El presidente argentino, que durante casi tres años evitó el reclamo soberano y elogió a la exprimera ministra británica, anunció un endurecimiento de sanciones y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, tras un comentario superficial de Donald Trump que reabrió la disputa en la agenda pública. Críticos señalan que el viraje responde más a la debilidad política interna que a una convicción estratégica.
En un giro inesperado que sacudió los cimientos de su propia narrativa internacional, Javier Milei llevó su alineamiento automático con Estados Unidos a un terreno que hasta ahora había esquivado con calculada indiferencia: la cuestión Malvinas. Durante casi tres años, el mandatario, que no ocultó su devoción por Margaret Thatcher y llegó a ponderar el derecho de autodeterminación de una población implantada en las islas, se vio compelido a escenificar una defensa de la soberanía que su administración había mantenido deliberadamente en el olvido. El anuncio, realizado en cadena nacional con tono marcial y rodeado de su gabinete, incluyó la promesa de endurecer las penas contra la explotación ilegal de hidrocarburos en el archipiélago, actividad que está a punto de despegar de la mano de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la cuenca norte.
Sin embargo, el andamiaje normativo que Milei dijo que reforzará no es nuevo: la Ley 26.659, vigente desde 2011 y modificada dos años después, ya contempla severas inhabilitaciones para las firmas que osen operar sin autorización del Estado argentino. Lo paradójico es que ese mismo instrumento fue desestimado por su propia gestión durante casi tres años, mientras el megaproyecto Sea Lion avanzaba sin obstáculos a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Recién cuando Donald Trump utilizó la disputa como un mecanismo de presión sobre el Reino Unido —exigiendo mayor contribución a la OTAN y represalias por el escaso respaldo británico a la ofensiva contra Irán—, el Presidente argentino descubrió la causa Malvinas como un estandarte oportunista.
El comentario superficial del magnate neoyorquino, que en una entrevista con la televisión británica sugirió que podría “revisar” el apoyo histórico de Washington a Londres en el contencioso, actuó como un resorte inesperado en la Casa Rosada. Acorralado por el desplome en las encuestas y por una confesión involuntaria —“nunca funcionó”, dijo sobre su propio programa económico en el Foro de Madrid en Chile—, Milei encontró en esas palabras ambiguas un salvavidas para cambiar el tono confrontativo de las últimas dos semanas y recuperar el centro de la escena política. Con un llamado a la dirigencia “política, económica y social” para conformar un “frente unido”, el Presidente intentó revestir de patriotismo lo que sus críticos definen como una operación de distracción. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, declaró, sin mencionar que hasta hace poco él mismo había minimizado el reclamo soberano.
El recurso no es inocuo ni novedoso. La última dictadura militar, acorralada por la crisis económica y la pérdida de legitimidad, apeló a la misma épica en 1982. El almirante Leopoldo Fortunato Galtieri fue el último argentino que creyó ingenuamente que Estados Unidos podría facilitar la recuperación de las islas. Hoy, Milei parece repetir aquel guion con un libreto ajustado a la era Trump: “Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera la soberanía y se llevan nuestros recursos”, imploró el libertario, en una súplica que contradice su propia doctrina de libre mercado y alineamiento automático con Washington.
Entre las medidas concretas que esbozó el Presidente se destaca la firma de un decreto para agilizar las sanciones previstas en la ley contra proyectos unilaterales. Ese marco jurídico ya había sido empleado por los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández desde 2010, cuando Sea Lion comenzó a gestarse. Pero bajo la gestión de Milei, la diplomacia argentina no solo se abstuvo de activar esos resortes, sino que también votó en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales en contra de iniciativas respaldadas por países que históricamente acompañaron a la Argentina en su reclamo, como los Estados africanos, en temas tan sensibles como la esclavitud. Además, su gobierno legitimó tácitamente el entendimiento Foradori-Duncan, sellado durante la administración de Mauricio Macri, que allanaba el camino para el desarrollo británico de recursos naturales en aguas cuya soberanía se disputa, y facilitaba la conectividad aérea directa con terceros países sin pasar por territorio continental argentino.
El anuncio de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego añade un componente geopolítico relevante, aunque teñido de contradicción. El predio elegido, estratégico para el control del Atlántico Sur, estaba en proceso de venta por parte del propio Estado, lo que revela la improvisación que subyace al discurso patriótico. Milei también prometió la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar una estrategia común, pero los especialistas consultados coincidieron en que la desmalvinización de estos tres años deja una huella difícil de borrar. Daniel Filmus, exsecretario de Malvinas, recordó las dificultades que el país ya había enfrentado para recomponer el respaldo internacional tras el gobierno de Macri, y advirtió que este giro tardío no repara el daño causado por la indiferencia oficial.
Mientras tanto, el megaproyecto Sea Lion sigue su curso. Las obras de infraestructura en las islas ya comenzaron y la perforación de los primeros pozos está prevista para principios de 2027. Ante la inacción estatal, ambientalistas y excombatientes del Cecim de La Plata presentaron una denuncia ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego para suspender las operaciones y su financiamiento. María Cristina Perceval, exembajadora ante Naciones Unidas, subrayó que el país “cuenta con todas las herramientas normativas” y que no era necesario “sobreactuar” al estilo Trump, sino obrar conforme a las leyes y al interés nacional. En ese sentido, recordó que Argentina ha sostenido una diplomacia constante y coherente durante décadas, como cuando en 2010 Cristina Kirchner denunció la instalación de una plataforma petrolera en el Atlántico Sur durante una cumbre de la Celac, logrando el respaldo de 32 países.
Lo cierto es que el viraje de Milei no parece responder a una estrategia de largo plazo, sino a una coyuntura interna desfavorable. La Casa Blanca utiliza la causa Malvinas como moneda de cambio para presionar a Londres, no como un gesto de solidaridad con la soberanía argentina. Y el Presidente, que hasta ayer desdeñaba el reclamo y elogiaba a la Dama de Hierro, hoy se aferra a esa bandera como un náufrago a un tablón. Pero la historia argentina está plagada de advertencias sobre los riesgos de hipotecar la política exterior en función de afectos personales o presiones externas. La cuestión Malvinas, más que una causa sagrada, sigue siendo un espejo donde se reflejan las contradicciones de un gobierno que, en su afán por alinearse con el norte, olvidó que la soberanía no se improvisa ni se negocia en función del humor de un mandatario extranjero.
