La Cámara alta se apresta a tratar este jueves los pliegos de los magistrados Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para ocupar la influyente Sala I de la Cámara Federal porteña, el órgano judicial que revisa las causas de mayor peso político para el oficialismo, entre ellas el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. La decisión del Senado podría otorgarle al Presidente un triunfo simbólico en su pulso con el sistema judicial.
El escenario legislativo se torna este jueves en el tablero decisivo donde el Ejecutivo nacional aspira a consolidar una pieza clave en el entramado judicial. Con la atención focalizada en los pasillos de la Cámara alta, el oficialismo se prepara para un debate que trasciende lo meramente administrativo, ya que el Senado deberá expedirse sobre los pliegos de dos candidatos a jueces de la Cámara Federal de la Capital Federal, un tribunal que, por su competencia, se erige como el vigilante inmediato de los expedientes que cursan en los juzgados de Comodoro Py. En esta oportunidad, los nombres que concitan todas las miradas son los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, dos letrados cuya designación significaría un espaldarazo a la estrategia de Javier Milei de incidir en los engranajes de la justicia penal.
El trámite parlamentario, que se desenvolverá en el recinto con una extensa nómina de aspirantes a distintos cargos judiciales y fiscales, tiene sin embargo un norte inequívoco: la Sala I de la mencionada Cámara Federal. Este órgano colegiado no es uno más entre los tantos que componen el fuero; su relevancia estriba en que tiene a su cargo la revisión de aquellas investigaciones que, por su naturaleza o por los sujetos implicados, adquieren una resonancia mayúscula en la vida política nacional. De allí que el interés presidencial por colocar allí a dos magistrados de su confianza no sea un detalle menor, sino un movimiento calculado para intentar orientar el rumbo de procesos judiciales que el propio mandatario ha señalado como espinosos o incluso como artimañas de la denominada «casta» en su contra.
En efecto, la urgencia del Gobierno por avanzar en esta designación se aceleró notablemente desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. Bajo su tutela, se destrabó el concurso público número 461, que había sido impulsado para seleccionar a los reemplazantes definitivos de los jueces que, en tiempos de la administración de Mauricio Macri, fueron trasladados a ese mismo tribunal sin atravesar el filtro de un certamen de antecedentes y oposición. Aquella maniobra, que en su momento facilitó la llegada de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia a dicha sala, fue posteriormente cuestionada y finalmente invalidada por la Corte Suprema de Justicia en el año 2020. El máximo tribunal estableció entonces una doctrina clara: los traslados entre cargos judiciales no son automáticos ni perpetuos, y el acceso a una magistratura exige inexcusablemente la superación de un concurso reglado, so pena de vulnerar los principios de transparencia e idoneidad que rigen la función judicial.
De este modo, el expediente que hoy ocupa la agenda senatorial no es sino la conclusión de un proceso de selección que intenta subsanar aquella irregularidad procesal, aunque el contexto político lo dota de una significación adicional. El desenlace de esta votación no solo resolverá la situación de dos magistrados, sino que definirá también la composición de un tribunal que podría tener en sus manos la suerte de investigaciones que al Presidente y a su círculo más íntimo les resultan particularmente sensibles. Entre ellas se destaca la causa iniciada por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, un episodio que ha generado un fuerte revuelo en los círculos financieros y políticos, así como las pesquisas sobre presuntos manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), un organismo que ha estado en el ojo de la tormenta mediática por denuncias de corrupción y nepotismo que involucrarían a funcionarios de diverso rango.
El plenario del Senado tiene previsto abordar un total de sesenta y siete pliegos, de los cuales cuarenta y seis corresponden a postulantes a ocupar bancas en el Poder Judicial, mientras que el resto se distribuye entre candidatos para el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el resto de las nominaciones pasa casi inadvertido ante el interés primordial que despiertan las figuras de Yadarola y Bertuzzi. No se trata de una casualidad, sino de la evidencia de que la Cámara Federal porteña se ha convertido en una pieza estratégica dentro del mapa de poder que Milei pretende reconfigurar. La posibilidad de contar con jueces afines en esa instancia intermedia le permitiría al Gobierno tener un aliado de peso a la hora de revisar eventuales procesamientos o sobreseimientos dictados por los jueces de primera instancia, lo que en la práctica supone una suerte de blindaje o, al menos, una garantía de que las decisiones judiciales adversas no quedarán firmes sin antes pasar por el filtro de una sala que comparte la visión política del Ejecutivo.
Con la mirada puesta en el hemiciclo, todos los actores políticos aguardan el resultado de una votación que, más allá de los formalismos reglamentarios, se perfila como un test de fuego para la capacidad de negociación del oficialismo en un Congreso fragmentado. La oposición, por su parte, ha manifestado sus reparos en privado y en público, advirtiendo que la designación de estos jueces podría afectar la imparcialidad que debe imperar en el sistema de justicia, aunque los argumentos legales y los antecedentes curriculares de los postulantes serán el principal escenario del debate. Lo cierto es que, más allá de los discursos, el resultado de esta jornada marcará un antes y un después en la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, una relación que bajo la administración de Milei se ha caracterizado por la tensión y los constantes señalamientos cruzados.
En síntesis, lo que se juega este jueves en el Senado no es únicamente la aprobación de dos nombres, sino la posibilidad de que el Gobierno nacional logre instalar una bandera propia en el corazón del sistema penal de la Capital Federal. La Sala I de la Cámara Federal, con su potestad revisora sobre los expedientes de Comodoro Py, se transforma así en el trofeo más codiciado por un Poder Ejecutivo que ha hecho de la batalla contra la llamada «justicia politizada» uno de sus ejes discursivos centrales. El fallo de la Corte de 2020 puso un freno a los traslados discrecionales, pero ahora, mediante el conducto regular de un concurso y la posterior aprobación legislativa, el oficialismo busca obtener aquello que la vía rápida le negó en el pasado: una influencia duradera y legítima en el tribunal que, día a día, revisa los hilos de las causas que más inquietan al poder de turno.
