En una extensa jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados convirtió en proyecto con media sanción la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que desató cruces virulentos, acusaciones cruzadas y un manejo controversial de la votación. El oficialismo cosechó el respaldo de sus socios habituales y de legisladores de diversas provincias, aunque la oposición denunció maniobras para esquivar el debate profundo de los artículos más polémicos.
En el fragor de una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el arco gobernante logró imprimir su sello en la Cámara baja al conseguir la aprobación en general del proyecto que reescribe los lineamientos de la Carta Orgánica del Banco Central, una pieza legislativa que, de ser sancionada definitivamente, allanaría el camino para la continuidad indefinida de Santiago Bausilli al frente de la entidad monetaria. La iniciativa reunió 144 voluntades afirmativas, 102 rechazos y 9 abstenciones, en un escenario donde las diferencias políticas quedaron expuestas con crudeza y donde la estrategia de acumular apoyos se nutrió, en buena medida, del tratamiento simultáneo de otros quince proyectos, muchos de ellos impulsados por legisladores afines al oficialismo, como parte de un trueque tácito que aseguró los votos necesarios.
El clima en el recinto se tornó áspero desde el comienzo, especialmente cuando la presidencia de la Cámara decidió llevar adelante la votación en particular por títulos completos y no por artículo, una decisión que fue leída por la oposición como un atropello deliberado para evitar el escrutinio minucioso de las cláusulas más controvertidas. La más cuestionada de todas, el artículo 13, que autoriza al Banco Central a utilizar las reservas internacionales como garantía, se convirtió en el foco de la disputa. Los bloques opositores reclamaron insistentemente que ese punto fuera sometido a un sufragio nominal y separado, pero el titular de la Cámara desoyó los pedidos y ni siquiera sometió la moción a consideración del pleno. Esa maniobra desató un verdadero tumulto verbal y gestos de máxima tensión, al punto que el diputado Aldo Leiva debió ser contenido por sus propios compañeros de bancada para evitar un desenlace físico, mientras desde las gradas se escuchaban reproches y reclamos airados.
Las críticas no se hicieron esperar. La representante Julia Strada lamentó con ironía la pobre defensa oficialista del artículo 13, al señalar que nadie había hablado de su contenido en el debate, mientras que Myriam Bregman, con su habitual filo retórico, arremetió contra el presidente de la Cámara, Martín Menem, al sugerirle que, ya que estaban “entregando todo”, al menos tuvieran la decencia de votar con los dedos a la vista. El malestar atravesó todo el espectro opositor, aunque la contundencia numérica del oficialismo terminó imponiéndose: el título I sumó 138 adhesiones, 110 negativas y 7 abstenciones, mientras que el título II alcanzó 142 respaldos, 107 desaprobaciones y 6 neutros, consolidando así un triunfo holgado en las cifras.
La votación en general evidenció una geometría variable de apoyos. La Libertad Avanza pudo contar con la fidelidad de sus socios tradicionales del interbloque Fuerza del Cambio, el PRO, la UCR, el MID y figuras como José Luis Garrido y Karina Banfi. También se plegaron a la iniciativa representantes de provincias como Neuquén, San Juan, Tucumán, Misiones y Salta. En este último caso, llamó la atención la presencia de un nuevo bloque denominado Argentina Federal, conformado horas antes de la sesión con el respaldo del gobernador misionero Hugo Passalacqua, un movimiento que en teoría suponía un distanciamiento del caudillo local Carlos Rovira y un endurecimiento de postura frente al Ejecutivo, aunque en la práctica sus votos se alinearon sin fisuras con la propuesta oficial.
De los 18 diputados de Provincias Unidas, 12 acompañaron el proyecto, entre ellos varios cordobeses —Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres—, los jujeños Jorge Rizzotti e Inés Zigarán, los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, el chubutense Jorge “Loma” Ávila, la mendocina Lourdes Arrieta y el rionegrino Sergio Capozzi. A ellos se sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. En cambio, las abstenciones fueron protagonizadas por los tres diputados de Elijo Catamarca, Nicolás Massot de Encuentro Federal, y los radicales Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta y Juan Brügge, junto con Mónica Frade, también de la Coalición Cívica.
El debate de fondo, sin embargo, trasvasó los números y se ancló en objeciones de peso. Desde Unión por la Patria y la Izquierda, los oradores encendieron las alarmas sobre el rumbo que imprimía la reforma. El legislador Itai Hagman advirtió que se estaba “incubando una nueva crisis financiera” al desmontar regulaciones macroprudenciales surgidas tras la debacle de 2001, como aquella que impedía a los bancos prestar divisas a empresas sin capacidad de generación de dólares. En su diagnóstico, la modificación allana el terreno para un nuevo estallido especulativo. Agustín Rossi, por su parte, puso el dedo en la llaga al interpretar que el verdadero objetivo de la iniciativa es asegurar que las autoridades actuales del Banco Central continúen manejando la política monetaria incluso en caso de alternancia política, blindando al presidente del organismo con una cláusula de remoción que exige los dos tercios de los votos de ambas cámaras, un requisito que, a su juicio, carece de toda racionalidad democrática.
El senador y exministro Miguel Ángel Pichetto, desde el bloque Encuentro Federal, coincidió en ese diagnóstico y calificó como un contrasentido que se hable de autonomía cuando el propio Bausili es socio y amigo del ministro de Economía, Luis Caputo, lo que torna poco creíble cualquier pretensión de independencia. Romina del Pla, en tanto, fue más allá al afirmar que la nueva Carta Orgánica no es más que “la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional”, y denunció que el artículo 14 ordena destinar las utilidades del Central exclusivamente al pago de la deuda externa, en lugar de atender necesidades urgentes como jubilaciones, universidad o problemas sociales estructurales.
Martín Lousteau, quien optó por la abstención, defendió la vigencia de la normativa actual y sostuvo que el gobierno ya había encontrado en ella los instrumentos para bajar la inflación, por lo que consideró peligroso despojar al organismo de herramientas que, en su opinión, pueden ser necesarias en el futuro. También cuestionó el mecanismo que permite al Banco Central “alquilar dólares” con las reservas como garantía, un expediente que consideró riesgoso. En la misma línea, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó ese artículo como un “escándalo” y advirtió a los aliados del gobierno que no se dejaran atrapar por una trampa que compromete el patrimonio nacional de manera irreversible.
Desde el oficialismo, la defensa se apoyó en la lucha contra la inflación. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, celebró que el Presidente se haya animado a “ponerle un candado al Banco Central” para que su objetivo prioritario sea la preservación del valor de la moneda, y expresó su confianza plena en el rumbo trazado, respaldado por los indicadores económicos que, según dijo, muestran que el país transita por la senda correcta. Con esa retórica triunfalista, pero también con un procedimiento que dejó un regusto amargo en la oposición, la Cámara baja dio un paso decisivo hacia la transformación del organismo monetario, en una jornada que quedará registrada como una de las más tirantes y reveladoras de la dinámica política actual.
