Con 144 adhesiones, 102 rechazos y 9 abstenciones, la Cámara baja dio luz verde al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central. El tratamiento, marcado por maniobras reglamentarias y cruces verbales de alto voltaje, dejó en evidencia la fractura opositora y el malestar por la cláusula que perpetúa al actual titular de la entidad monetaria.
En una extensa jornada parlamentaria que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el bloque oficialista consiguió un triunfo clave al obtener la media sanción del polémico proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que, de convertirse en ley, allanaría el camino para que Santiago Bausili se mantenga al frente de la institución más allá del actual período de gobierno. La votación nominal arrojó 144 sufragios afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, con el respaldo de los socios estratégicos del oficialismo y de varios bloques provinciales que, pese a sus diferencias discursivas, terminaron plegándose a la iniciativa oficial.
El trámite, sin embargo, estuvo lejos de ser un simple desfile de mayorías. La discusión alcanzó picos de máxima tensión cuando la oposición reclamó sin éxito que el controvertido artículo 13 —que autoriza al organismo a utilizar las reservas internacionales como garantía— fuera sometido a votación separada y nominal. El pedido fue desoído por la presidencia de la Cámara baja, que optó por una votación por títulos completos, una decisión que desató la furia de los bloques críticos y provocó escenas de fuerte caldeamiento, con el diputado Aldo Leiva a punto de protagonizar un incidente físico, contenido apenas por sus pares de bancada.
“Nadie habló del artículo 13”, disparó con ironía la legisladora Julia Strada, al referirse a la escasa defensa que el oficialismo hizo de uno de los puntos más sensibles de la norma. En la misma sintonía, Myriam Bregman arremetió contra el titular de la Cámara, Martín Menem, con un dardo punzante: “Ya que están entregando todo, pongan los deditos”, en alusión a la falta de transparencia del procedimiento. La estrategia gubernamental, que consistió en agrupar el debate por bloques temáticos, fue interpretada por la oposición como un atropello reglamentario que buscó ocultar las asperezas del articulado.
Más allá del forcejeo procesal, el arco de apoyos que cosechó el proyecto reveló una compleja trama de alianzas. El interbloque Fuerza del Cambio, el PRO, la UCR, el MID y figuras como José Luis Garrido y Karina Banfi respaldaron la iniciativa, a los que se sumaron representantes de Neuquén, San Juan, Tucumán, Misiones y Salta. Precisamente, las delegaciones de estas dos últimas provincias habían conformado horas antes un nuevo bloque denominado Argentina Federal, con la presencia del gobernador misionero Hugo Passalacqua en el recinto, un movimiento que pretendía marcar distancia del histórico líder local Carlos Rovira y endurecer la postura frente al Ejecutivo. Sin embargo, en los hechos, ese supuesto distanciamiento no se tradujo en un voto contrario.
También engrosaron la columna oficialista doce de los dieciocho diputados de Provincias Unidas, entre ellos los cordobeses Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres; los jujeños Jorge Rizzotti e Inés Zigarán; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; el chubutense Jorge “Loma” Ávila; la mendocina Lourdes Arrieta; y el rionegrino Sergio Capozzi. A ellos se sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Las abstenciones, en tanto, provinieron de los tres diputados de Elijo Catamarca, de Nicolás Massot (Encuentro Federal), de Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta y Juan Brügge (Provincias Unidas), y de Mónica Frade (Coalición Cívica).
El resultado final en la votación en particular mostró una holgada mayoría: el Título I obtuvo 138 adhesiones, 110 rechazos y 7 abstenciones, mientras que el Título II alcanzó 142 positivos, 107 negativos y 6 abstenciones. No obstante, la tranquilidad de los números no logró acallar las duras críticas que atravesaron el debate de fondo.
Desde la bancada de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, los cuestionamientos apuntaron al corazón mismo de la reforma. El diputado Itai Hagman fue contundente al advertir que “se está incubando una nueva crisis financiera” con estas modificaciones, y recordó que las regulaciones macroprudenciales establecidas tras la debacle de 2001 —como la prohibición de que los bancos presten dólares a empresas que no generan divisas— hoy serían eliminadas, dejando al sistema expuesto a riesgos ya conocidos.
Agustín Rossi, por su parte, puso el foco en la cláusula de remoción del presidente del Banco Central, que exige el voto de los dos tercios de ambas cámaras para destituirlo. “El único objetivo es que las autoridades actuales sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente de si el gobierno pierde las elecciones”, cuestionó, al tiempo que calificó de irracional que una fuerza política triunfadora deba subordinarse a la estrategia monetaria del perdedor.
El santafecino también arremetió contra la pretendida autonomía del organismo, al señalar que la estrecha sociedad comercial entre el ministro Luis Caputo y el propio Bausili torna “mucho menos creíble” cualquier declaración de independencia técnica. En esa línea, Miguel Ángel Pichetto fue lapidario: “¿De qué autonomía me hablan? Pretenden plantear este debate y mantener al presidente del Banco Central, que es el socio y amigo del ministro Caputo”. El rionegrino rechazó de plano el sistema de designación y remoción propuesto, al considerar que atenta contra la alternancia democrática.
Romina del Pla, en nombre de la izquierda, sintetizó su visión con una frase que resonó en el recinto: “Estamos frente a la carta orgánica del Fondo Monetario Internacional”. La legisladora arremetió contra el artículo 14, que impide destinar las utilidades del Central a fines distintos de la cancelación de la deuda externa, dejando desatendidas necesidades como jubilaciones, universidades y demás urgencias sociales.
Incluso desde el radicalismo, Martín Lousteau —quien finalmente se abstuvo— reconoció que el gobierno ya encontró herramientas en la Carta vigente para bajar la inflación, y advirtió que “no tener herramientas es un gran peligro”. Además, criticó la facultad que se otorga al BCRA para “alquilar dólares” respaldados por las reservas, una operación que consideró de alto riesgo.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el artículo 13 como un “escándalo” y pidió a los aliados del gobierno que no cayeran en “una trampa mortal para los intereses de la patria”, al tiempo que subrayó que el compromiso de las reservas como garantía es una medida de la que no se puede volver atrás.
Desde el oficialismo, en cambio, la defensa del proyecto se centró en el combate contra la inflación. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, celebró la decisión de Javier Milei de “ponerle un candado al Banco Central” y orientar su objetivo principal a la preservación del valor de la moneda. “Confiamos en lo que dice Milei porque todos los índices muestran que vamos por el camino correcto”, sentenció, en un intento por blindar la reforma ante las crecientes sospechas de la oposición.
Al cierre de esta edición, la sesión continuaba con el tratamiento de otros catorce proyectos —entre ellos la llamada Ley de Inocencia Fiscal II—, muchos de ellos impulsados por legisladores aliados, en una clara muestra de la estrategia oficial de cosechar voluntades a cambio de dar curso a iniciativas menores. Lo que quedó claro, sin embargo, es que la reforma del BCRA no solo reconfigura el mapa monetario, sino que también profundiza las grietas políticas y deja en el aire una pregunta incómoda: si el blindaje de Bausili es una garantía de estabilidad o, como advierten sus críticos, el germen de una nueva tormenta financiera.
