El dato no es menor, porque anticipa posibles deserciones en el futuro inmediato, cuando los proyectos sean debatidos en comisiones y eventualmente en el recinto.
El contenido de la iniciativa que la oposición busca aprobar comienza a definirse en los corrillos parlamentarios. Según trascendió, ya son 48 los proyectos presentados para abordar la problemática de los deudores, y el objetivo es unificar criterios en una sola propuesta que, además, evite el filtro de la Comisión de Presupuesto —presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch— al no implicar erogación fiscal alguna. La estrategia apunta a diseñar “mecanismos de resolución no judicial de conflictos”, una suerte de arbitraje que descongestione la justicia ordinaria y ofrezca salidas negociadas a los acreedores y deudores.
No obstante, persisten interrogantes de fondo que los legisladores deberán resolver en las próximas semanas. El primero de ellos es delimitar el universo de beneficiarios: se estima que alrededor de 20 millones de argentinos han contraído al menos una obligación crediticia, pero dentro de ese conjunto, solo unos 6 millones se encuentran en situación de mora. A esa variable se suma la segmentación por tipo de deuda, que incluye desde tarjetas de crédito bancarias hasta billeteras virtuales, pasando por comercios y créditos irregulares. El cruce de ambas dimensiones determinará el alcance final de la ley.
La sesión del 9 de septiembre, en principio, tendrá un objetivo acotado: emplazar el proyecto a comisiones para forzar su tratamiento. Esta maniobra procesal es la única vía para sortear el bloqueo que los libertarios imponen en las comisiones que presiden, como la de Finanzas, a cargo de Santiago Pauli. En cambio, la Comisión de Defensa del Consumidor, liderada por el diputado Hugo Yasky de Unión por la Patria, ofrece un terreno más propicio para avanzar. Una vez obtenido el dictamen, la iniciativa podría regresar al recinto en los primeros días de octubre y ser aprobada por mayoría simple, un escenario que hoy aparece como viable dado el respaldo cosechado.
Germán Martínez, en su intervención previa a la votación nominal, recordó que este es el quinto intento de la oposición para abrir el debate sobre la morosidad, un tema que, pese a su magnitud, permanece ausente de la agenda oficial. “No es posible que no se puedan abrir las comisiones”, sentenció, al tiempo que reivindicó la perseverancia de los bloques opositores para mantener viva una discusión que el Presidente desestima pero que afecta a millones de hogares. La luz de esperanza que se encendió este miércoles en el Congreso, aunque tenue, ilumina un camino que la oposición está decidida a recorrer hasta sus últimas consecuencias.
